El vizcarrismo

Se impuso con el cierre del Congreso, sin que los analistas sepan, a ciencia cierta, cuál será su próxima movida de ajedrez, quién será su sucesor y cuánto tiempo durará en el poder. Los pronósticos parecieran no funcionar con este fenómeno político. ¿Tiene como una de sus estrategias de marketing mantener en vilo a la población? Esta cuestión ha generado una corriente que podríamos definir como un populismo liberal en lo ideológico y un bonapartismo de derecha en su forma de organización, potenciado por un odio hacia el fujiaprismo que ha gobernado o co gobernado cerca de 35 años. «Es una era de transición», señalan algunos, mientras que la centroizquierda, sin agenda propia, se prepara, dividida, para la contienda electoral. No obstante, en medio de la misma, hasta ahora sigue el debate jurídico sobre si fue o no un golpe de Estado la disolución del Parlamento. A continuación, una aproximación mariateguista, al movimiento vizcarrista, su origen, su carácter «neoliberal», su agenda «antifujimorista», su desarrollo bonapartista y su perspectiva.

El origen

El libro «Vizcarra, retrato de un poder en construcción», de la periodista Rafaella León, y «Vizcarra, entre la lealtad y la traición», del comunicador Martin Rielp, son algunos de los libros más connotados que tratan de acercar al lector a la comprensión del fenómeno vizcarrista.

No obstante, si bien es verdad el texto de León «dibuja» el perfil del líder como humilde, sencillo, de papá aprista, ex gobernador eficiente (destacando en el sector educación), deportista de frontón, el moqueguazo como parteaguas de su vida política, y maneja ciertos datos interesantes sobre los entretelones de la asunción al poder del mandatario, pues, en el fondo es una «lavada de cara» del inquilino de Palacio ya que pasa por alto las serias denuncias por corrupción contra el líder moqueguano y las conspiraciones de éste con la oposición fujimorista para derrocar a su ex jefe y hoy con detención domiciliara : PPK.

Por su lado, el texto de Rielp, si bien es cierto aborda más objetivamente el desarrollo del vizcarrismo a partir del Moqueguazo y su gestión corporativista del gobierno regional de Moquegua movilizando a las masas para obtener presupuesto de la Southern y posicionarse como el líder de la gestión educativa, y es más objetivo en el análisis de las conspiración del vizcarrismo con el fujiaprismo para deshacerse de PPK, pues, carece de un factor importante que es el de su posición pro patronal evitando una caracterización política integral del líder.

Ambos periodistas, que abordan el pasado aprista de su padre y las advertencias de la madre de Vizcarra para que nadie de sus hijos intervenga en política por temor a que terminen aislados de la familia o en conflictos políticos como el papá, así como el factor provinciano emergente y emprendedor del vizcarrismo («menospreciado» por la Elite limeña), olvidan interesadamente retratar los vínculos de éste fenómeno político con los grupos de poder como los Graña y Montero (integrante del empresariado constructor del cual Vizcarra también es parte) y la embajada yanqui que fue una de las primeras instituciones en pronunciarse en apoyo a su gobierno cuando clausuró el Congreso de la Nación (La República, 03/09/19).

Pero, ¿Cuándo se originó el vizcarrismo?, ¿Cuándo llegó a ser candidato a vicepresidente por PPK?, ¿Cuándo fue gobernador o cuándo era testigo de las tertulias políticas de su padre y ex alcalde de Moquegua, César Vizcarra? Tal vez todas juntas influyeron en él. O talvez fue la conclusión que el entonces joven ingeniero infirió cuando comprendió que para ascender socialmente habría que hacer política como lo hizo el patriarca de su familia. Y talvez se convenció de esto cuando asumió los destinos políticos de Moquegua, la tercera ciudad más pequeña y la segunda menos poblada (74 mil habitantes).

Agenda «fujimorismo sin Fujimori» y bonapartismo

La vestimenta de «campaña» (camisas y jeans, sacos y ternos sin corbatas), sus gestos (bien erguido, estrechando fuerte la mano y mirando fijamente los ojos de los pobladores que lo saludan), los símbolos que le acompañan, etc. Son bien pensados y responden a una estrategia de comunicación política diseñada por el marketero argentino Máximo Aguiar.

Esta cuestión también lo podemos apreciar en el título del libro de Raffaela León cuando señala «Un poder en construcción», que no es más que la proyección que le da al fenómeno vizcarrista. «Un poder en construcción» implica que es un poder que recién empieza a desarrollarse. El mismo que está en función de las contradicciones de la política mundial y local. Y se da en un escenario vizcarrizado gracias a la iniciativa política estratégica que ha sabido tomar para enfrentar la crisis del régimen político en el que surge. De esta forma, el cierre del Congreso, agarró con los «pantalones abajo» a la casta política que ha gobernado Perú en los últimos 50 años. Y su apuesta por «confrontar» con el fujiaprismo le ha sorteado las simpatías del movimiento antifujimorista (que ha influido colocando los presidentes post dictadura).

En este sentido, el movimiento antifujimorista «alimenta» al vizcarrismo, a pesar que éste último aplica una política fujimorista neoliberal en términos económicos. Pero sería incorrecto señalar que este nuevo fujimorismo sin Fujimori es igual al original. Si bien es verdad, disolución del Congreso, encuestas, reformas, referéndums, populismo, corporativismo, son la marca registrada del fujimorismo dictatorial, pues, la diferencia con la dictadura de los 90s, es que el vizcarrismo es un autoritarismo soft ya que cerró el Congreso con gente movilizada y sin tanques en las calles. Solo necesitó la foto departiendo con el Comando Conjunto de las FF.AA. Sin embargo, el vizcarrismo, a la vez que es autoritario, no reprime brutalmente las protestas sociales como lo hubiera hecho el inquilino de la DIROES; su gabinete tiene una composición paritaria (lo cual es saludado por algunas oeneges feministas como Manuela Ramos), y levanta algunas banderas democrático burguesas como el «enfoque de género», coquetea con el «matrimonio gay», e incluso plantea la necesidad de una «aerolínea estatal» (Gestión, 03/06/19), imprimiéndole un sello populista y liberal.

Esta estrategia política le ha permitido regimentar a una buena parte de la «vanguardia» del movimiento popular, incluido la izquierda y la camarilla de la directiva de la CGTP, que apoyaron el referéndum, las reformas y las prisiones preventivas (para luego denunciarlas cuando metieron presos a los líderes izquierdistas como Walter Aduviri, Wladimir Cerrón o Luis Chapas). Y si bien es verdad, la central sindical, convocó a varias luchas contra el segundo paquetazo denominado DS 345, pues, lo hizo sin voluntad de victoria, desconectadas una de otras, sin un Plan de lucha, ni perspectiva.

Y es que en un país donde la corrupción, según la Contraloría de la República, roba $10 000 millones al año, y la impunidad es un lugar común, pues, el ver a líderes políticos como Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Alejandro Toledo o PPK, presos, y a Alan García suicidado, alimentan la confianza en la población en que «el sistema de justicia sí funciona», a pesar que los «dueños del circo de la corrupción» como Odebrecht, Graña y Montero, Dionisio Romero o el Club de la Construcción, siguen paseándose como «Pedro en su casa» y contratando con el Estado, bajo el Acuerdo con Odebrecht y con el respaldo explícito del Ministro de Transporte Edmer Trujillo, cuando dijo que, «Si empresas del Club de la Construcción salen del país ¿con qué construimos?», (diario Perú 21, 15/11/19).

De esta forma, la justicia burguesa es utilizada astutamente por el populismo liberal (con sus contradicciones ya que también desborda por su complejidad obligando al propio vizcarrismo a ceder la «cabeza» de aliados como PPK y el ex premier César Villanueva), contra el odiado y mafioso fujiaprismo porque comprende que solo así podrá sobrevivir políticamente. Pero además porque, al parecer, ha llegado a la conclusión que, para superar la profunda crisis política, es necesario un chivo expiatorio y talvez hasta el «entierro» del fujimorismo para desarrollar una nueva corriente fujimorista sin Fujimori que termine de privatizar lo que no se pudo en todo este tiempo como la empresa del agua «SEDAPAL», las empresas eléctricas, los hospitales, etc.

Bajo la estrategia de destruir políticamente al fujimorismo también apunta el reordenamiento del negocio en la educación privada, cancelándole la certificación a la Universidad Alas Peruanas, de una de las familias empresariales fujimoristas más importantes como la Ramírez Prado cuyo patrimonio monetario en unos cuantos años superó los 400 millones de soles. En este sentido, también deberíamos ubicar las declaraciones de colaboración eficaz de grupos de poder de la Elite como las de Dionisio Romero contra Keiko Fujimori al señalar que aportó con $3 500 millones para su campaña política, dándole nuevos argumentos a la fiscalía para el encarcelamiento de la hija del ex dictador o en su defecto de su compromiso para ya no «hacer política».

Bajo este reordenamiento de fuerzas y pactos entre la vieja Elite y la nueva Elite provinciana, no hay que perder de vista, que el cierre del Congreso en 1992, produjo el desarrollo del fujimorismo ultraconservador que casi 30 años después amenaza con retornar al Congreso con cuadros políticos de la vieja guardia como Martha Chávez y que tiene a otras como Rosa Bartra en la tienda de Solidaridad Nacional.

A esta cuestión hay que sumar que el fenómeno vizcarrista se desarrolla en un escenario internacional con una crisis que coloca al borde de la recesión a la economía mundial, produciendo guerras comerciales entre China, EE.UU. y la UE, tendencias neofascistas como las del Eje Trump-Bolsonaro-Camacho y también de tendencias a la rebelión popular como en Haití, Puerto Rico, Ecuador, Chile y Colombia. Crisis que se caracteriza por la fuga de capitales de la periferia a los países centrales, altas tasas de crédito y deudas externas (al 100% del PBI como en Argentina), y que ya tuvo su impacto en la economía peruana con la caída de la demanda de la materia prima (que es a la vez de la que dependen las economías latinoamericanas), y también del PBI peruano del 7% de años anteriores, al 2% en el 2019, y que obligan a Vizcarra a vincularse más férreamente con Trump, Bolsonaro y los golpistas bolivianos.

Por otro lado, los affaires Lavajuez y Lavajato, intervienen como factores profundos de mayor desestabilización y que alimentan la crisis, generando mayor volatilidad, desconcierto y contradicciones, ya que Lavajato involucra directamente no solo a una parte importante de los poderes fácticos sino también al vizcarrismo en el poder.

Y es por estas razones que, como señalamos líneas arriba, el vizcarrismo tuvo la osadía de Cerrar el Congreso. Esta iniciativa estratégica de «liderar la lucha contra la corrupción», es un elemento que le da «popularidad» y un carácter bonapartista a su desarrollo orgánico. No obstante, esta concentración de poder personal no es necesariamente sinónimo de fortaleza, sino una expresión de que el état politique bourgeois es incapaz de «equilibrar» la contienda entre los partidos pro patronales rivales (incluido el disgregado PPK), a través de un régimen político parlamentario normal. Por otro lado, si bien es cierto el bonapartismo vizcarrista irrumpe para recuperar el equilibrio de fuerzas perdido por la Elite, pues, también se desarrolla no solo como producto de la debilidad de ésta (como factor de poder económico), sino de sus partidos políticos y de la endeblez del Estado para frenar los conflictos sociales (lo que al contrario produjo varios Azos como el Arequipazo, Moqueguazo, Tacnazo, Baguazo, Aymarazo).

«…cada vez es más evidente que la burguesía no tiene la capacidad para gobernar directamente en sí y, por lo tanto, a menos que haya una oligarquía, como aquí en Inglaterra, capaz de hacerse cargo, por una buena paga, de la gestión del Estado y la sociedad en interés de la burguesía, la dictadura semi-bonapartista deviene la forma normal. Defiende los grandes intereses materiales de la burguesía incluso en contra de la voluntad de la burguesía, pero no permite que la burguesía participe en el gobierno. La dictadura a su vez se ve obligada contra su voluntad de adoptar estos intereses materiales de la burguesía como propios. Así que ahora tenemos a Monsieur Bismarck adoptando el programa de la Asociación Nacional…», redactó Engels en su carta a Marx (13/04/1866).

Así las cosas, el bonapartismo en Perú, no surge, necesaria y explícitamente, de un enfrentamiento directo por el poder entre los poderes fácticos y los oprimidos. La huelga magisterial del 2017, el movimiento antifujimorista de diciembre del 2017, de los paros campesinos por precios justos por la papa, de la juventud contra la ley pulpin, hasta los conflictos en Las Bambas y antimineros (Tía María), textiles, laborales contra los Ceses colectivos, así como la huelga minera del 11S, plantearon, por separado, desafíos para el état politique bourgeois.

No obstante, no fueron estos conflictos los que obligaron al gobierno vizcarrista a cerrar el Congreso, sino su propia supervivencia política para no acabar vacado. Lo interesante en todo caso es que el Cierre del mismo se dio como un sub producto de las movilizaciones sociales y que estos conflictos sociales operaron como una presión que dividió más a los bandos en pugna en las alturas como sucedió con el conflicto focalizado contra el proyecto minero Tía María, que se convirtió en el epicentro de la crisis vizcarrista, pero que al final, el gobierno ha podido superar.

Por tanto, el vizcarrismo bonapartista es relativamente incompatible con un régimen político parlamentario donde el equilibrio de poderes de Montesquieu es la norma. Esta cuestión es la que también explica porque a Vizcarra no le importó la disgregación del partido PPK y porque no tienen ningún partido participando de la contienda electoral actual. Y es que necesita concentrar todo el poder para poder descomprimir más efectivamente la tendencia a la rebelión popular que amenaza con derrumbar el «milagro neoliberal peruano» (símil del milagro chileno). Esta concentración le permite manejar, también relativamente, la justicia y las leyes. Como hemos señalado anteriormente, el referéndum, las reformas y prisiones preventivas, son el combo que le han permitido expropiar a las masas su voluntad de lucha, descomprimir «la olla que estaba hirviendo» (que podía desembocar en una nueva Marcha de los 4 Suyos), y, por ende, «bloquear» el desarrollo de la conciencia política como clase social de lxs trabajadorxs.

En medio de esta dinámica compleja (potenciada por la profundidad y volatilidad de la crisis política), también se desarrolla como parte de la ley del «movimiento, cambio y contradicción», tendencias bonapartistas judiciales donde el propio fiscal Domingo Pérez, al ser cuestionado por solicitar la prisión preventiva de PPK, tuvo que «parchar» al presidente, diciendo que, » El Ministerio Público va a seguir realizando su labor como siempre lo ha hecho. Se solicita respeto de la independencia de administración de justicia…», (Perú 21, 22/04/19), para luego, Ejecutivo y Fiscalía, ponerse de acuerdo en la detención domiciliaria del ex presidente y amigo de Vizcarra. Esta dinámica » alimenta» el debate histórico-jurídico entre Kelsen y Schmitt sobre quién debe ser el gendarme de la «constitución». Carl Schmitt sustenta que debe ser el presidente el llamado a hacer respetar la carta magna y por tanto aspira a regímenes presidencialistas fuertes, mientras que, para Hans Kelsen, esta tarea estratégica, en momentos de crisis, debería hacerla un órgano jurisdiccional como el Tribunal Constitucional (TC), que fue el organismo que, en el 2000, definió la ilegalidad de la dictadura fujimontesinista.

Ambos teóricos del mundo jurídico fundamentan que, en escenarios de crisis política, el Parlamento, pierde la autoridad para arbitrar y hacer respetar la «constitución». Mientras que, para Schmitt, sería el presidente (ya que cuenta con poderes extraordinarios como los Estados de excepción y el recorte de derechos democráticos), quien podría arbitrar y garantizar la «unidad del Estado», ya que el asunto no es la «polarización política» per se sino la propia democracia y el parlamentarismo y sus facciones políticas inestables las que frenar el desarrollo normal del buen gobierno; pues, para Kelsen, el TC, sería el único organismo con la capacidad moral para arbitrar «por encima» de las contradicciones entre Ejecutivo y Legislativo y hacer respetar la constitución.

Y es justamente la teoría de Schmitt la que estamos viendo ponerse a prueba en Perú, ya que si estamos de acuerdo en que toda la estrategia política del anillo de confianza moqueguana (asesores, premier, etc.), de Vizcarra, está basada en la opinión pública y la concentración del poder político y la gobernanza a través de Decretos de Urgencia (DU), hasta que se constituya el nuevo Congreso, pues, comprenderemos también por qué se mueve con pies de plomo con las protestas sociales como las de Tía María, Corredor Minero, Las Bambas, etc.

Así las cosas, el populismo liberal vizcarrista, ha logrado imponerle, por ahora, su agenda de «fujimorismo sin Fujimori» al pueblo, su vanguardia y la izquierda. Mientras que demanda al movimiento popular ubicar su campo de lucha entre «la mafia» y «el polo anticorrupción», el vizcarrismo está gobernando solo a punta de DS que debilitan las condiciones laborales de lxs trabajadorxs con ceses colectivos (apuntando a deslegitimar los sindicatos), privatizan las empresas públicas que quedan, y disfraza los antagonismos de clase por consignas subjetivas como las de «la lucha entre los buenos contra los malos», como si la corrupción no sería intrínseca al neoliberalismo capitalista que ve en todo derecho humano (salud, educación, vivienda, trabajo, alimentación, etc.), un negocio económico. Como dice el intelectual Juan Duchesne, «la resistencia y la liberación reducidas a actos compulsivos se bloquean a sí mismas».

Los movimientos sociales tratan de resistir organizando sus propias medidas de lucha, pero la ausencia de una dirección realmente mariateguista unificada, ha permitido que el movimiento sea derrotado temporalmente a través de los DS 345/237 (entre otros que expropian tierras a las comunidades del Corredor vial del sur). Es tal la crisis política de la directiva nacional de la camarilla de la CGTP que ésta es incapaz de hacer un balance autocrítico y serio al respecto por temor a asumir mea culpas. Esta tendencia dentro del movimiento popular es la mayor fortaleza del «fujimorismo económico» que continúa gobernando desde Palacio por más de 30 años. Y queremos ser enfáticos con esto ya que ni el propio ex dictador Fujimori se atrevió a privatizar el agua o los hospitales públicos.

La perspectiva

Como hemos señalado, la estrategia política del vizcarrismo de adelantar las elecciones respondió a una estrategia de sobrevivencia política y de superar la crisis del état politique bourgeois. Era todo o nada. Y al final, Vizcarra, decidió sobrevivir. Su experiencia como intermediario durante el Moqueguazo y luego como gobernador, fueron claves para esta decisión. Al cerrar el Congreso, el vizcarrismo, espera poder respirar un poco de aire puro y pasar tranquilo la navidad, a la vez que avanza en los planes de ajuste contra lxs trabajadorxs (acaba de aprobar DS que justifican el despido arbitrario, la privatización del agua, la extensión de las leyes de promoción agraria, expropiación de tierras a las comunidades, etc.). Pero es consiente que la crisis no se disipa con el nuevo Congreso.

Y en efecto, en el mejor de los casos, la centroizquierda, podría tener una bancada simbólica, pero es poco probable que sea mayoría. Por tanto, la derecha, seguirá teniendo la hegemonía en el nuevo Congreso. Para lograr este objetivo, los partidos de derecha, tienen varios cuadros políticos mediáticos. Sin embargo, cuando se erija el nuevo Parlamento, el pueblo, será testigo en que la no reelección congresal era solo una ilusión del momento y las contradicciones que auparon en el poder al líder moqueguano, podrían, parafraseando a Hegel, por cualquier «accidente», volver a salir a la superficie.

Pero el estallido social generalizado no tiene por qué producirse necesariamente por un Congreso reeleccionista (en verdad serían pocos), sino por la continuidad de un sistema político-económico-constitucional que ya está agotado y que la nueva hegemonía derechista tratará de defender a rajatabla, entrando probablemente en contradicción con el gobierno por temas como el de «enfoque de género».

A esta cuestión hay que agregar que la perspectiva del vizcarrismo también está en función de la dinámica de los affaires Lavajuez y Lavajato (que interviene como una caja de pandora que ni el propio Vizcarra puede manejar ya que acaba de embarrar a su ex premier Villanueva y de destapar el escándalo de donaciones del magnate Dionisio Romero de más de $3 millones a la campaña política de Keiko Fujimori), y la crisis económica mundial cuyo efecto se refleja en la caída de la demanda de materia prima y de un crecimiento económico que este año llegará, como pronosticamos, al ínfimo 2%. A esto hay que agregar que las últimas denuncias de un sector importante de la prensa como El Comercio sobre el caso del Hospital de Moquegua apuntan a presionar a Vizcarra para que éste no se atreva a encarcelar a Graña y Montero y mantener el pacto del «borrón y cuenta nueva». Pero Vizcarra no puede garantizar esto por la profundidad de la crisis política. En este sentido el bonapartismo vizcarrista es relativamente débil.

Como señalamos en una nota anterior de La Abeja, «… En otras palabras, Vizcarra, gana y pierde a la misma vez…» (Edición noviembre). Gana porque capitaliza el descontento popular, pero pierde porque estará más expuesto y ya no podrá echarle la culpa de todos los males (como la demorada reconstrucción del norte por el desastre del fenómeno del Niño, la delincuencia, feminicidios o la incapacidad en ejecución presupuestal, etc.), al Congreso de la República. Por eso, el mandatario, debe extrañar que se constituya el nuevo Parlamento.

Una mezcla de todas estas crisis se podría desarrollar como un coctel explosivo que podría detonarse en cualquier momento barriendo con todo el sistema político en su conjunto. No obstante, astutamente, el populismo vizcarrista toma medidas preventivas para tratar de frenar una explosión social dando concesiones como el aumento de salarios (para verano 2020), inclusión de todxs en el SIS, medicinas genéricas baratas, etc. (que no apoya alegremente la CONFIEP). Pero a la vez, el drama de dos jóvenes muertos en un MC Donalds han vuelto a destapar la inoperancia del gobierno y la «esclavitud neoliberal» en pleno siglo XXI, que tiene su aval en la constitución fujimorista de 1993 y que ha obligado a la derecha a enviar a algunos de sus mejores cuadros como Solari de la Puente, Omar Chehade, Daniel Urresti, entre otros, a la contienda electoral del 2020 para frenar un probable cambio constitucional.

Bajo esta perspectiva, el vizcarrismo, se vería obligado a convocar a una Asamblea Constituyente «a lo Piñera» (regimentado desde arriba), teniendo al casi imbatible Salvador Del Solar como candidato para el 2021, quien tendría entre una de sus tareas «humanizar el modelo económico» y superar las denuncias por corrupción contra el bonapartista moqueguano, que hoy tiene la aprobación del 54% de la población (IPSOS, 16/12/19).

César Zelada. La revista (teoría, análisis y debate).

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