El gobierno de Castillo es uno de los pocos (sino el único), de la historia republicana que desde antes de ser proclamado presidente ha sufrido intentonas golpistas por parte de un sector neofascista de la derecha política y un sector de la derecha económica que rompió con la CONFIEP y formó la Unión Nacional de Gremios –UNG- (21/07/21).
Una vez proclamado como presidente, desde el Congreso se han formado comisiones o aprobado leyes para “enchalecarse” o apuntalar la vacancia presidencial. Por ahora, estas iniciativas han terminado derrotadas. Sin embargo, el empresariado con políticas extorsionadoras (ha habido 5 cambios de gabinete en 8 meses) ha ido convirtiendo al presidente Castillo en un pelele.
La destitución constitucional, el adelanto de elecciones y las encuestas
Por esto, existe una especie de consenso entre los intelectuales más lúcidos de derecha y de centroizquierda, en que la vacancia de Castillo por parte de la impopular oposición congresal podría ser peor que la enfermedad y podría producir un estallido social. Y es que además para lograr la vacancia, la oposición necesitaría 87 votos parlamentarios que no los tiene porque el voto del oficialismo y los aliados llegó a los 54 votos (de 130).
Entonces, para intelectuales como Juan De la Puente, “lo que existiría es una implosión donde las instituciones se destruyen por dentro…una especie de big bang… actores políticos no preparados para una salida política…y la sociedad se expresa con enorme indiferencia…”, (Rpp, 08/02/22), sin ver la dinámica de la enorme potencialidad de la lucha de clases que podrían desembocar en explosiones sociales.
Por su lado, intelectuales de derecha como Jorge Morelli, plantean que, “lo mejor es presionar para que el propio presidente renuncie a la investidura presidencial y se convoquen a nuevas elecciones. Según la encuestadora Ipsos, Castillo es desaprobado por el 66% de los peruanos, mientras que la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alva, es desaprobada por el 61%; y un contundente 74% piensa que las elecciones tienen que ser generales. El londinense Financial Times, también planteó hace varias semanas atrás el “adelanto de elecciones” (14/02/22). Hay que tener en cuenta que las inversiones británicas en el país son importantes no solo en minería sino en infraestructura.
La clase capitalista: Bussiness as usual
Todo este conflicto entre Ejecutivo y Legislativo se da en un contexto donde Perú, pese a todo, ha logrado tener la economía que más crece en Sudamérica 13,2% en el 2021y tiene el puesto número uno de la prestigiosa corredora de bolsa Bloomberg en lo que respecta a estabilidad económica.
Es decir que la clase capitalista, aun con sus reparos (sobre la ley de no tercerización que todavía está por implementar en medio año, etc.), sigue haciendo negocios espectaculares. Solo el magnate Carlos Rodríguez Pastor (dueño del grupo Intercorp y del 95% de las farmacéuticas), pasó de un patrimonio de $4,000 millones a más de $5,000 millones durante la pandemia. Lo mismo podríamos señalar de la familia Cilloniz dedicada al negocio de la agroindustria, donde después de la huelga obrera de diciembre del 2021, la clase obrera se siente más extorcionada y vulnerable (incluso con amenazas de armas de fuego).
La alegría de la Elite capitalista también se debe a un endeudamiento espectacular de más de $5,000 millones con el FMI, de la cual esta es beneficiaria (y está condicionada a planes de ajuste que en países como Chile, Ecuador, Colombia, etc. han producido inspiradoras rebeliones populares).
Del Gabinete Vásquez al Gabinete Torres: Una línea política de colaboración de clases
Entonces, toda esta contraofensiva golpista y macartista (que en estas líneas hemos denunciado desde la segunda vuelta), que le ha permitido a la derecha recuperar (indulto a Fujimori), relativamente, la iniciativa estratégica al doblegar al presidente Castillo se debe fundamentalmente a la política de colaboración de clases que ha implementado el gobierno de centroizquierda desde sus inicios y que se expresa en que no existe un cambio substancial en la política económica neoliberal que implementó Pedro Francke (afirmando los planes del FMI), y que profundizaría hoy Oscar Graham, un cuadro orgánico a la tecnocracia.
Así las cosas, la última crisis política, matizado con las denuncias de “un gabinete en las sombras” (que es el que estaría generando corrupción alrededor de Palacio), del ex ministro Guillen y la premier Mirtha Vásquez (que dio marcha atrás en la renegociación del contrato del gas), conllevó a la ruptura de Castillo con el reformismo partidario de Verónica Mendoza, para pasar a un nuevo gabinete de “ancha base” con un premier como Héctor Valer (que fue escogido por sus vínculos con diversas bancadas como señaló el parlamentario Guillermo Bermejo), con serias denuncias éticas, que duró solo tres días en el cargo. Todo el arco derechista apuntó contra el aventurero Valer (incluso sus propios colegas parlamentarios), a pesar que saludaban al nuevo ministro del MEF, Oscar Graham, un cuadro más estructurado orgánicamente al sistema financiero.
Con el nuevo gabinete Torres, en los Ministerios de Defensa y del Interior, tenemos a un ex contraalmirante y a un ex comandante de la policía (cuestionado por el juez que encarceló a Fujimori, Avelino Guillén), respectivamente, mientras que en Producción continúa Prado, un operador de Acción Popular y del Grupo Romero. En Cultura hay un filomacartista como Salas de las filas de Somos Perú y en la cartera Mujer, a una dirigente “feminista” como Miloslavich (que no se sonrojaba al marchar con PPK en el día de la Mujer), con el fin de darle un barniz de “progresista” al mismo. Pero en verdad, aun con Aníbal Torres como nuevo premier, la política general de la administración Castillo es un claro giro a la subordinación a la Elite capitalista tratando de desarrollar un semibonapartismo aprobando leyes de Estado de Emergencia y reforzando la presencia militar y policial en el mismo gabinete.
Este es un punto crucial que debería debatir la izquierda ya que hay algunos referentes como el ex diputado Gustavo Espinoza, que señala que “la línea de este gobierno es progresista”, por el nombramiento de figuras respetables como Modesto Montoya en Ciencia y Tecnología. Una caracterización forzada ya que la política económica, como señalamos líneas arriba, la define el MEF y el FMI. Es por estas razones que Castillo dio marcha atrás en la renegociación de contratos con la imperialista Camisea, capituló frente al ecocidio de REPSOL (y la política vergonzante de la entonces premier Vásquez diciendo que la empresa iba entregar canastas a los pescadores), encarpetó la tímida reforma tributaria minera (para el cual las transnacionales amenazaron con lock outs), etc. y ahora se enfrenta a su primera protesta popular.
¿Se rompe la luna de miel: ¿Irrupción obrero-popular?
Perú consume ¼ de millón de barriles de petróleo y produce solo 40,000 barriles. Estamos hablando de un incremento del 60 % en combustibles. Esta cuestión ha generado que los precios de la zanahoria aumenten un 54%, el kilo de pollo aumento de 9.90 a 11.92. El año pasado, la inflación cerró en 6,4%. A esto hay que agregarle la inflación trimestral de 1,84% en el primer trimestre del 2022.
Frente a esta dramática situación, el premier Torres, recomendó a la gente “comer pescado” el cual también está caro bordeando los 15 soles.
Esta cuestión es lo que explicaría la explosión social que se habría producido en Huancayo durante los días pasados donde se han mezclado demanda de transportistas con la de agricultores, comerciantes, etc.
Las arengas más entonadas eran “Castillo, escucha, ¡el pueblo te repudia!”, “¡Por culpa del gobierno, el pueblo tiene hambre!”, “¡El pueblo exige renuncia de Castillo!”, (LR, 01/04/22).
En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Pedro Castillo, obtuvo aquí el 58% de los votos. Además, Huancayo es la capital de la región Junín, donde Perú Libre (PL), es la primera fuerza política a nivel regional, provincial y distrital. PL y Castillo, durante la campaña electoral, conectaron con un sector de la población más humilde con el slogan “No más pobres en un país rico” creando grandes expectativas.
A 4 meses de cumplirse un año de gobierno y con la oposición política impopular y derrotada, este mismo sector popular (agricultores, etc.), han salido a reclamarle a Castillo con el cambio prometido en campaña. No obstante, la moderación de Castillo, la Hoja de Ruta (proclamas ciudadanas neoliberales firmadas), y la corrupción que le salpica por el caso Bruno Pacheco, Karelim Lopez, etc. le están pasando factura. Incluso, en la propuesta de convocar a una nueva Asamblea Constituyente dio marcha atrás.
“Se están anunciando algunos paros y bloqueos de carreteras malintencionados, han sido pagados algunos dirigentes y cabecillas. Es necesario decir que pondremos orden en las próximas horas”, dijo Castillo (31/03)
“Yo invoco al presidente Pedro Castillo a que reanude el diálogo pidiendo perdón por las declaraciones que ha hecho”, señaló el arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto.
“¿Usted acaso conoce a mi persona? ¿Conoce a los dirigentes de todos los departamentos del Perú que están en el paro? ¿Puede demostrar que los dirigentes han recibido dinero? Venga usted y dé la cara al departamento de Arequipa”, desafió el dirigente Corrales.
Aunque es un secreto a voces que la ultraderecha como la fujimorista Moyano o el empresario pisquero Martinot, ha estado buscando estrechar vínculos con sectores de transportistas, pues, las demandas populares son legítimas.
El oficialismo habla de que se habría llegado a un acuerdo con el pueblo en lucha de Huancayo. De ser así, esto podría “alimentar” nuevas protestas regionales. De no ser así, el conflicto tendría a agudizarse si no se cumplen con los acuerdos.
La burguesía toma nota de esta creciente agitación popular. ¿Sera por eso que el Tribunal Constitucional ha suspendido la libertad del dictador Fujimori? El anuncio de su libertad creó una ola de indignación, marchas y de pronunciamientos en contra.
¿Qué hacer?
La acción de resistencia y reclamos de las masas irá en aumento con el crecimiento de la inflación. Hay 114 conflictos sociales y algunos son críticos como los paros contra la transnacional minera Southern Perú en Moquegua o la Petrotal en la selva, Loreto, así como estallidos sociales inminentes en el corredor minero de Las Bambas.
Más que nunca se plantea la necesidad de dotar de una dirección y organización a estas luchas que se irán extendiendo. Es necesario preparar un Congreso Nacional de Trabajadores para votar una plataforma nacional de lucha que haga un centro importante en los reclamos de los trabajadores y organice un Plan de Lucha y Movilización coordinado.
La dirección de la central obrera, CGTP, ha anunciado que se aparta del gobierno porque considera que en los 8 meses de mandato no ha cumplido ninguna de las reivindicaciones prometidas. Pero lo sigue apoyando y exhortando a que se anime a dar pasos hacia las masas. La dirección estalinista de esta central llama a formar un frente antifascista, pero no enfrenta al gobierno que es el que dirige el estado y actúa contra los trabajadores y a favor de los monopolios.
Su “alejamiento” de Castillo, pareciera una cuestión de apetitos electorales. Porque ha anunciado que se “movilizará para conquistar gobiernos democráticos y honestos en las elecciones de octubre del 2022 cerrando el paso a la corrupción, la mercantilización y el centralismo”.
La cuestión no pasa en lo inmediato por el reclamo de elecciones generales anticipadas sino por poner en primer lugar en pie a los trabajadores como un factor político independiente del gobierno y de los partidos patronales.
César Zelada. Dirigente de la revista La Abeja Obrera.
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