Avances en combate a la criminalidad y la corrupción, pero suben casos de violencia contra las mujeres.
Mayor seguridad para la población, lucha contra la corrupción y combate al crimen organizado, que en los últimos doce años se ha enquistado en las estructuras del Estado, fueron temas torales de la campaña que llevó a Xiomara Castro a convertirse en la primera presidenta de Honduras, despertando fuertes expectativas en las y los hondureños.
Después de presentar, la semana pasada, la segunda etapa del Plan Nacional de Seguridad «Solución contra el crimen», que incluye nueve medidas a aplicar durante los próximos seis meses, entre otras, la prórroga, hasta finales de mayo, del estado de excepción en 123 municipios, la administración Castro anunció la intervención de los principales centros penales del país, escenarios en estos últimos días de revueltas y motines sincronizados y muy poco espontáneos.
«Doce años de saqueo y colusión con el narcotráfico, maras y pandillas y crimen organizado, público y privado, no se arreglan en 12 meses”, explicó la mandataria a través de su cuenta en Twitter.
“Voy a poner mano dura y orden en las cárceles, hasta transformarlas en centros penales de rehabilitación, no en escuelas de crimen y tortura como los que he heredado», agregó.
Según el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), durante sus primeros doce meses, el gobierno restituyó roles y funciones a la Policía – suplantada por los militares después del golpe de estado –, desmilitarizó los centros penales, puso las bases para la creación de la Policía comunitaria y reemplazó la Fuerza nacional antimaras y pandillas por una Dirección policial.
De acuerdo con datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), la estrategia adoptada por el nuevo gobierno estaría dando resultados: los homicidios en 2022 se redujeron en casi un 13% y la tasa bajó de 41.70 a 35.79 por cada 100.000 habitantes, es decir la más baja en los últimos 16 años.
Los primeros tres meses del nuevo año parecen confirmar esta tendencia, con una disminución del 26.5% de los homicidios (-253) en comparación a los meses de enero-marzo de 2022.
Una estrategia que está dando resultados importantes para la sociedad hondureña en su conjunto, pero que no parece tener todavía impactos significativos en la lucha para la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Aumentan femicidios
Según el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), la tasa de femicidios de 2022 fue de 7.9 por cada 100,000 mujeres.
Esto indica que no sólo dicha tasa no disminuyó al mismo ritmo que la de homicidios, sino que tampoco resulta ser la más baja de la década. Asimismo, las muertes violentas de mujeres (390) en 2022 aumentaron en casi un 63% con respecto al año anterior y pasaron de ser el 6% a ser el 11.4% del total de homicidios registrados [1].
Esta tendencia estaría confirmada por los datos más recientes brindados por el Observatorio del CDM, que señala un total de 74 muertes violentas de mujeres en los primeros dos meses del año, es decir un aumento de casi el 40% respecto al 2022.
«Otro dato alarmante es que el segmento de niñas asesinadas (10%) es más del doble con relación al segmento de los niños (4%)», señala el informe Violencia contra las mujeres en Honduras 2022.
Los rangos de edad con más casos de muertes violentas de mujeres en 2022 es entre 20 y 29 años (94), entre 30 y 39 años (59) y menores de edad (58). Esto significa que el 54% de las muertes violentas de mujeres tuvo como víctimas a menores de 40 años.
Otros delitos contra las mujeres son las tentativas de homicidio. En
2022
se contabilizaron 104, escalando a 494 los delitos contra la vida de
las mujeres (390 muertes violentas y 104 tentativas). En comparación con
2021, los delitos contra la vida aumentaron en un 26%.
Además, se registraron al menos 196 desapariciones de mujeres. “La desaparición es un delito contra la humanidad que puede conllevar la trata de personas, la explotación sexual y laboral, así como el asesinato. Ante el alto nivel de mora judicial, impunidad y descontinuación de los casos, se puede asumir que las mujeres desaparecidas nunca regresan a su lugar de origen”, señala el informe del CDM.
El año pasado, el Sistema Nacional de Emergencia 911 registró casi 98 mil denuncias de violencia doméstica y maltrato familiar contra mujeres, y el Ministerio Público más de 10 mil.
Fueron 2,800 los casos de violencia intrafamiliar que ingresaron a los juzgados. De estos, 207 recibieron resoluciones condenatorias, es decir sólo el 7% del total.
También hubo 3,932 denuncias de violencia sexual, con un aumento del 19% en relación con el año anterior. De estas, el 75% fueron casos de violencia sexual contra las mujeres. Cada día en Honduras 8 mujeres denuncian una agresión sexual.
La violación representa el tipo más frecuente de violación (47%), seguida
de las agresiones sexuales (22%) y violación especial (7%).
Ante esta situación, CDM volvió a exigir al Estado “la creación de políticas públicas a favor de la vida, la justicia y la sanación”, así como a demandar “procesos respetuosos que acompañen a las mujeres, una estrategia integral, preventiva y real que disminuya los altos niveles de violencia en sus vidas”.
Nota:
[1] Información proveniente tanto del monitoreo de medios de comunicación impresos y digitales, como de instituciones públicas (Ministerio Público, Dirección de Medicina Forense)
Fuente: LINyM
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