Guatemala es un país que se pierde en el mapa latinoamericano. Pocos reconocen su centralidad en la historia política latinoamericana reciente, menos aún se visibiliza como espacio sobresaliente de una región tan heterogénea como Centroamérica, fragmentaria en términos de construcción de su memoria larga. Sin mayores definiciones suele reconocerse a priori la cercanía del país […]
Guatemala es un país que se pierde en el mapa latinoamericano. Pocos reconocen su centralidad en la historia política latinoamericana reciente, menos aún se visibiliza como espacio sobresaliente de una región tan heterogénea como Centroamérica, fragmentaria en términos de construcción de su memoria larga. Sin mayores definiciones suele reconocerse a priori la cercanía del país a Nicaragua y su revolución, al ánimo rebelde que imprimió la década del ’70, la impronta de la teología de la liberación, la cuna del Popol Vuh, sus innumerables exilios.
Guatemala fue atravesada por una de las dictaduras más extensas e intensas de la región latinoamericana. Casi 40 años de enfrentamientos internos naturalizaron la represión del Estado, el silencio, los escuadrones de la muerte, el etnocidio y la desarticulación político-popular. No es casual que hacia 2011, un 11% de encuestados considere que «en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático» en relación a un magro 36% que responde a favor de la democracia y un 31% que considera que «da lo mismo» (Latinobarómetro, 2011: 38). Hasta el día de hoy, si un extranjero consulta a un guatemalteco sobre el pasado político reciente del país, es francamente escasa y esquiva la información que obtendrá, más aún, será tan imprecisa como basada en la desconfianza del interés por la pregunta. El desconocimiento se reviste de un velo que los medios de comunicación salvaguardan coherentemente, una tenaz desinformación que reviste de tendencioso todo análisis sobre lo acontecido.
La década de los años ’80, a diferencia del resto de los países latinoamericanos que se encontraban en variables intentos de restitución democrática, significó para los guatemaltecos una huella sólo comparable al exterminio de la colonización española. Informes citados por Organizaciones de Derechos Humanos estiman que durante los dos años de gobierno militar de Ríos Montt, 10 mil guatemaltecos -en su mayor parte indígenas- fueron víctimas de ejecuciones y posterior sepultura en fosas comunes. En ese contexto, hubo incluso más de 100 mil desplazamientos forzados, encontrando algunos, asilo en Mexico. El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, establecida como acuerdo para la restitución democrática entre el gobierno y sectores armados, asevera que fueron 448 las aldeas indígenas que fueron eliminadas del mapa. Lo cierto es que la dictadura militar se desplegó como brazo armado del control de los Estados Unidos que ya había manifestado intereses de dominio durante el fin pactado del gobierno democrático de Jacobo Arbenz en los años ’50. La frontera que limita Guatemala y México es porosa y toda máxima a ser implantada en Norteamérica se conjuga con estrategias de control de la frontera con la zona central. De hecho, su posición geográfica, en tanto paso obligado del tráfico de drogas ilegales entre Colombia y Mexico, han convertido a la región en centro de sospecha y constante objeto de mira estratégica.
Más aún, la política de elites europeas con fuerte aspiración extranjerizante, se destaca como constantes en la «búsqueda del camino al progreso». Pues, debe mencionarse que en tiempos de terrorismo de Estado declarado, se implantó la política de «tierra arrasada», en la que se acusaba sin mayores justificaciones a indígenas por presuntos vínculos con las guerrillas de izquierda. Fue el General Ríos Montt quien encabezó el gobierno de facto en 1981 que en sólo dos años masacró en quince episodios del mayor despliegue de poder armado, a mil setecientos setenta y un indígenas mayas ixiles en el norte del país, en el departamento de Quiché. Según el informe de los forenses dado a conocer durante el juicio, » un 43% de los esqueletos exhumados corresponden a niños de entre cero y 12 años y más del 50%, a mayores de 50 años» (El Pais, 18-3-2013). Pues, si bien las matanzas colectivas se hicieron con la finalidad de terminar con la insurgencia y no con una etnia en particular, la razón anticomunista fue esgrimida para una represión estratégica etnocida.
Desde la transición a la democracia en 1990, se multiplicaron los organismos de derechos humanos que investigaron el genocidio perpetrado. Sin embargo, hemos aprendido que si las políticas de la memoria no incorporan campañas de conciencia e información, quedan reducidas a documentos e informes de difícil acceso en los que la democracia mínima se erige autolegitimándose. No obstante, la perpetuidad de las prácticas autoritarias se convierte en la regla del juego de poder.
El mismo Ríos Montt fue diputado en democracia por el Frente Republicano Guatemalteco hacia 1995 y posteriormente candidato a la presidencia en 2003. En 1999, la premio Nobel de la paz guatemalteca -1992-, Rigoberta Menchú, presentó cargos contra él y otros generales como Oscar Mejía Voctores y Fernando Romeo Lucas-García (también ex-presidentes de facto) por detención ilegal, torturas y terrorismo de Estado. Sin mayores argucias legales, sin juicio vinculante, Ríos Montt se candidató a congresista en 2007, cargo que ganó, con la promesa electoral que le otorgaría inmunidad parlamentaria. Así es que recién en el año 2012 se logró colocarlo en la banca de acusados. Después de más de 35 años, los familiares de víctimas pudieron acusarlo por las atrocidades cometidas. El debate establecido de allí en más fue álgido, hasta el momento, ningún líder latinoamericano había sido acusado por genocidio indígena y crímenes de lesa humanidad.
Recientemente, el 10 de mayo de 2013, después de más de diez años de democracia institucional – formal, el militar Ríos Montt fue condenado a prisión por 50 años por genocidio, sumado a otros 30 años por crímenes de lesa humanidad. Ahora bien, ¿Es suficiente el juicio a un líder militar que encabezó una serie de masacres que sólo pudieron llevarse a cabo colectivamente, en connivencia con civiles? ¿Hasta qué punto es aceptable la culpabilización de la razón individual?
En su primera reacción después de la sentencia, Ríos Montt dijo: «Es un show político internacional que va afectar el alma del pueblo guatemalteco, pero nosotros tenemos paz porque nunca derramamos o nos manchamos las manos de sangre de nuestros hermanos» (La Jornada, 10-5-2013).
¿Cómo conjugar la diálectica pasado-presente si la misma elite ocupa el máximo espacio de poder ahora legitimado democráticamente? ¿Es acaso de conocimiento público que el actual presidente de Guatemala, el General Otto Perez Molina es un reconocido represor de la misma época, que dirigió operaciones de contrainsurgencia? El mismo juicio a Ríos Montt contó con testigos que lo señalaron. La animosidad del actual presidente, elegido democráticamente, contra el pueblo ixil es reconocida y no se limitó al periodo autoritario sino que continúa hoy por senderos institucionalizados. No ha habido pruebas ni declaraciones que den cuenta de su arrepentimiento, tampoco hasta el momento se ha llevado a juicio su acción política coactiva resultado de una trayectoria violenta.
Tal vez desde el sentido común más elemental, cualquier análisis político se reduzca a observar quiénes celebran y quiénes hacen silencio cuando un jerarca militar es condenado en América Latina. Quizás argumentos como el de una supuesta radicalización, el resentimiento del pasado o la falta de sentimientos de indulgencia, revistan razones profundas que exceden el desconocimiento. Como sabemos, el Olvido es quien cuenta la historia en la Región. Mucho falta para pensar la democracia en territorios en que la justicia sigue siendo la materia pendiente de una razón civica, militar y colectiva. Aquello que podemos afirmar al momento es que los pueblos mayas volvieron a mostrarse en los medios de comunicación, su palabra fue recuperada y sus acciones visibilizadas. Sus sonrisas cargadas de emotividad son sólo parte de la cristalización de un anhelo de largo aliento en el que quinientos años parecen ser poco.
Referencias:
– Informe Latinobarómetro (2011) http://www.latinobarometro.org/latino/LATContenidos.jsp
– Figueroa Ibarra, Carlos (2013) «Genocidio y etnocidio en Guatemala», en Con Nuestra America, 10 de mayo de 2013. http://connuestraamerica.blogspot.com.br/2013/05/genocidio-y-etnocidio-en-guatemala.html
– Nota de tapa: «Es un show político internacional», sentencia de jueces: exdictador». Periódico La Jornada, 10 de mayo de 2013. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/05/10/19244104-201ces-un-show-politico-internacional201d-sentencia-de-jueces-rios-montt
– Nota de tapa: «El juicio a Rios Montt enfrenta a Guatemala con el horror de los ’80». Periodico El Pais, 18 de marzo de 2013. http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/18/actualidad .
Victoria Darling. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de Mexico. Profesora de la Universidade Federal da Integracao Latinoamericana.
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