Keiko Fujimori, la hija del ex dictador y genocida Alberto Fujimori, fue enviada a la cárcel por recibir sobornos de la trasnacional brasileña Odebrecht para financiar a su partido Fuerza Popular en las elecciones presidenciales, mientras su partido, aún mayoritario en el Congreso, se desmorona tras el desastre electoral sufrido en Lima. La detención de […]
Keiko Fujimori, la hija del ex dictador y genocida Alberto Fujimori, fue enviada a la cárcel por recibir sobornos de la trasnacional brasileña Odebrecht para financiar a su partido Fuerza Popular en las elecciones presidenciales, mientras su partido, aún mayoritario en el Congreso, se desmorona tras el desastre electoral sufrido en Lima.
La detención de Keiko se produce cuando el fujimorismo atraviesa una grave crisis, con divisiones internas, renuncias a la bancada parlamentaria, la remoción de toda la dirigencia partidaria, acusaciones de corrupción, un congresista desertor de sus filas que le contó a la fiscalía lo que sabe de los manejos sucios del partido y de alta corrupción de la magistratura.
Pero el cuadro de situación se completa con una abrumadora derrota electoral hace menos de un mes en las elecciones en Lima, junto a un rechazo ciudadano del 80 por ciento. Mientras, su padre, el ex dictador genocida Alberto Fujimori, sigue internado en una clínica para evitar regresar a prisión tras la anulación de un indulto presidencial.
Keiko, que hace pocos días estuvo bajo arresto preliminar durante una semana, quedó nuevamente detenida, pero esta vez con prisión preventiva por tres años, por el caso de lavado del dinero negro que financió su campaña electoral a la presidencia en 2011, relacionado con el financiamiento oculto que recibió de la constructora brasileña Odebrecht.
Vestida de negro, Keiko, que estuvo cerca de llegar a la presidencia en 2011 y 2016 y esperaba lograr ese objetivo en 2021,y parece destinada ahora a terminar su carrera política en prisión, se vio sorprendida por una resolución que no esperaba. La lectura de la sentencia duró cerca de ocho horas, tras lo cual quedó detenida.
Pocos días antes, cuando le habló en una de las audiencias, dijo ser víctima de una persecución política, algo que nuevamente la dirigencia fujimorista repitió con insistencia, pero sin sustento en la realidad.
El juez Richard Concepción Carhuancho sorprendió a todos cuando decidió el último día de octubre, después de siete días de audiencias diarias, dictar su resolución en el caso de Keiko sin esperar que terminen de verse los casos de todos los acusados para los que la fiscalía ha pedido prisión preventiva. Ha quedado pendiente la resolución sobre los otros diez implicados, entre ellos miembros de la cúpula fujimorista.
La fiscalía denunció amenazas a los testigos y señaló que el fujimorismo, que controla el Congreso, viene usando su poder político y sus influencias judiciales para obstruir la investigación fiscal. El fiscal José Domingo Pérez enfatizó en las relaciones de Keiko y dirigentes fujimoristas con una mafia judicial recientemente descubierta que vendía sentencias y nombramientos de magistrados.
Pérez acusó al fiscal Pedro Gonzalo Chávarry, que es su superior, de hostilizarlo en su trabajo para obstruir las investigaciones de la fiscalía. Chávarry está acusado de pertenecer a esa mafia judicial y ha sido salvado por la mayoría fujimorista de ser destituido por el Congreso. El juez consideró que estas acciones de obstrucción al proceso judicial y las evidencias del delito de lavado presentadas por la fiscalía ameritaban la prisión preventiva.
En Lima, hubo algunas manifestaciones callejeras a favor de la sentencia judicial, pero también en apoyo a Keiko.
La de Keiko es una sentencia a prisión preventiva con un plazo draconiano: Encarcelar tres años a una persona sin pasar por un juicio no habla bien del sistema de justicia de ningún país, señala el diario conservador El Comercio. La defensa cuestionó la imparcialidad del juez y anunció que apelará esta decisión. Keiko enfrenta un juicio por lavado, que tiene una pena de entre 10 y 20 años, y para el cual la fiscalía ya ha demostrado tener evidencias sólidas.
La fiscalía acusa a Keiko de encabezar una organización criminal encargada de lavar al menos un millón de dólares aportados en efectivo y en forma oculta por la trasnacional brasileña Odebrecht para su campaña a la presidencia, a través de rifas fantasmas, cócteles para recaudar fondos y aportantes (unos 200 por ahora) falsos.
Odebrecht entregó documentación a la fiscalía que confirman la entrega de ese dinero -que ya había sido revelada por altos directivos de la constructora como Marcelo Odebrecht y Jorge Baratta- y que éste salió de las cuentas que la empresa usaba para pagar sobornos,. Siete testigos protegidos y ocho inculpados convertidos en colaboradores de la fiscalía revelaron cómo operó la estructura de lavado que encabezaba Keiko y quiénes la dirigían junto a ella.
Las revelaciones de las maniobras para entorpecer el proceso judicial, precipitaron la caída de la jefa del fujimorismo y su entorno más cercano. El congresista fujimorista Rolando Reátegui, decidió hablar cuando sabía que también le esperaba una larga prisión, y confesó que por orden de la jefa del fujimorismo fue uno de los encargados de reclutar aportantes falsos para lavar los aportes ocultos.
Reátegui reveló, asimismo, detalles de las operaciones de lavado que comprometen seriamente a Keiko y a su cúpula partidaria.
La última estrategia le había fallado a la heredera del dictador. Días atrás, Keiko había cambiado diametralmente su postura confrontativa y asumido un discurso de reconciliación, de reencuentro y de paz, e incluso llamando a un diálogo. La realidad demostró su falta de credibilidad.
El presidente Martín Vizcarra, que había anulado el indulto dado por el renunciado presidente Pedro pablo Kuczynski al dictador genocida Alberto Fujimori, dejó en claro que fue su gobierno el que llamó al diálogo siete meses atrás, y recordó que los voceros del fujimorismo -aún mayoría en el Congreso- lo tildaron de «traidor, malnacido, entre otras cosas. El diálogo del gobierno no será con un partido, será con todos», insistió.
Varios presidentes inculpados
El informe de la comisión Lava Jato (los sobornos de Oderbrecht) del Congreso peruano, que llegatá a la plenaria la próxima semana, señala responsabilidades delictivas en conocidos exfuncionarios, pero olvida algunos peces gordos, señala Perú21. Recomienda investigar a los expresidente Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, a exministros y viceministros, a Luis Castañeda Lossio y Susana Villarán, exalcaldes de Lima, además de civiles responsables de varias empresas.
La comisión parlamentaria investigó 11 megaproyectos que fueron adjudicados a diversas empresas brasileñas y a sus consorciadas: Gasoducto Sur, Proyecto de Irrigación Olmos (donde puso la lupa sobre Kuxzynski y Humala,), IIRSA Sur, Metro 1 de Lima, entre otros. Humala habría aceptado un soborno de tres millones de dólares, mientras que la empres WestfieldCapital de Kuczynski recibió cuatro pagos de Odebrecht por consultorías.
Asimismo señaló que en el caso Gasoducto Sur se utilizaron los recursos económicos del Estado para favorecer ilegalmente a las empresas Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao, Camargo Correa, sus consorciadas, funcionarios y particulares.
El informe indica que la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, habría favorecido a las empresas brasileñas OAS (de la cual recibió coima), en el proyecto Línea Amarilla, y Odebrecht, en Vías Nuevas de Lima; mientras que Luis Castañeda Lossio, habría incurrido en tráfico de influencias al suscribir los contratos de concesión del proyecto Línea Amarilla. Se le acusa de tráfico de influencias.
En la obra IIRSA Sur, la comisión parlamentaria acusó a Alejandro Toledo por haber recibido tres millones de dólares en sobornos de Odebrecht a cambio de la concesión de la vía. Varia constructoras peruanas, añadió, se confabularon para pagar el soborno solicitado por Toledo a cambio de la Interoceánica Sur, tramos II y III. Se trata de las firmas Graña y Montero, JJ Camet e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.
Sin embargo, a quien la comisión se abstuvo de abrirle investigación fue al ex presidente Alan García a pesar de que se reunió en 15 ocasiones con Jorge Baratta en Palacio de Gobierno.
El dictamen ha cumplido con los parámetros dispuestos por el Tribunal Constitucional en abril a propósito del caso del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, tras revocar en duros términos precisamente la prisión preventiva que el juez había dictado contra ellos.
Mariana Álvarez Orellana, Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la )
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