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La economía luego del aislamiento

Fuentes: Rebelión

El epicentro de la pandemia por el coronavirus se traslada crecientemente hacia Nuestramérica, aun cuando sigue preocupando sanitariamente en los focos previos, sea China, Europa y principalmente EEUU.

¿Desde el punto de vista económico, el cierre de la producción empieza a superarse en los territorios que van dejando atrás el foco de preocupación sanitario, más allá de la aparición de la vacuna?

El interrogante apunta a no comerse el amague de “recuperaciones transitorias”, caso del “festejo del 13,3% de desempleo estadounidense de mayo pasado, respecto del 14,7% de abril, pero muy por encima del 3,4% previo a la pandemia.

Igual, el impacto social es desastroso e inmenso en términos de caída del empleo e ingresos de la mayoría de la sociedad mundial.

¿Qué ocurre en Nuestramérica, territorio de atraso y dependencia económica, con menor capacidad de contención de los problemas sanitarios y económicos?

La pandemia golpea muy fuerte en la región, y la baja de la producción afecta más gravemente a millones de personas empobrecidas en décadas de políticas pro-mercado.

En rigor, la forma de desarrollo contemporáneo del capitalismo, ya casi por medio siglo, deteriora todos los indicadores sociales de la región y del mundo, lo que amerita cambios a contramano de la normalidad construida por las políticas de liberalización, hegemónicas en el sistema mundial a la salida de la crisis de los 70.

Con más de 7 millones de personas infectadas y más de 400.000 muertes en todo el mundo, la región latinoamericana y caribeña comienza a ser noticia por cantidad de infectados y muertes por el COVID19.

La pandemia se extiende en Nuestramérica

Entre los 50 países que acusan más infecciones hay registros para 10 de Nuestramérica.

Por infectados encabeza Brasil con casi 700.000 casos, ubicado como segundo en el ranking total de 188 países, ocupando con 36.000 muertos el tercer lugar, luego de EEUU y el Reino Unido. La tendencia es a ocupar el segundo lugar, afectando en mayor medida a los más empobrecidos.

Luego de Brasil, en la lista de la región sigue Perú con más de 196.000 infectados, octavo en el listado general; Chile con más de 134.000 ocupa el lugar 13; México con más de 117.000 el orden 14; y los que siguen con guarismos entre 43.120 y 13.643 son Ecuador, ubicado 26; Colombia en lugar 27; Argentina es 38; República Dominicana 42; Panamá 47 y Bolivia 49.

La economía de la región está siendo fuertemente afectada por las condiciones previas de evolución económica y exacerbada por el COVID19, más allá del debate que se instaló sobre el mayor o menor cierre de la producción y circulación de bienes y servicios.

Es prematuro el balance sobre la respuesta estatal, pero más allá de matices, la orientación general ha sido similar a la respuesta de fuerte intervención de los focos previos en países de mayor desarrollo relativo, China, Europa y EEUU.

Lo real es que estos países tienen capacidad de ejercicio soberano, relativo es cierto (salvo EEUU), para fuertes intervenciones en la emisión monetaria y de deuda.

Un detallado informe sobre las medidas adoptadas puede encontrarse en el sitio de la CEPAL [1]. En todos los casos el Estado nacional interviene para sostener ciertos niveles de actividad económica y orientando fondos de compensación para los más vulnerables.

La presión por retomar la “normalidad” es muy importante desde los sectores hegemónicos, que no quieren perder renta por las restricciones adoptadas.

Nuestramérica es el territorio más desigual del mundo y se encuentra subordinado a la lógica de la transnacionalización de la economía mundial, en su carácter de proveedor de recursos primarios, cuyos precios internacionales se encuentran con una tendencia a la baja desde el piso del 2009 [2].

Leve ha sido la recuperación posterior al 2010, apenas rebotando por un par de años y luego se sostuvo el declive para ubicarse en una situación similar a las de principio de siglo.[3]

Es una cuestión convergente con la conclusión de la CEPAL relativa a que Nuestramérica no aparece como territorio privilegiado para la inversión externa directa, por lo menos desde el 2011, hace más de una década.

De nuevo, la realidad impone un cambio sobre el modelo productivo y de desarrollo liberalizador de este casi medio siglo.

El mito de la inversión

La información es elocuente. Nuestramérica sufre la pandemia y resulta una obviedad detectar las falencias sanitarias por políticas deliberadas de desinversión sanitaria, con la única excepción de Cuba, cuyas dificultades son más por la agresión del bloqueo estadounidense que por decisión soberana del país.

No hay duda que las políticas hegemónicas implementadas en la región desde comienzos de los años setenta fueron de deterioro de la satisfacción de derechos sociales, entre ellos, los de educación y salud. Esos derechos se transformaron en mercancías en una sociedad monetario mercantil.

La creciente economía privada de la salud demostró la imposibilidad de atender las pandemias, algo que se verifica en la actualidad. Además, el deterioro fiscal para atender derechos sociales se extendió, especialmente con la mayor demanda de recursos fiscales para atender los compromisos financieros de una deuda pública incrementada, especialmente ahora, en tiempos de coronavirus.

Se insiste de modo genérico que todo se resuelve con ingreso de capitales, que la inversión externa suplirá la ausencia de capital local suficiente para el despliegue de un ciclo de expansión de la producción, sea capital privado o público.

La fuerte emisión monetaria actual o la disposición de recursos de reservas internacionales para sostener la actividad económica desmiente la imposibilidad señalada. Ni hablar si se aplicará una reforma tributaria progresiva.

Cuando la economía necesita emisión para sostener la actividad económica, aun cuando el pensamiento gobernante hegemónico es crítico, los ejecutivos gubernamentales autorizan empapelar con aumento de la circulación monetaria. Emisión para lubricar la lógica de reproducción del capital.

Argumentan que ante la recesión no hay peligro de inflación, de traslado a precios.

Un debate adicional es el destino de esos recursos, que solo en parte tienen destino compensatorio en la mayoría social empobrecida.

Más aún, esos flujos orientados hacia los pobres se gastan en la oferta comercial de grandes empresas que abastecen el consumo cotidiano. El canal de las tarjetas mantiene cautivo en grandes centros comerciales y supermercados el consumo de los pobres.

El asunto es que se potencia la dependencia y subordinación económica en la concentración de ingresos y de la riqueza, con fuerte intervención del Estado.

¿Por qué no modificar los usos de los recursos públicos? ¿Por qué esperar que la economía se reactive desde las Inversiones Externas que nunca llegan, salvo en su propio beneficio?

Es un mito la espera en los inversores externos, que siguen privilegiando la rentabilidad fácil de la especulación, o los beneficios diversificados que pueden ofrecer los Estados para radicarse en nuestros países.

Ocurre que cuando cambia la situación política o jurídica, esos capitales externos demandan a nuestros países en tribunales foráneos, caso de la demanda actual contra YPF en los tribunales de Nueva York. La demanda escala como mínimo por 3.000 millones de dólares.

¿Qué harán ahora los socios de Vicentín ante la intervención y expropiación? ¿Demandarán en tribunales externos?

Agreguemos que la subordinación a tribunales externos es una concesión de la política local desde los tiempos de la genocida dictadura, que reitera la apología de la inversión externa y concede garantías de seguridad jurídica a los inversores.

Son verdaderas hipotecas insustentables que afirman la pérdida de soberanía. Actuar soberanamente es un imperativo del momento.

Hacer otra cosa

La emisión monetaria y los recursos fiscales y de reservas deben utilizarse para salir de la recesión, la previa y la actual derivada de la pandemia, al tiempo que se resuelvan los problemas en la coyuntura y aquellos estructurales derivados de la dependencia.

Por un lado, atender la emergencia, pero no orientando recursos al consumo para recrear la dominación monopólica de la producción y la circulación, sino privilegiando la producción organizada desde la autogestión planificada con participación social ampliada y la intervención pública (gobierno, universidades, instituciones científicas, profesionales, etc.).

Son variados los planes que se difunden desde organizaciones populares con tradición y experiencia en la organización de la cotidianeidad, que involucran a millones de personas afectadas por la lógica capitalista.

El orden monetario mercantil supone la exclusión social para una pobreza que alcanza entre un tercio y la mitad de la población en buena parte de los países en la región.

Hay que reconocer que una vez que se modifique el rumbo de la política pública como demandamos, el poder local y global desplegará su estrategia de boicot y deslegitimación, tal como lo hizo históricamente en la región, no solo con la Cuba autónoma desde su revolución en 1959.

De hecho, el boicot se extendió al proceso de industrialización sustitutiva encarado a fines de los 50, los 60 y 70 del siglo pasado, que el propio Prebisch reconociera como expectativa incumplida por los límites en el despliegue consecuente de la estrategia.

El capitalismo es el límite y, por lo tanto, es lo que debe discutirse y superarse, ya que no hay capitalismo independiente.

Un rumbo soberano supone la superación del orden capitalista, la transformación del orden económico social en conjunto.

Notas:

[1] CEPAL, Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe. Impacto económico y social, en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/124X7D_rItbkFMLoRnaEIYv0BoVZNAVd6/edit#gid=1415348931 (consultado el 8/06/2020)

[2] Banco Mundial. A medida que empeoró la pandemia del coronavirus, los precios de los productos básicos bajaron, en: https://www.bancomundial.org/ (consultado el 8/06/2020)

[3] FMI. Índices de commodities, precios primarios, en: file:///C:/Users/jcgam/Downloads/Charts.pdf (consultado el 8/06/2020)

Julio C. Gambina es presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP