La lucha del magisterio peruano -y su prolongación luego de las tratativas frustradas del fin de semana- obligan a mirar las cosas con la mayor objetividad. Y exigen el más alto sentido de comprensión hacia una causa -la del magisterio peruano- que es usada por unos, y vilipendiada por otros. Urge, a la luz del […]
La lucha del magisterio peruano -y su prolongación luego de las tratativas frustradas del fin de semana- obligan a mirar las cosas con la mayor objetividad. Y exigen el más alto sentido de comprensión hacia una causa -la del magisterio peruano- que es usada por unos, y vilipendiada por otros. Urge, a la luz del conflicto de hoy, resumir algunos conceptos centrales.
1.- La legalidad de la huelga magisterial.
El Gobierno ha resuelto declarar «ilegal» la huelga magisterial. En contraste, cabe preguntarse cuántas huelgas han sido declaradas «legales» por la administración actual. Ciertamente que ninguna. No es que todas las otras hayan sido consideradas reamente «ilegales», sino que las autoridades buscan usar el término hoy, para desarrollar acciones punitivas contra los docentes: Descontar salarios, y despedir profesores.
Lo primero, ha ocurrido antes. En las huelgas históricas contra Morales Bermúdez -en la segunda parte de los años 80 del siglo pasado- nunca fueron pagados los salarios de los maestros, muchos fuimos subrogados primero, y trasladados irregularmente después en el empeño de quebrar la lucha sindical de entonces. Pero esos fueron años -como se suele decir ahora- de «dictadura militar», en los que los procedimientos legales resultados avasallados por un régimen que, adicionalmente, autorizó el despido masivo de dirigentes sindicales de todas las áreas productivas, con motivo del Paro Nacional del 19 de Julio de 1977.
En otros conflictos, eso no ocurrió. Suspendida, o levantada, la huelga. todos los Trabajadores de la Educación volvieron a sus aulas, y continuaron sus tareas bajo un compromiso que se cumplió en todos los casos: recuperar las horas de clase no dictadas. Hoy se habla de prolongar hasta enero el año escolar «para que los alumnos no se perjudiquen», pero ¿quien dictará esas clases? ¿No serán acaso los maestros que hoy están en huelga? Si les pagan entonces, no habrá ninguna «irregularidad» en el tema.
2.- La Representatividad legal.
Sobre todo algunas conductoras de programas de la TV han puesto énfasis en subrayar que esta huelga «carece de legitimidad» porque es convocada por un organismo «legalmente no reconocido». Esto, por cierto, basadas en el hecho que no es la dirección nacional del SUTEP la convocante de la acción, sino el CONARE, un organismo «no reconocido». Esa idea ha sustentado otra: «no se puede dialogar con un organismo que legalmente no existe».
Las huelgas responden a la voluntad de los trabajadores. Y sus organizaciones representativas -que las decretan- nunca fueron reconocidas desde un inicio. Al contrario, fueron legalizadas como consecuencia de duras luchas sociales. La misma CGTP, refundada en junio de 1968, fue reconocida legalmente sólo en enero de 1971. Sus acciones de lucha anteriores, y su participación activa en las movilizaciones laborales de entonces, ¿fueron ilegales?. Por cierto que no. Fueron admitidas al margen de un debate formal, como realidades objetivas; y las autoridades debieron discutir y tratar con los representantes de los trabajadores, independientemente de su inscripción, o no, en los registros formales.
Muchas veces, la inscripción, o el reconocimiento de estructuras sindicales, fue posterior a duras luchas libradas por los trabajadores en todos los niveles. Los ejemplos abundan.
3.- Los «sesenta días de conflicto»
Una huelga magisterial que dure «sesenta días» -se ha dicho- hará que los niños pierdan inexorablemente al año escolar. Y esto, afectará a «los más pobres», que estudian en los establecimientos del Estado. Aquí hay falsedades, pero también mensajes.
Los maestros del Cusco fueron los que iniciaron su huelga el 17 de junio de este año. Pero la levantaron. Y ahora están trabajando. En otros lugares de país, la huelga se inició más tarde, y de manera escalonada. Hoy los huelguistas más antiguos» cumplen 38 días, pero otros apenas tienen un par de semanas. Lo que ocurre, es que el conflicto se ha extendido por la inopia del gobierno, y no por culpa de los sindicatos. De eso, hay que ser conscientes.
Por lo demás, el «mensaje» es claro: Hay que matricular a los niños en los colegios privados. Así no se perjudicaran » por las huelgas de los maestros.
4.- El «diálogo».
Todos coinciden en señalar que en el Diálogo está la solución del problema. Lo que ocurre es que objetivamente el gobierno no quiere dialogar. Puede entenderse que, en otros países, o en otros escenarios, haya sido preciso -y hasta útil- «dialogar» a través de intermediarios o en «cuartos separados». Pero en el Perú nunca ha ocurrido eso. Y mucho menos en materia de conflictos laborales. El Trato Directo, la Junta de Conciliación o el abordaje del tema por las altas autoridades del sector, ha sido siempre una práctica. En los años de Velasco Alvarado, el general Sala Orosco -ministro de Trabajo- recibía a los trabajadores en huelga y a los empresarios, y resolvía «cara a cara» los conflictos sociales. Incluso, Juan Velasco recibió a los maestros con Horacio Zevallos al frente, aunque el SUTEP no estaba legalmente reconocido.
Que PPK se haya reunido con quienes no estàn en huelga para que se comprometan a levantar una huelga que no hacen, raya en lo patético. Pero que, adicionalmente, la Ministra de Educación no quiera tratar con los dirigentes de la huelga magisterial, linda ya en el extremo del ridículo.
5.- La Evaluación.
Se ha dicho hasta la saciedad que los maestros «rechazan la evaluación». Habría que decir, en primer lugar, que esa evaluación no se justifica. ¿Alguien «evalúa» a los Médicos, a los ingenieros, o a los economistas, cuando ejercen su profesión? Los Maestros -como todos los otros profesionales- reciben una formación académica que los faculta para ejercer la docencia. Pueden ser capacitados -o recibir cursos de perfeccionamiento para su función- pero aprueban esos cursos. No tienen que someterse a ninguna «evaluación» adicional. Ella, sin embargo, se ha «institucionalizado».
Cabe preguntarse si un medico es inhabilitado para ejercer su profesión si no cura a los enfermos que trata; si un abogado pierde su carrera porque no gana tres juicios consecutivos; si un Juez se va a su casa porque no resuelve tres casos pendientes; o si un Fiscal es destituido porque no abre instrucción contra ciertos acusados. ¿Por qué entonces se quiere inhabilitar a un maestro? Si el Estado lo formó insuficientemente, debe suplir esa deficiencia y formarlo bien. Por lo demás es ridículo ponerse en el extremo de lo que pasa si los maestros «no aprueban tres veces su evaluación». Eso podría ocurrir en un caso, o en dos; pero miles de maestros no sólo que no necesitan ser evaluados, sino que hasta podrían darse el lujo de evaluar a funcionarios del Ministerio de Educación que no distinguen entre San Martín y Bolívar, ni saben quién proclamó la a Independencia del Perú en 1821.
Temas como otros podrían ser simples paparruchadas -como aquello que la «huelga es política». Pero todos deben ser enfrentados con claridad y firmeza. La justa causa de los Maestros, habrá de vencer.
Gustavo Espinoza M. es miembro del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera. http://nuestrabandera.lamula.
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