Dirigentes ambientalistas presentaron el día 26 de noviembre una demanda en Ecuador en contra de la empresa petrolera British Petroleum por el derrame producido en abril en el Golfo de México. Vandana Shiva (India), Nnimmo Bassey (Nigeria), Ana Luz Valdés (Colombia) y Alberto Acosta (Ecuador) presentaron la demanda ante la Corte Constitucional local. La Constitución […]
Dirigentes ambientalistas presentaron el día 26 de noviembre una demanda en Ecuador en contra de la empresa petrolera British Petroleum por el derrame producido en abril en el Golfo de México. Vandana Shiva (India), Nnimmo Bassey (Nigeria), Ana Luz Valdés (Colombia) y Alberto Acosta (Ecuador) presentaron la demanda ante la Corte Constitucional local. La Constitución ecuatoriana reconoce los «derechos de la naturaleza», por lo que los demandantes abogan por el uso de la figura de «jurisdicción universal», usada en crímenes contra la humanidad, para procesar a la firma petrolera en el país. Los demandantes exigen que la compañía repare los daños causados, que deje en el subsuelo una cantidad equivalente al crudo derramado y que suspenda sus exploraciones en la zona.
No piden compensaciones económicas puesto que consideran que el daño producido es «inconmensurable». La demanda es inédita y se espera que genere repercusiones a nivel internacional a días de empezar la conferencia sobre cambio climático de Naciones Unidas en Cancún.»Es el primer caso que se presenta en el mundo contra una empresa por el tema de violentar los derechos de la naturaleza», aseguró el miembro de la organización Acción Ecológica, Benito Bolaños.
La india Vandana Shiva, una de las demandantes, indicó en una rueda de prensa que «no se pueden obviar los derechos de la naturaleza» y se mostró esperanzada de que esta demanda «provoque otros procesos» similares en otras partes del mundo. La líder ecofeminista remarcó que el «primer paso era plasmar los derechos de la naturaleza y el segundo es este juicio» para que estos derechos «sean reales». Según el texto de la demanda, esta se puso en Ecuador porque es el «único país que reconoce el sujeto naturaleza» y sus derechos en la Constitución y se pide que sea la Magistrada Nancy Pacari la que lleve el procedimiento porque es «una mujer indígena (…) hereditaria de la sabiduría de los pueblos originarios».
Por su parte, la abogada colombiana Diana Murcia, otra de las demandantes, explicó que lo que se pide es que BP informe «de lo que pasó y de lo que está pasando» en el golfo de México a consecuencia de este derrame petrolero. Murcia señaló que piden que «BP y las petroleras se abstengan de continuar las exploraciones en aguas profundas» y pidió a Estados Unidos que restablezca la moratoria para que no se pueda explorar en el golfo de México.»También pedimos una compensación, pero los pueblos del sur no queremos una compensación económica, el dinero no puede pagar este desastre, queremos que BP deje represado una cantidad de crudo equivalente a la derramada», resaltó Murcia.
El nigeriano Nnimmo Bassey, demandante y presidente de Amigos de la Tierra Internacional, afirmó que visitó la zona del desastre y pudo comprobar que BP mintió sobre el impacto ambiental que causó el derrame que, a su juicio, se podría haber evitado si la empresa hubiera tenido un plan de acción frente a situaciones como estas. Desde su punto de vista, hechos como estos «no pueden quedar impunes» y se tiene que luchar para que «no se repiten», por lo que propuso que se cree «una Corte Internacional para los crímenes contra la naturaleza».»Apelamos al principio de jurisdicción universal que consta en el art.426 de nuestra Constitución», dijo Blanca Chancoso, activista indígena kichwa. Esta normativa permite a cortes nacionales juzgar situaciones que ofenden la conciencia de la humanidad.
Por su parte, Patricio Pazmiño, presidente de la Corte Constitucional, afirmó que este caso constituye un desafío para el sistema de justicia del Ecuador. «Se trata de un caso sin precedentes, único en su género. En primera instancia, este proceso irá a una Comisión de Admisión».
Joan Martínez Alier, experto a nivel mundial de la Universidad de Barcelona y fundador de la ecología política, ha comentado al Observatorio SELVAS que «Un grupo de los ecologistas más famosos del mundo, ecologistas del Sur, se han reunido en Quito pocos días antes de la reunión de Naciones Unidas en Cancún, México, sobre cambio climático, para pedir que disminuya la extracción y quema de extracción de combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas) por los efectos que tiene en la produccion de dióxido de carbono y por los daños terribles que produce esa extracción en muchos lugares del mundo. Desde Nigeria vino Nnimmo Bassey, un líder de la lucha en el Delta del Niger contra la Shell. De Ecuador estaban las representantes de Acción Ecológica, que han batallado 25 años contra la Texaco-Chevron. También estaba el economista y ex-ministro Alberto Acosta quien logró introducir los Derechos de la Naturaleza en la Constitución de Ecuador. De la India vino Vandana Shiva, una figura de los Foros Sociales Mundiales. Todos ellos se dirigieron a la Corte Constitucional de Ecuador entablando una demanda con British Petroleum, para llamar la atención mundial sobre el cambio climático, y para defender los derechos de los pueblos a vivir en paz sin amenazas de las industrias extractivas y para defender los Derechos de las Naturaleza».
El economista Oscar Ugarteche, experto a nivel mundial en tema de deuda externa, ha comentado al Observatorio SELVAS que » que es una idea audaz. Supongamos que falla favorablemente el tribunal constitucional ecuatoriano, ¿Cómo impone la sanción fuera de su territorio? En un caso criminal detienes al sentenciado via interpol. ¿En este caso cómo sería? Audaz y complejo, sería mi comentario. Sospecho que hay que presionar por la c reación de un tribunal internacional contra delitos del ambiente, o algo así».
Sosteniendo que los desastres ambientales son crímenes contra la humanidad. La Academia Internacional de Ciencias del Ambiente de Venecia y sus Presidentes Adolfo Pérez Esquivel e Antonino Abrami, han lanzado en 2009 la campaña mundial para constituir la Corte Penal Internacional del Medio Ambiente, con el apoyo de Martin Iglesias, presidente del Observatorio SELVAS (http://www.justiceforplanetearth.org/index.php?lang=3).
Jose Augusto Padua, animador de la Red Brasilera de Justicia Ambiental y docente de la Universidad de Rio de Janerio, ha comentado al Observatorio SELVAS que «l o que puedo decir es que creo que es un hito en lo que llamamos «globalización alternativa», es decir, el uso creativo de la dinámica y las instituciones internacionales para fortalecer la democracia planetaria, derechos humanos y los derechos de la naturaleza. El reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza también tiene gran valor histórico y jurídico. También parece importante tener un caso ocurrido en el Norte del Planeta a los tribunales de un país en el Sur, revelando que los países mas ricos tienen obligaciones morales con relación a la humanidad en su conjunto,especialmente, las mayorías pobres.
Italia reitera apoyo a la Iniciativa Yasuní ITT – Ecuador
La Ministra Coordinadora de Patrimonio María Fernanda Espinosa, junto a un equipo técnico de la Iniciativa Yasuní ITT, mantuvo varias reuniones en Italia con el objetivo de realizar la promoción de esta propuesta del Ecuador en este país europeo a finales de noviembre.
Entre las reuniones más destacadas que mantuvo la delegación se encuentra una cita con el viceministro de Asuntos Exteriores de ese país, Vincenzo Scotti, su equipo de colaboradores y funcionarios de la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo del Ministerio de Finanzas y del Ministerio de Ambiente italiana. El objetivo fue negociar y ajustar los detalles de un canje de la deuda que el Ecuador mantiene con ese país para apoyar a la Iniciativa Yasuní ITT. El Viceministro Scotti confirmó de esta forma el apoyo italiano este proyecto emblemático del Gobierno del Presidente Correa. Los funcionarios italianos señalaron que pese a las dificultades económicas que atraviesa Italia y en general Europa, el Ministerio de Finanzas italiano ha dado su consentimiento al canje de una porción de la deuda que nuestro país tiene con Italia. La deuda pública con el país europeo alcanza los 58 millones de dólares de los cuales 35 millones podrían entrar a la Iniciativa Yasuní ITT como parte del mencionado canje.
Scotti señaló además que Italia colaborará además con la Iniciativa en la búsqueda de una respuesta común de apoyo por parte de la Unión Europea. Las conversaciones incluyeron también una posible contribución de empresas privadas italianas a la Iniciaitva, así como también el interés de los italianos en colaborar con el intercambio de tecnologías en energías renovables con el Ecuador.
El canje de deuda negociado por los negociadores ecuatorianos encabezados por la Ministra Espinosa junto al Sr. Bisrat Aklillu, director de fondos fiduciaros del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es una contribución importante para el funcionamiento del fondo de la Iniciativa Yasuní ITT que busca dejar bajo tierra el 20% de las reservas petroleras de los campos Ishpingo, Tambococha, Tiputini del Parque Nacional Yasuní. La Ministra Espinosa, acompañada por el Prof. Carlos Larrea, director científico de la Iniciaitiva, del Sr. Tarsicio Granizo, subsecretario del Ministerio de Patrimonio, se reunieron también con representantes de las organizaciones no gubernamentales italianas Green Cross, ASUD, Federparchi y FOCSIV, que también manifestaron su apoyo a la Iniciativa. Durante este viaje al Ministra Coordinadora de Patrimonio mantuvo citas con miembros de la Comunidad de San Egidio, quienes reiteraron su apoyo al gobierno ecuatoriano y a la Iniciativa, manifestando que el Yasuní, además de su riqueza natural y cultural, fue el área de trabajo de Monseñor Labaka, mártir de la iglesia católica, quien muriera en manos de los pueblos no contactados del Yasuní en 1987.
La Comunidad de San Egidio es un movimiento de laicos al que pertenecen más de 50.000 personas, comprometidas en la evangelización y en la caridad en Italia y en más de 70 países de diferentes continentes. El Sr. Giovanni Impagliazzo, uno de sus portavoces, manifestó a la Ministra Espinosa su apoyo para ver la forma de apoyos económicos desde la sociedad civil y desde el mismo Vaticano.
Hay que recordar que Italia se comprometió a entregar a Ecuador unos 35 millones de dólares como apoyo a su proyecto ambientalista Yasuní-ITT, que busca dejar sin explotar un yacimiento petrolero en la Amazonía, informó la Cancillería en Quito en el septiembre pasado. Ese compromiso surgió el pasado martes durante una reunión entre el vicecanciller ecuatoriano, Kintto Lucas, y el subsecretario de Relaciones Exteriores de Italia, Vincenzo Scotti, precisó la Cancillería en un comunicado. Italia prometió entregar el aporte a través del proceso de «canje de deuda» que mantiene con Ecuador desde hace varios años como mecanismo de apoyo al desarrollo, por el cual el país europeo reduce el volumen de dinero que la nación andina le adeuda. El monto será depositado en un fideicomiso internacional creado recientemente por Ecuador y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que servirá como depósito de los aportes internacionales para echar a andar la iniciativa. El proyecto busca dejar bajo tierra un enorme yacimiento petrolífero ubicado en el Parque Nacional Yasuní, considerado uno de los sitios con mayor concentración de biodiversidad del planeta. Además, la iniciativa evitaría la emisión de más de 400 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, que se calcula generaría el uso del crudo extraído del Yasuní. Italia «acogió favorablemente la propuesta ecuatoriana y se comprometió a asumir y difundir la iniciativa como una propuesta fundamental ‘post Kioto’, teniendo en cuenta el tema de la contaminación «neta evitada», señala el comunicado de la Cancillería. Ecuador asegura que su proyecto es pionero y contribuye a evitar la emisión de gases de efecto invernadero, como lo establecen varios acuerdos internacionales, entre ellos el Protocolo de Kioto de 1997, que expirará en 2012. La propuesta ecuatoriana incluso prevé ser llevada al seno de la Unión Europea, con el objetivo de que haya un pronunciamiento como bloque y no sólo a nivel de cada país. Alemania, España, Japón, Italia y Chile, entre otros países, se han comprometido a apoyar la iniciativa de Ecuador, que pide una compensación de, al menos, la mitad de los recursos que obtendría si extrajera el crudo de los campos Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT). Para el vicecanciller ecuatoriano Kintto Lucas, «es importante que un país como Italia asuma la propuesta y que la consideren como una de las más claras que han surgido después de los acuerdos de Kioto». Sin embargo, el Gobierno ecuatoriano ha aclarado que si no logra al menos 100 millones de dólares en aportaciones económicas a la Iniciativa hasta diciembre de 2011, y los 3.600 millones en 13 años, procederá a explotar el ITT, con las mejores tecnologías disponibles, para minimizar el impacto ambiental en el Yasuní.
Hugo Arias Palacios, Presidente de la red latinoamericana LATINDADD (www.latindadd.org) y Coordinador de Jubileo 2000 Red Guayaquil, ha comentado al Observatorio SELVAS que «respecto a la noticia de los medios de que » Italia dará a Ecuador 35 millones dólares para plan ambientalista Yasuní-IT», en un primer momento los que integramos Jubileo 2000 Red Guayaquil, la recibimos con mucha satisfacción, pero luego nos percatamos de que dicha donación se inscribe en los mecanismos de canje de deuda y que existe la probabilidad de que se trate de un tramo calificado de deuda ilegítima por la Comisión de Auditoría Integral de Crédito Público en su informe entregado oficialmente al Presidente Rafael Correa el 20 de noviembre del 2008. Esperamos que la Cancillería Ecuatoriana nos confirme de que dicho canje no incluye deudas ilegítimas, de lo contrario estaría dando pié atrás a su posición en firme de no aceptar canjes de deudas calificadas de ilegítimas y desde ya declaramos nuestra oposición a dicho canje.
Debemos recordar que la Comisión de auditoría Integral de Crédito Público del Ecuador, creada por decreto ejecutivo No. 472 el 9 de julio 2007, luego del análisis del crédito concedido por el Gobierno de Italia al Gobierno de Ecuador por un monto aproximado de 58 millones de dólares, en noviembre de 1995, para la construcción de la ‘Central Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind’, ubicada en la Presa Daule Peripa, en el Litoral ecuatoriano, en base a la evidencias encontradas 1, calificó dicho crédito de ilegal porque viola principios jurídicos y mandatos de leyes ecuatorianas, del derecho internacional y de la legislación civil italiana, y de ilegítimo por la falta de buena fe e inequidad en la concesión, por los perjuicios ocasionados a la economía ecuatoriana, el atropello a derechos de los pueblos y la no prevención de impactos. En base a este informe, el Grupo Nacional de la Deuda de Ecuador -GND-, el Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), junto con las entidades italianas como Associazione delle ONG Italiane, European Network on Debt and Development, en carta dirigida al Ministro italiano Frattini en ocasión del seminario organizado en Roma el dia 9 de junio por la Ong Campagna per la Riforma della Banca Mondiale/ Mani Tese (www.crbm.org), solicitamos al Gobierno de Italia, proceda a declarar en forma urgente, unilateral e incondicionada la nulidad de esta deuda y la declaración definitiva de cancelado del saldo aproximado de 48 millones de euros. Tambien debemos recordar que en consultas planteadas por el GND al Ex Ministro de Relaciones Exteriores Fander Falconí y el Ministro actual Ricardo Patiño, ex presidente de la CAIC, se pronunciaron, cada uno en su momento, en contra del canje de deudas ilegítimas».
BRASIL, DEUDA Y EL GRITO DE LOS EXCLUIDOS
Desde hace 16 años, los movimientos sociales brasileros llevan adelante, en el día de la Patria, 7 de septiembre, el Grito de los Excluidos y Excluidas.
Un grito que nace de los más profundo de las realidades tapadas en las grandes ciudades, de las entrañas mismas de las favelas, de los rincones más alejados del campo, de los pobres, los excluidos, los miserables, que levantan su voz y preguntan: ¿Dónde están nuestros derechos?
Wansetto Rosilene – Jubileo Brasil ha comentado que «desde JUBILEO SUR/AMERICAS adherimos a este 16º Grito y al Plebiscito Popular por el límite a la Propiedad de la Tierra que se está llevando adelante a lo largo y ancho del país. Se está cumpliendo tambipén el décimo aniversario del primer Plebiscito Popular que se realizó en Brasil en septiembre del 2000. Esta fecha es un hito en la historia de Jubileo Sur/Jubileu Sul, porque fue la primer consulta sobre la Deuda que se llevo adelante, donde más de 6.000.000 de brasileros participaron y se manifestaron mayoritariamente por la realización de una auditoría participativa antes de continuar destinando recursos para el pago de la deuda. Ese fue el nacimiento de la Auditoría Ciudadana de la Deuda/Auditoria Cidada da Dívida.
Queremos hacer memoria del camino recorrido, justamente en estos 10 años que cumplimos como Jubileo Sur/Jubileu Sul, con la convicción, hoy más que nunca: ¡Qué la VIDA está antes que la Deuda! ¡no-debemos, no-pagamos!».
Rodrigo Avila, secretario de la Comision Parlamentaria de Auditoria de la Deuda de Brasil, ha comentado al Observatorio SELVAS que «Ivan Valente, proponente de la Comisión Parlamentaria de Inquerito de la Deuda, fue reelegido. Pero, desafortunadamente, no hay esperanza de que la nueva presidenta de Brasil Dilma haga la auditoria. Por otro lado, la fiscalía esta investigando los fuertes indicios de ilegalidad de la deuda brasileña descubiertos por la CPI, y los movimientos sociales van a continuar en la lucha». Para más informaciones respecto a Brasil, mirar el sitio web www.divida-auditoriacidada.org.br, en la seción «Noticias Diarias Comentadas sobre a Dívida».
El Observatorio SELVAS sigue pidiendo investigar el impacto de la deuda externa y social de Brasil con relación a la infancia y adolescencia trabajadora y de calle (ver: http://www.cadtm.org/Brasil-Apoyo-internacional-a-la).
FORO SOCIAL DE LAS AMERICAS
Laura Yanella – Jubileo Sur/Américas ha destacado que «una herramienta clave para llegar a determinar la ilegitimidad e ilegalidad de la deuda es la realización de auditorias». Varios países ya están avanzando en procesos de investigación. En el marco del IV Foro Social Américas JSA realizado en Asuncion junto a otras redes continentales se reunieron para realizar un balance de las experiencias recientes en materia de deuda.
Son los casos de Ecuador, con la auditoria oficial presentada a fines del 2008, la reciente auditoria llevada a cabo por la Comisión de Investigación (CPI) en Brasil, la auditoria que desde la Contraloría General de la Nación Paraguaya se viene realizando sobre el endeudamiento de la represa binacional Itaipú y el camino ahora abierto por la cámara de diputados en Argentina para establecer una comisión especial de investigación.
En el marco del IV Foro Social Américas se reunieron representantes de diversas redes continentales para realizar un balance de las experiencias recientes. Según Sandra Quintela, coordinadora de Jubileo Sur/Américas, «las experiencias en Ecuador, Brasil, Paraguay y ahora posible en Argentina son semillas para algo mas grande que es lograr la reparación de las deudas sociales y ambientales y sirven además para desenmascarar el mecanismo de la deuda». Los presentes coincidieron en que los procesos de auditoria no implican únicamente una investigación contable sino que pueden convertirse en un instrumento político y pedagógico para que más gente reconozca al endeudamiento como un mecanismo de dominación.
Ecuador, fue el primer país en desarrollar una auditoria integral de la deuda impulsada por un gobierno y con un carácter participativo de la sociedad civil. Conformó una comisión especial compuesta por miembros de diversas organizaciones nacionales y redes internacionales que luchan contra la deuda. Los resultados de endeudamiento ilegitimo fueron contundentes. Edgar Isch, integrante del Grupo Nacional de Deuda de Ecuador analizó sobre la importancia que tuvo la realización de dicha auditoria, no solo en su país, sino también para el resto del continente. Resaltó además el papel que cumplieron las organizaciones sociales durante el período que trabajó la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público (CAIC) y advirtió: «hay que movilizar a la población para que no solo la justicia se haga cargo, sino también para hacer una vigilancia de los nuevos procesos de endeudamiento, donde se pone en juego la capacidad financiera del estado y del país».
En Paraguay se está avanzando en la investigación sobre la deuda que históricamente reclama Brasil a dicho país producto de la construcción de la represa de Itaipú. El país guaraní ya planteo a su vecino la nulidad total de esa deuda ya que existen fundamentos para demostrar su origen espurio. Desde el año pasado y en el marco de las negociaciones que se abriendo entre los gobiernos de ambos países en relación al conflicto por Itaipú, la Contaloría General de Paraguay está revisando la documentación, tanto de Brasil como de Paraguay, sobre el endeudamiento generado por la megarepresa. El gobierno brasileño, por su parte, no se ha comprometido hasta el momento en realizar la investigación.
Recientemente se acaba de presentar en Brasil los resultados de una auditoria que realizó la Comisión Parlamentaria de Investigación de la Deuda (CPI). Ante dichos resultados organizaciones sociales demandaron que se profundice la investigación realizada, ya que se encontraron indicios de ilegitimidad en la deuda publica de Brasil «Debido al corto lapso de funcionamiento y a las diferentes limitaciones impuestas en la tarea de la CPI, las organizaciones demandan una auditoria de la deuda interna y externa y la completa identificación de los culpables», expresa el documento que difundieron la Auditoria Ciudadana de la Deuda y Jubileu Brasil. Rodrigo Ávila, integrante de la organización manifestó que la creación de la CPI constituyó un paso importante para conocer la verdad sobre la deuda. Destacó además, el aporte que significó la presión y la movilización que desde hace años vienen realizando organizaciones brasileñas. Cabe destacar que la campaña Jubileo Sur Brasil promovió en el año 2000, un plebiscito donde más de 6.000.000 de personas votaron por el no pago de la deuda.
Argentina, también parece comenzar a transitar el mismo camino. La organización Dialogo 2000 difundió en el Foro Social Américas, un comunicado donde demanda a la Cámara de Diputados que apruebe con celeridad el proyecto presentado para la creación Comisión de Investigación de la deuda. «Al avanzar en la investigación de la deuda pública argentina, la Cámara de Diputados sumará otro valioso antecedente a la experiencia que en la región se va acumulando en esta materia, que incluye la concreción de investigaciones parlamentarias de la deuda en Brasil y Perú, la auditoria iniciada en Paraguay, y la Auditoria integral y participativa realizada por el gobierno ecuatoriano, expresa el comunicado.
Cristiano Morsolin, operador de redes internacionales. Colabora con Latinadd, Jubileo Sur y CADTM. Trabaja en Latinoamerica desde 2001. Co-fundador del Observatorio SELVAS. Autor de varios libros entre los cuales: «Sobre la deuda ilegítima – Aporte para el debate» ONG Ciudad, Quito 2008.
LINK : www.flacsoandes.org/biblio/catalog/resGet.php?resId=30532
Nota:
1 Los hallazgos principales de la auditoria para este caso se sintetizan en los siguientes puntos:Crédito atado a la participación exclusiva en la construcción del proyecto de los consorcios italianos-ecuatorianos Ansaldo Energia S.P.A.; Impregilo S.P.A (Impresit-Girola-Lodigiani) y Equidor S.A. Se instalaron 3 turbinas que no cumplían con las características técnicas especificadas en el proyecto y con una capacidad tres veces mayor a la requerida por el caudal existente. Como consecuencia del sobredimensionamiento de la Central Hidroeléctrica, de contratos complementarios y reajustes de precios, el valor inicial que en 1993 era de 161.3 millones de dólares, pasó a 293.9 millones de dólares, al término del proyecto. Por la construcción de la obra, fueron desalojados 14.965 campesinas/os, que viven en extrema pobreza, sin agua potable, sin electricidad y con un elevado índice de analfabetismo.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.