Los profesionales y técnicos de la salud panameños están en huelga desde hace más de una semana. La razón: el gobierno pretende privatizar los servicios médicos. Tenemos que recordar que durante la década de los setenta del siglo pasado, Panamá no escapó del enorme endeudamiento de que fuimos víctimas los denominados países en vías de […]
Los profesionales y técnicos de la salud panameños están en huelga desde hace más de una semana. La razón: el gobierno pretende privatizar los servicios médicos. Tenemos que recordar que durante la década de los setenta del siglo pasado, Panamá no escapó del enorme endeudamiento de que fuimos víctimas los denominados países en vías de desarrollo de parte de las instituciones financieras internacionales. El dinero se sembraba a raudales y la corrupción se intensificó. Todos los proyectos que inventaban los gánsteres económicos servían de aliciente para pedir más dinero. Pero en la década de los ochenta, la fiesta se acabó y las instituciones bancarias pasaron la factura: había que pagar la deuda y no se tenía el dinero. Empezó el periodo de los ajustes estructurales: disminuir el tamaño del Estado, flexibilizar el trabajo, privatizar los bienes y servicios públicos, etc. Se inicio una desmedida competencia entre los países para atraer el capital foráneo, lo que implicaba, entre otros, la reducción de los salarios de los trabajadores. Todo a expensas del bienestar de las poblaciones. Entre esos mandatos se incluía la privatización de los fondos de pensiones de los asegurados y la privatización de los servicios médicos. El más obediente fue el dictador Augusto Pinochet quien lo hizo de un sablazo. Pocos años después empezaron a aparecer en las listas de los hombres más ricos del mundo empresarios chilenos a quienes se les dio la concesión de administrar los fondos de pensiones y la atención de salud en sus países.
En Panamá los primeros en incluir en sus agendas esas privatizaciones fueron los militares, pero gracias a los gremios médicos que alertaron a la comunidad sobre el significado de esas acciones, las intenciones se tuvieron que engavetar. Se tenía que establecer una nueva estrategia: desprestigiar a los médicos, campaña que se inició en 1994 cuando el actual presidente Ricardo Martinelli Berrocal, era Director de la Caja de Seguro Social. Su mensaje de que los médicos no cumplían sus horarios fue aprobado por mucha gente. Para él todo el complejo proceso de salud-enfermedad empezaba y terminaba con el horario de los profesionales. Pocos años más tarde los médicos llegaron a comprobar que las verdaderas intenciones de Martinelli Berrocal era crea una entidad financiera, manejada por él, para administrar privadamente los 1,500 millones de dólares de los fondos de Invalidez, Vejez y Muerte de los asegurados. Para eso se tenía que tirar una cortina de humo. Esas denuncias médicas, acompañada de una huelga, hizo que se expulsara a Martinelli Berrocal de la institución, pero las campañas de desprestigio y de fragmentación del gremio no cesaron. Las condiciones estaban dadas. Al llegar Martinelli Berrocal a la Presidencia nombró a Guillermo Saenz- Llorens como Director de la Caja de Seguro Social quien dio inicio a un deterioro progresivo de las prestaciones médicas: falta de equipo y de insumos, aunado a brotes de enfermedades nosocomiales como nunca se había visto en nuestros hospitales y la falta de organización de la gestión y de la atención médica. El mensaje que se le quería enviar a la población era que el sistema público estaba incapacitado para manejar la atención de los pacientes.
Cuando el gobierno pensó que se podía llevar a cabo los mandatos de las Instituciones Financieras Internacionales, movió dos fichas en esa dirección. Primero, convocar para el 3 de octubre de este año a una licitación para entregarles la administración de la nueva Ciudad Hospitalaria a las corporaciones privadas, acto que viola de manera flagrante la ley 51 de 2005 que prohíbe la privatización de cualquier servicio que la institución pueda proveer. En segundo lugar, con el señuelo de que los profesionales y técnicos de la salud van a trabajar en las áreas de difícil acceso, aprobó una ley para la contratación de personal extranjero. Los profesionales y técnicos de la salud han aclarado que no los impulsa ningún sentimiento xenofóbico, sino que se garantice dos condiciones: que se contraten a personal extranjero cuando las plazas no son ocupadas por nacionales y segundo, que se asegure que los que vienen a trabajar tengan una preparación similar a los nacionales, lo que asegura una atención de calidad a la población. Está muy reciente el caso de una ginecóloga extranjera que trabajó en la capital de una provincia y dejó morir por negligencia a una parturienta y a varios fetos. Actualmente está detenida.
Pero resulta que no hay coincidencia entre el discurso de las autoridades y lo que está escrito en la ley, ya que en ningún artículo de la misma se señala que el personal extranjero va a trabajar a esos lugares. Lo que, en resumen, persigue el gobierno es entregarle al sector privado la administración de todas las instalaciones de salud del país, para que lucren sin cortapisas. El abrir las puertas a los extranjeros es con el propósito de contratar al personal de salud a los más bajos salarios sin garantizar la calidad de atención. De concretarse esos propósitos, las grandes favorecidas son las corporaciones privadas y la gran perdedora es la población, una vez más.
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