Otra vez los panameños enfrentamos una controversia con importantes intereses extranjeros, acerca de nuestro derecho a decidir sobre los recursos del país, y sobre el deber de rechazar toda pretensión de saquearlos o chantajearnos. Esos que ahora lo pretenden están lejos de ser los adversarios más fuertes y hábiles que hemos sabido atajar. Somos un […]
Otra vez los panameños enfrentamos una controversia con importantes intereses extranjeros, acerca de nuestro derecho a decidir sobre los recursos del país, y sobre el deber de rechazar toda pretensión de saquearlos o chantajearnos. Esos que ahora lo pretenden están lejos de ser los adversarios más fuertes y hábiles que hemos sabido atajar.
Somos un país pequeño con una ubicación estratégica que las grandes potencias -y distintas transnacionales- han codiciado. Rescatar y defender su integridad territorial y autodeterminación, así como la soberanía sobre sus recursos y la ruta transístmica, siempre ha exigido el sentido de la nacionalidad que Justo Arosemena representó durante la dura controversia del Estado Federal contra la prepotencia y abusos de la compañía del ferrocarril. Un sentido que combina firmeza y astucia o, como García Márquez dijo de Torrijos ante los gringos, una mezcla de mula con tigre.
No podemos defender la patria con el ronquido de nuestros ejércitos ni el poder de nuestra economía. Pero sí con el dominio del derecho y de los mecanismos, meandros y oportunidades de su instrumentación, juntando integridad, perspicacia negociadora y el apoyo social necesario para lidiar con éxito a contrincantes que disponen de recursos monetarios y mediáticos con qué alquilar cipayos, tergiversar los hechos y meter caballos de Troya.
En la controversia con el grupo encabezado por Impregilo y Sacyr, el equipo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha sido lúcido, firme y eficaz en el manejo de un asunto legal y financieramente complejo, en el que no cabe cometer errores de sustancia ni de forma. Quienes compartimos sentido de identidad y compromiso nacional, podemos sentirnos satisfechos; en un país donde ya todo parecía echado a perder, el ejemplo de la ACP vuelve a darnos algo de qué enorgullecernos. Por eso otros se empeñan en desacreditarla.
¿Pero qué es lo que el mundo sabe de lo que aquí está sucediendo? Las agencias de prensa responden a las políticas informativas de sus editores, y sus corresponsales a veces no entienden qué es lo que pasa detrás de las apariencias. Por eso esclarecer la opinión pública local, continental y europea es una parte vital del asunto, pues la continuidad de la mejor información resulta indispensable para fortalecer la movilización solidaria -nacional e internacional- que nuestro país requiere.
Por ejemplo, es preciso dejar claro que el Canal de Panamá no tiene ningún problema. Los panameños lo hemos modernizado y ahora es más eficiente, seguro y rentable que nunca, para la inmensa mayoría de los barcos del mundo, aunque pronto cumpla 100 años. Tanto así que el pasado trimestre implantó nuevos records de tránsitos, tonelaje y ganancias. Por ello la ACP es una institución autónoma con gran fortaleza financiera. Quien tiene problemas es otro. La terminación de la ruta ensanchada, paralela al viejo Canal, está atrasada por las ineficiencias operativas y las desmesuras financieras del consorcio a cargo de la obra. Y encima quiso amenazar al país con paralizar los trabajos, y ahora se percató de que la ACP puede concluir la obra por sí misma, y que está dispuesta a hacerlo.
Todavía algunos corresponsales repiten la cantinela de que el consorcio basa sus demandas en un supuesto sobrecosto de 1,600 millones de dólares. Pero esta es una cuantía fantasiosa, que unos pícaros inventaron para intentar un regateo, sin que nunca hayan podido sustanciar esa cifra. Como también cierta prensa insiste en las pérdidas de los puertos que invirtieron para poder recibir los grandes barcos que transitarán por la ruta ensanchada, pasando por alto que la demora no la originó la parte panameña, sino las ineficiencias de campo del consorcio y la malandrina ocurrencia de bajar el ritmo de las obras, y hasta detenerlas, para presionar a la ACP. O bien repiten que el atraso de la obra le restará ingresos al país, sin cuantificar las pérdidas que costaría ceder al chantaje del consorcio.
Tampoco cuentan esos corresponsales que no fue la ACP quien redujo el número de trabajadores, paralizó a los subcontratistas y al cabo suspendió las labores, sino el consorcio. Así que es este quien debe responder ante los correspondientes reclamos del movimiento obrero, por las prestaciones y salarios que los trabajadores están dejando de percibir.
Bien señala Jorge Quijano, el administrador del Canal, que la ACP puede manejar exitosamente la intrincada instrumentación jurídica y cada uno de los plazos de la controversia, porque tiene toda la verdad a su favor. Sin embargo, vale recordar que la verdad solo prevalece cuando es ampliamente conocida, pues así es como puede iluminar las voluntades de millones de ciudadanos.
Nils Castro. Escritor, diplomático, profesor.
Fuente: http://alainet.org/active/71221