«…Y es que, si quieren meter preso a Alan, éste va a plantear que, con el mismo criterio que lo quieren encarcelar (partido político como asociación ilícita para delinquir, colaboradores eficaces y dinero de Odebrecht), también deberían estar presos Toledo, Ollanta-Nadine, PPK, Susana, y hasta el propio Vizcarra. Pero como éste último está en el […]
«…Y es que, si quieren meter preso a Alan, éste va a plantear que, con el mismo criterio que lo quieren encarcelar (partido político como asociación ilícita para delinquir, colaboradores eficaces y dinero de Odebrecht), también deberían estar presos Toledo, Ollanta-Nadine, PPK, Susana, y hasta el propio Vizcarra. Pero como éste último está en el poder político, y los antes mencionados son aliados del gobierno, pues, probablemente no les pase nada (aunque la crisis es tan compleja que los poderes facticos pueden decidir que Ollanta, PPK, Susana o Castañeda vayan presos)…», redactamos en una nota anterior (Las «Bombas» de Vizcarra, 29/03/19).
Y el resultado de los acontecimientos nos dio la razón. El establishment, con su agente y fiscal celebrity Domingo Pérez, decidió, «detener preliminarmente» por diez días a PPK por el affaire Odebrecht (pero sin expropiar sus bienes y cuentas en el extranjero producto de la corrupción), cuando éste fue Ministro del prófugo Toledo. Y como si estuviéramos viviendo una novela surrealista, los fujimoristas que le tendieron una trampa a PPK para vacarlo, ahora, salen en su defensa. Pero estas no son más que parte de las contradicciones de una crisis que se retroalimenta de la misma crisis.
Y como en política no hay casualidades esta detención se da justamente en medio de una crisis de poder en Las Bambas (con comunidades en huelga quebrando el Estado de Sitio y con una tendencia a la rebelión popular en toda la macrosur), que aceleró el complejo y contradictorio Pacto en las alturas con el aprofujimorismo, y que obligó al semibonapartista Vizcarra a rodar la cabeza de su ex jefe involucrado también en la corrupción con la empresa China (siendo éste dueño de la empresa Servosa que es una de las encargadas del transporte de carga minera pesada en la carretera cuestionada), como una señal de recuperación de la confianza del pueblo apurimeño y a la vez de «bloqueo» del populorum peruano angustiado por la corrupción del régimen y una economía «enfriada».
«…Si Vizcarra quiere una solución pacífica tendría que liberar al dirigente o exigir la renuncia de su ministro de energía y minas para dar una señal de diálogo…», señalamos en la misma nota planteada líneas arriba (29/03/19). Y es que al final, al ver el gobierno, que el único interlocutor válido, estaba preso, tuvieron que liberar al dirigente Gregorio Rojas, demostrando objetivamente que la justicia es manejada con intereses políticos desde el poder.
La estrategia político-judicial del vizcarrismo opera como una suerte de imponer una salida a la crisis en Las Bambas (que tenía semiparalizado al gobierno) y recuperar la iniciativa para darle una salida negociada o en su defecto represiva a la misma, y relanzar su discurso neoliberal de «Perú país minero».
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.