Hay que valorar la trascendencia política, social y cultural que tiene el acto de reconocimiento de parte del gobierno a los mártires de la UCA. Pensemos en la relevancia que tiene precisamente eso, el reconocimiento. Tras el reconocimiento en cuanto tal, hay matices importantes. Sobre esto, plantea Joel Anderson, en su prólogo a La lucha […]
Hay que valorar la trascendencia política, social y cultural que tiene el acto de reconocimiento de parte del gobierno a los mártires de la UCA. Pensemos en la relevancia que tiene precisamente eso, el reconocimiento. Tras el reconocimiento en cuanto tal, hay matices importantes. Sobre esto, plantea Joel Anderson, en su prólogo a La lucha por el reconocimiento, de Axel Honneth, lo siguiente. «Tal como las luchas sociales de las últimas décadas lo han aclarado, la justicia demanda algo más que la mera distribución justa de los bienes materiales. En el caso de que hubiera conflictos de intereses que estuvieran justificados, una sociedad seguiría estando aquejada de una deficiencia normativa en la medida en que a sus miembros se les niegue el reconocimiento que merecen. Frecuentemente, se les ha negado sistemáticamente el reconocimiento al valor de la cultura y de las formas de vida, al valor como personas y a la inviolabilidad de la integridad física de los miembros de los grupos marginados y subalternos. De forma más impactante en las políticas identitarias, las luchas de estos grupos por el reconocimiento han terminado por dominar el panorama político»
Podríamos disentir con lo anterior, en el sentido de recalcar que también la «mera distribución justa de los bienes materiales» resulta cardinal para la justicia, sin caer, por ello, en reduccionismos económicos de las luchas sociales. Lo interesante de la cita es que tras la lucha por el reconocimiento está la lucha por el reconocimiento de la dignidad humana. El reconocimiento oficial de la dignidad de las víctimas de la matanza del 16 de noviembre de 1989 implica romper con una tradición, también oficial, de negación sistemática de estas víctimas. De negación o, aún más peligroso, de relativización del dolor de dichas víctimas.
Los responsables y los beneficiarios de la impunidad se han negado sistemáticamente a avanzar en el reconocimiento de la dignidad de las víctimas. Utilizaron el aparato diplomático del país para proteger a los victimarios y se burlaron de las sentencias de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno de sus argumentos preferidos es que acciones como: a) recordar a las víctimas; b) pedir perdón y c) hacer justicia es «abrir heridas». Las heridas están abiertas y no precisamente del lado de ellos. Lo que sí hacen el recordar, reconocer y reivindicar a las víctimas es abrir posibilidades para el país.
Como decía Pedro Geoffroy Rivas en su poema «Vida, pasión y muerte del Antihombre», «Vivimos sobre una base falsa,/ cabalgando en el vértice de un asqueroso mundo de mentiras». Podríamos decir que la base de ese mundo mendaz es la impunidad, que no es otra cosa que la perpetuación del dolor de las víctimas, día a día.
Puede decirse, y creemos que con justa razón, que «más que condecoraciones, necesitamos saber la verdad sobre el asesinato de los sacerdotes jesuitas» ( http://pijazo.blogspot.com/
Sin embargo, entre esta burla y lo que se está haciendo actualmente, hay muchas diferencias. La condecoración de los familiares de los jesuitas fue un primer paso, al que le siguió el anuncio oficial de que se pedirá perdón en nombre del Estado salvadoreño. A ello también se le ha sumado la apertura del caso en las cortes españolas. Esto último, puede decirse, ya no se relaciona directamente con el gobierno. En realidad, sí hay mucha relación. En el pasado, un anuncio de esta naturaleza hubiera sido descalificado por el gobernante de turno, quien aduciría el manido argumento de «esto es abrir heridas del pasado», y quien habría puesto en marcha el aparato mediático, político y diplomático para proteger a los responsables del crimen. No es este el caso.
El partido ARENA, sumido en una crisis política que parece terminal, ha intentado disipar la atención promoviendo la interpelación del ministro del Interior. Pero sucedió el caso del interpelador interpelado.
Por eso, pensamos que esto es un paso del reconocimiento a la revolución. El desmontaje de las estructuras de impunidad es parte de la revolución que el país necesita. Esto no se dará solamente por decreto oficial. Se dará precisamente por la lucha de la sociedad salvadoreña por la verdad y la justicia. Todos estos signos de esperanza que estamos presenciando son el resultado de décadas de luchas sociales y políticas.
http://luis-alvarenga.
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