En el primer departamento donde se implementó un programa que cumple con la ley de envases y provee empleo formal para clasificadores, los trabajadores realizan sus 40 horas semanales en condiciones precarias, casi las mismas que hace una década. Sufren incendios y robos sistemáticos del material y nadie se hace cargo de su seguridad. ¿Cómo […]
En el primer departamento donde se implementó un programa que cumple con la ley de envases y provee empleo formal para clasificadores, los trabajadores realizan sus 40 horas semanales en condiciones precarias, casi las mismas que hace una década. Sufren incendios y robos sistemáticos del material y nadie se hace cargo de su seguridad. ¿Cómo es ganarse la vida a partir de los desechos?
Tu Envase nos Sirve (Tens): así se llama el programa de gestión de residuos que abarca envases no retornables, desde las botellas y bolsas de plástico, hasta cajas de cartón y hojas de papel descartadas en grandes contenedores colocados en supermercados y comercios, o desechadas por empresas importadoras o fabricantes de envases. Hace 11 años comenzaba implementarse este programa en Canelones, convirtiéndose en el departamento pionero en aplicar la ley de envases (número 17.849) aprobada en 2004.
Hacía un calor similar al de ahora. Era 15 de enero de 2007 y 21 clasificadores informales pasaban a ser «requecheros con patente», al decir del presidente de la cooperativa Ave Fénix, Gustavo Sica. En esa fecha comenzaron a trabajar en la Costa de Oro, y se constituyeron jurídicamente como cooperativa social el 27 de junio de 2008. Empezaron en el predio donde hoy funciona el Costa Urbana Shopping. Cuando ese «no-lugar» se erigió como epicentro del consumo para la Ciudad de la Costa, fueron trasladados al Parque Roosevelt. En setiembre de 2016, como parte del reacondicionamiento del parque por su centenario, Ave Fénix fue nuevamente trasladada, ahora a un galpón en Paso Carrasco, con techo de chapa sin canaletas que atajen las fuertes lluvias que inundan el local, con tuboluz colgando precariamente de unos cables, con una entrada lateral angosta que no permite la correcta descarga de los camiones.
A pesar de que se ven extinguidores de fuego, este local no tiene habilitación de Bomberos. «Está en trámite», aclaró a Brecha Carlos Grille, gerente del Área de Recuperación y Reciclaje de la Dirección General de Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones (IC). Tampoco cuentan con personal de seguridad en el predio repleto de bolsones con residuos que esperan su clasificación. «Nosotros entendemos que de la seguridad de los locales debe hacerse responsable la Cámara (de Industrias del Uruguay -Ciu-). Hay que tener en cuenta que no hay convenio vigente y que éste no se renueva automáticamente», agregó el jerarca. Desde la Cámara de Industrias discrepan: el presidente de su Comisión de Medio Ambiente, Juan Carlos de León, dijo a este semanario que el convenio de trabajo se renueva automáticamente cada año y que, si hubiera que cambiar condiciones, alguna de las partes tendría que denunciarlo para modificar las negociaciones establecidas. Desde Ave Fénix dicen, igual que la IC, que la renovación no es automática, y que el convenio rige «de hecho» desde 2012, tras renovar formalmente entre 2008 y 2011 la firma del convenio de trabajo entre la cooperativa y la Comisión de Seguimiento (conformada por la IC, Ciu, Mides y Mvotma).
El coordinador de la cooperativa, Diego Santos, señaló que desde entonces han solicitado periódicamente a la comisión la renovación del contrato con ciertas modificaciones: una mejora salarial (que equivalga a dos salarios mínimos); reconocimiento de antigüedad para compañeros que llevan 11 años trabajando; pago de horas extra (cumplen con un régimen de 40 horas semanales; como durante años no se les pagó el diferencial, optaron por no trabajar los domingos); que los centros de acopio estén en condiciones y vigilados, contar con dos baños, duchas, vestuario; que los camiones de recolección estén en condiciones (es la misma flota desde hace siete años); garantizar circuitos limpios de recolección: «Tal como están diagramados hoy son (circuitos) sucios. Los vecinos no van a dar algo sucio en la recolección puerta a puerta, pero en el contenedor o el aro sí, y al tirar algo sucio, contaminás todo», explicó. También piden que se tenga en cuenta que hacen trabajo insalubre, no sólo por las condiciones de los locales de acopio, sino al manipular peso, o cargar volúmenes importantes en forma manual: «Cada bolsón anda en los 50 quilos». A su vez, exigen que la Ciu se comprometa a conseguirles compradores «para materiales que nos hicieron juntar y que se acumulan en los galpones porque no hay dónde ubicarlos para la venta» (como el vidrio o la espuma plast).
De León reconoció que «hay ciertas zonas grises, que no fueron aclaradas ni definidas en el proyecto original» de la ley de envases, pero tiene muy claro que lo referido a brindar condiciones y personal de seguridad no es parte de las «competencias» de la Cámara. En tanto la IC es responsable de conseguir y arrendar los locales donde trabajan los clasificadores, desde la Ciu «no lo aportamos porque sería meternos en la casa de otro: meternos en un predio que no es de nuestra responsabilidad», y remarcó: «Correspondería que el centro de acopio tenga las condiciones necesarias para que su funcionamiento sea limpio y seguro. Es así de simple».
Ninguno de los cuatro grupos de clasificadores que trabajan en Tens contó en estos años con un sereno o guardia de seguridad, y han sufrido robos sistemáticos e incendios intencionales (como el ocurrido a fines de 2017 en Pando) con pérdidas materiales totales.
Ante esa situación, Ave Fénix ha optado por pagar de su bolsillo -de una «caja chica» donde aportan entre los 17 integrantes unos 8 mil pesos por mes- un sistema de alarma; además de cubrir la emergencia móvil y otros detalles importantes para la seguridad laboral, como tapabocas (que no está incluido en el uniforme que les provee la Ciu).
De los cuatro grupos de clasificadores que actúan juntos en Tens por la reivindicación de sus derechos, Ave Fénix es la única cooperativa social. Esperan transformarse en cooperativa de trabajo, pero dicen necesitar más apoyo de la Federación de Cooperativas para dar este paso. Por diversas razones, si bien hicieron intentos, los otros tres grupos -Pando y dos de las Piedras: Hipódromo y Crelap- no han llegado a constituirse en cooperativas, y funcionan bajo el acompañamiento y coordinación de la Ong Centro Uruguay Independiente (Cui).
Circuito
Si bien hay mucha rotación de gente en estos grupos de trabajo, «por la situación en la que estamos», dice Sica, los principales actores (representantes de la industria, funcionarios gubernamentales y ministeriales, y clasificadores que lideran cada grupo) se conocen las caras y se saben las mañas. Quizá por eso dan por sabidos ciertos detalles de los circuitos de disposición, recolección, clasificación, recuperación y comercialización de los envases, al momento de explicar cómo es el camino que recorre una botella descartada hasta que llega a las manos de la clasificadora que la preparará para meterla en la enfardadora.
Tens cuenta con 380 módulos de reciclaje colocados en todo el departamento de Canelones. «Esto recupera, según datos de la Cámara, 90 toneladas por mes en temporada alta y 60 toneladas por mes en temporada baja», detalló Grille a Brecha.
En cuatro camiones, uno para cada grupo, los clasificadores recorren de lunes a viernes esos puntos de reciclaje, según su zona de recolección, y se llevan lo que tiene cada contenedor. Un quinto vehículo se agrega a fin de mes, cuando se hace la mayoría de las ventas del material clasificado y recuperado para reciclar. De los cuatro camiones que le correspondería aportar a la IC, la comuna sólo compró uno, el alquiler de los otros tres es solventado por la Ciu.
Los materiales son transportados a los centros de acopio, donde se pesan en la balanza y pasan a ser clasificados a mano. Luego de la separación, se vuelven a pesar para calcular el rendimiento y la cantidad de materiales recuperados. Finalmente, se embolsan o se enfardan, quedando prontos para la venta a intermediarios.
El cartón recuperado para reciclaje lo viene a buscar la empresa Rotandaro, pero el plástico lo tienen que llevar en el camión (rentado por la Ciu) en algún momento entre las 8 y las 16 horas. Desearían disponer de más tiempo, pero no pueden porque al chofer no le pagan horas extra (y a los clasificadores tampoco).
«Los centros de acopio quedaron chicos», dijo Sica. «Para el volumen de residuos que se genera a diario hay que pensar otro plan». De hecho, en el último informe emitido por la Ciu, en noviembre de 2017, se indica que: «Dadas las condiciones de los centros de acopio, se hace muy difícil establecer la trazabilidad de los elementos que allí se ingresan y se comercializan».
Por otra parte, las autoridades minimizan la falta de -al menos- un baño más en el galpón, la falta de duchas, la falta de un comedor y de condiciones dignas para hacer la clasificación del descarte de las bandejas con restos de comida, recipientes de bebida, papeles que fueron el envoltorio de regalos, de otros.
El salario de estos clasificadores, pagado con fondos de la Ciu, es de 15.535 pesos nominales (Redacción de Correspondencia de Prensa: equivalentes a 600 dólares mensuales). Por eso piden, desde hace al menos cuatro años, que les paguen dos salarios mínimos, más allá de lo obtenido por las ventas del material recuperado. «Un empleado de seguridad privada gana más que nosotros», dijo el presidente de Ave Fénix.
El salario mensual de los clasificadores (sin contar los extras por las ventas de lo recuperado) proviene de los fondos del Fideicomiso Pge- Ciu creado por la Cámara de Industrias para que las empresas aporten un monto de dinero, que no es fijo sino en función de la cantidad de envases que generan o derivan al mercado. La Dinama fiscaliza que cada empresa cuente con su plan de gestión de envases (Pge), para lo cual deben registrarse y realizar una declaración jurada. «La Ciu administra, sin fines de lucro, estos fondos para cubrir los costos de funcionamiento y la ejecución del Pge», explicó De León.
Desde el Cui, en representación de los clasificadores, Jorge Solari recupera una queja histórica ante lo que consideran falta de transparencia de la Cámara de Industrias: «El aporte lo definen las propias empresas y, a la vez, lo vuelcan a un fideicomiso que es de las empresas. Manejan el dinero que ellos recaudan y no sabemos bien cuánto. Por lo tanto, no sabemos de cuánto dinero disponen. Mientras tanto, la Cámara determina cuántos programas de gestión de envases departamentales se puede hacer, diciendo que la plata no da para más de los que ya existen».
En el informe más reciente sobre indicadores de la ejecución del Pge , la Ciu informa que el costo previsto y el costo real que implica Tens por mes es 4.809.474 pesos.(1) En ese informe se valora la tarea de recolección de Ave Fénix y se lamenta que el índice de recuperación no sea equitativo: de las 90 toneladas recolectadas, la cooperativa clasificó 60, siendo unas 40 plausibles de venta (entre cartón, Pet y plástico).
Los clasificadores rechazan algunos intentos de la Cámara de «medir la productividad» de su trabajo. De León entiende que Ave Fénix «debería tener mejor rendimiento», sin embargo, el jerarca evalúa el programa Tens en general como «absolutamente exitoso», por haber logrado formalizar y regularizar a varios grupos de clasificadores, «haciéndoles ver otra situación laboral, con estabilidad en sus ingresos. Podríamos estar mejor, pero es interesante lo que se ha hecho con un colectivo que no estaba acostumbrado a tener horarios, a concurrir todos los días (a su puesto de trabajo), a acceder a prestaciones y beneficios».
Actualmente, el Pge bajo la administración de la Ciu está en seis departamentos: Canelones, Montevideo, Maldonado, Rocha, Rivera y Flores. «Uno quisiera que el alcance fuera mucho mayor, sería ideal abarcar todo el universo de clasificadores», agregó De León.
Pando
Las respuestas desde la Comuna Canaria siguen siendo atemporales: «En estos días yo te voy llamando y vamos viendo». Grille llegó sobre el mediodía de este lunes 8 a la plaza de Pando y ubicó dónde estaban los clasificadores liderados por Ruben «Pocho», que esperaban a la sombra de los árboles, detrás de la tela blanca atada de un tronco a otro, en la que habían pintado con marcador negro «Queremos trabajo». El trabajo que no tienen desde el 27 de diciembre del año pasado, cuando se incendió su centro de acopio del Parque Artigas y perdieron todo.
La decena de trabajadores se pusieron en ronda y escuchaban en silencio el diálogo entre Grille y Pocho. En esta improvisada reunión, el jerarca canario les informó que desde el lunes 15 podrán utilizar «en forma transitoria» un local en la Ciudad de la Costa, hasta que sean trasladados a un nuevo galpón a 50 metros de la ruta 8, antes de entrar a Empalme Olmos. El arrendamiento de este nuevo espacio está en trámite de la IC desde hace tres meses, antes del incendio, porque los clasificadores ya habían reclamado por las condiciones insalubres en las que trabajaban.
Ante los robos (de yerba, chapas, uniformes, metales, motores, puerta, cañería) e incendios intencionales que sufrieron todo el año pasado, algunos preguntan quién pudo haberlos cometido. En ningún caso obtuvieron respuestas de la Policía. Hay hipótesis, pero no certezas, y a esta altura poco importa. Pero necesitan saber quién se hará cargo de las pérdidas del local, de las herramientas, máquinas y balanzas, de material recuperado listo para la venta, que hoy son ceniza o chatarra.
Este lunes 8, en la improvisada reunión entre Grille y Pocho, el gerente de Reciclaje y Residuos de la IC dijo que, para reponer los 77 mil pesos estimados en pérdidas por el incendio del precario local, la Intendencia podía donarles lo obtenido por la venta de mil quilos de cartón, recolectado por personal municipal que cuenta con camiones propios que recogen residuos no retornables a «grandes comerciantes», circuitos a los que los clasificadores no acceden porque forman parte de otro plan de clasificación. «Esos mil quilos pueden llegar a sumar 1.500 pesos», dijo Solari, coordinador del Cui. A dos semanas del incendio, «la reacción de la Comuna Canaria ha sido no sólo de una incapacidad total, sino ridícula», opinó.
El sistema capitalista nunca pierde. Produce consumo, produce packaging para que comprar sea más atractivo. Ha producido tanto plástico que contamina, que en Uruguay la Ciu generó el mecanismo del fideicomiso para cumplir con la ley de envases, solventando un puñado de sueldos de miseria para quienes sostienen la pirámide social: los invisibles que separan botellas de cajas y bolsas de hojas, y cobran por reciclar el cúmulo de residuos que generan las grandes empresas. Ellas se llevan el sello de calidad ambiental. Ellos, las recriminaciones por no ser lo suficientemente productivos en su trabajo que transforma el descarte en mercancía. Dirán que los clasificadores hacen una diferencia en su salario cuando venden lo recuperado a intermediarios o a megarrecicladores. El quilo de cartón vale, por estos días, 1,30 pesos; el quilo de Pet blanco vale ocho pesos y siete el Pet verde. En todo caso, la diferencia para un clasificador formalizado puede ser esa condición de trabajador que accede a algunos derechos laborales y que, si bien no labura en condiciones ideales, al menos ya no tiene que hacerlo en el fondo de su casa, entreverado entre el plástico con yerba, pañales y otras mierdas. Son el último eslabón de la industria del reciclaje: se «ganan la vida» a partir de los desechos generados por el resto de la sociedad. El sistema no pierde, nos vuelve conformistas.
(*) Redacción de Correspondencia de Prensa: departamento limítrofe a Montevideo, gobernado por el Frente Amplio. Luego de la capital del país, es el departamento con mayor densidad poblacional (alrededor de 500 mil personas). Tiene una importante actividad agrícola, comercial, turística, en menor medida industrial y zonas francas. En Canelones se encuentra el aeropuerto internacional. Un amplia cantidad de asalariados/as/ tienen sus empleos en Montevideo.
Nota