«Ahora hay más oportunidades para que las mujeres puedan integrarse al desarrollo económico, social y político del país pero esa participación aún no se refleja en una mejora de su calidad de vida», dijo a IPS Laura Reyes, una de las tres candidatas a la vicepresidencia de Guatemala.
«Muchas mujeres han hecho un buen papel pero otras han utilizado el poder para satisfacer sus intereses personales», explicó la abogada de origen cakchiquel en vísperas de las elecciones generales de este domingo 11.
Más de siete millones de guatemaltecos habilitados para votar elegirán al presidente y vicepresidente para el período 2012-2016, además de 158 diputados al unicameral Congreso legislativo, 333 alcaldes y 20 representantes al Parlamento Centroamericano, en un proceso con notable participación femenina.
En la actual contienda, las mujeres están presentes como nunca antes en Guatemala. Tres son candidatas a la presidencia y otras tres a la vicepresidencia, en un total de 10 binomios presidenciales, mientras en los comicios de 2003 apenas hubo una aspirante, a la vicepresidencia, dentro de las fórmulas que pretendían gobernar el país.
El voto femenino, además, será trascendental para los partidos políticos porque 52 por ciento de las personas habilitadas para votar son mujeres, mientras que en 2003 representaron 44 por ciento del padrón electoral, según registros oficiales.
Pero pese al aumento de la presencia femenina en la política, los cambios esenciales en el modo de vida de quienes representan 51 por ciento de los 14 millones de guatemaltecos, aún no llegan, reflexionaron para IPS especialistas que coincidieron en que uno de los déficits de la democracia local es la falta de la perspectiva de género en su desarrollo.
Las elecciones de Guatemala se celebran durante la semana en que las organizaciones que promueven los derechos de las mujeres en América Latina analizan como impulsar democracias más inclusivas en materia de género, con motivo del Día Internacional de la Democracia, el jueves 15, decretado por las Naciones Unidas.
«A los siete años, solo 54 por ciento de las niñas mayas permanecen en la escuela», dice un estudio realizado en 2007 en este país por la organización no gubernamental estadounidense Population Council. Cerca de 40 por ciento de la población de Guatemala es indígena, la mayoría del pueblo maya k’iché, seguido por el maya cakchiquel.
De las mujeres trabajadoras, 73 por ciento se emplean en el sector informal, según el Tercer Informe sobre Mercado Laboral en Centroamérica y República Dominicana, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Sistema de Integración Centroamericana. Ello se traduce en la persistente precarización de sus derechos laborales.
Y aún hay más. Este país es, además, uno de los más peligrosos del hemisferio para las mujeres. En el decenio 2000-2010 según los subregistros de la policía se produjeron en Guatemala más de 5.200 feminicidios, o asesinatos de mujeres por razón de su género.
Por eso Reyes cree que urge tomar acciones para apoyar a las mujeres con la entrega de créditos y capacitación, dos aspectos que «hacen mucha falta» para que la parte femenina de la población no siga discriminada en materia de desarrollo.
Dora Amalia Taracena, de la no gubernamental Convergencia Cívico Política de Mujeres, cuestionó que haya aquí «una verdadera democracia», puesto que «si hablamos de que todos somos iguales, hace falta equiparar o igualar nuestra participación con la de los hombres».
Recordó que en la actualidad no hay ninguna ministra en el gobierno y solo hay 19 diputadas en una cámara de 158 escaños. Además, solo hay una mujer entre los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
«Desde 1992 hemos hecho propuestas para promover una ley de cuotas y ahora promovemos una participación igualitaria y alterna en las casillas a cargos de elección aunque ninguna ha prosperado porque persiste el modelo patriarcal y machista», dijo a IPS.
En América Central solo Costa Rica, Honduras y Panamá han fijado un sistema de cuotas para impulsar la participación política de las mujeres. Tampoco El Salvador y Nicaragua, que tendrá elecciones generales el 6 de noviembre, cuentan con esta herramienta para impulsar la participación de las mujeres en el poder político.
Taracena duda que la notable participación femenina en los comicios se traduzca en resultados de mayor presencia real en los poderes políticos. «Hay muchas mujeres que están participando como candidatas a la presidencia, vicepresidencia, alcaldías pero ¿cuántas serán votadas?», se preguntó.
Además, la llegada de una mujer al poder no significa que luchará por las reivindicaciones femeninas, según la experta. «Una cosa es lo que se ofrece o lo que contienen los planes de trabajo pero otra será su ejecución», matizó.
La activista resaltó que, al mismo tiempo, cuando las mujeres logran efectos positivos desde un puesto en el gobierno se le trata diferente que a los hombres como ocurrió a Sandra Torres, exesposa del presidente socialdemócrata, Álvaro Colom.
Torres, excoordinadora de los programas sociales del gobierno, entre ellos «Mi familia progresa», que entrega 39 dólares mensuales a las familias a cambio de enviar a sus hijos a la escuela y a control médico, fue duramente criticada por la oposición que la acusó de darle un uso clientelista y poco transparente a la iniciativa.
«Aseguro que si esto lo hubiera hecho un hombre, hubiera sido de maravilla, cuando hoy gracias a estos programas vemos que muchas familias tienen qué comer», en un país donde la mitad de la población vive en la pobreza, dijo Taracena.
Torres se divorció en abril de Colom para participar como candidata presidencial en las elecciones, pero la Corte Constitucional se lo denegó por considerar que su separación era una argucia para evadir el impedimento de la carta magna de que los familiares de los gobernantes puedan ser candidatos a sucederles.
Ileana Alamilla, de la agrupación «Más mujeres mejor política», dijo a IPS que «es positivo que más mujeres participen en la actividad política pero muchas no tienen un empoderamiento de las luchas femeninas y otras no tienen posibilidades reales de ser electas».
Según un estudio realizado por este colectivo, hay 71 postuladas en las listas legislativas nacionales, mediante las que se elige a 31 escaños, pero solo 18 están en puestos con posibilidad de resultar electas. La situación sería parecida en las listas de los departamentos, en las que se escoge el restante 75 por ciento de las bancas.
Pero Alamilla no quiso dejar del lado los avances logrados por las diputadas de la actual legislatura, quienes han aprobado diez leyes, entre ellas la ley contra el femicidio y la de maternidad saludable, que buscan reivindicar los derechos de las mujeres.
Martha Sicán, alcaldesa de San Juan Sacatepéquez, una ciudad surcentral de más de 200.000 habitantes a 31 kilómetros de la capital, dijo a IPS que se han abierto espacios de participación porque «se ha visto que las mujeres siempre trabajamos con responsabilidad y honradez».
«Dicen que la mujer no puede, que no manda en la casa y que no debe mandar en el municipio, pero hemos trabajado con honradez y transparencia y el pueblo lo reconoce», añadió.
La alcaldesa, que busca su reelección, creó la oficina municipal de la mujer y ha promovido programas para su capacitación en actividades productivas, y sobre violencia contra la mujer. Además, rinde cuentas a la población sobre el uso de los recursos dos veces al año.
«La percepción sobre la mujer ha cambiado mucho y en dos períodos electorales nuestra participación estará más equilibrada en el país», con el peso real femenino en la democracia y el desarrollo de Guatemala, concluyó.