Militarización, fronteras y extractivismo: sobre estos tres ejes se ha articulado el (no tan) nuevo pack normativo impulsado por la Unión Europea durante el último semestre.
«Un resultado impresionante”. El último día del año, la presidenta de la Comisión y el presidente del Consejo Europeo felicitaban al unísono al Gobierno español por su labor durante el segundo semestre de 2023. Ursula Von der Leyen y Charles Michel alababan su capacidad para concluir una amplia batería de expedientes clave, desde el reglamento de materias primas al pacto migratorio. “La presidencia española del Consejo de la UE ha sido un éxito”, remataba Pedro Sánchez: “Hemos alcanzado acuerdos históricos para avanzar en el proyecto común europeo”.
El cierre del semestre de presidencia española ha sido importante, efectivamente, para certificar el reposicionamiento estratégico de la Unión Europea, que ha pasado por una ofensiva normativa en todos los frentes: migración y asilo, materias primas, inversión y comercio, control y ampliación de fronteras, inteligencia artificial, mercado eléctrico, reglas fiscales… Extendiendo a Europa el liderazgo progre que ya ejerce en el Estado español, el ejecutivo de Sánchez ha liderado las negociaciones a nivel comunitario para cerrar un conjunto de acuerdos con los que la UE pueda seguir apareciendo ante los ojos del mundo como el adalid de la “competitividad responsable”. A la vez que se ha garantizado, entre tratados comerciales e intervenciones militares, el acceso a los recursos materiales esenciales para el sostenimiento del capitalismo verde y digital.
La ofensiva normativa de la UE ha abarcado todos los frentes menos uno: a pesar de sus llamamientos al cumplimiento del derecho internacional, la Unión no ha impulsado ni una sola acción efectiva para detener el genocidio en curso. Las declaraciones del presidente del Gobierno sobre el reconocimiento del Estado palestino “en algún momento de esta legislatura” no valen de nada cuando Gaza está siendo arrasada y su población aniquilada. Pueden servir, en todo caso, para aplacar a su base social y marcar perfil propio ante otro año electoral. Pero muestran dramáticamente, una vez más, la asimetría normativa sobre la que se asienta el proyecto europeo: miles de reglas y actuaciones contundentes para blindar el business as usual, apenas un puñado de declaraciones sin dientes y un total de cero medidas concretas para defender los derechos humanos.
El alma de Europa
“El balance hoy es el de una Europa más fuerte, más justa y más cohesionada para afrontar los retos del futuro”. En el último pleno del Congreso celebrado antes del parón navideño, Pedro Sánchez hizo repaso de sus logros al frente del Consejo de la UE. “España representa el alma de Europa”, dijo el presidente al final de un discurso centrado en pasar revista a las prioridades definidas por el Gobierno español para su presidencia.
Primero, reindustrialización: según Sánchez, en los últimos seis meses se ha avanzado en la “modernización de la arquitectura multilateral” y en “una nueva expansión comercial que garantice los vínculos con el exterior”, con el fin de diversificar las cadenas de suministro y abrir oportunidades para nuestras empresas. Segundo, transición ecológica: partiendo de la idea de que “crecer dentro de los límites planetarios es un imperativo moral y científico”, se quiere lograr que seamos “más prósperos, sanos y competitivos”. Tercero, justicia social y económica: se trata de “dejar atrás los dogmas neoliberales y austericidas” para “apostar por un nuevo paradigma: bajar el índice Gini tanto como subir el PIB”. Y cuarto, unidad de Europa, “el ejemplo más perfecto de entidad supranacional del mundo”.
Todos los lineamientos oficiales de la presidencia española, desde la transformación del modelo productivo al reordenamiento de las relaciones internacionales, pasan por un mismo punto: el crecimiento económico. En esta “nueva prosperidad”, como ha recalcado el presidente del Gobierno hace unos días en el Foro de Davos, el objetivo es “conjugar el crecimiento económico con la sostenibilidad medioambiental”. Y para eso se reclama el compromiso de las grandes empresas, desde las big tech a las transnacionales del Ibex35, porque resultan “esenciales para el crecimiento y bienestar de un país”.
Las referencias a que la UE es “el tejido productivo más sostenible que existe” se reiteran para darle la vuelta al hecho de que, precisamente, es la sostenibilidad del proyecto europeo la que ahora está en cuestión. En cualquier de sus tres dimensiones: a nivel económico, marcada por el estancamiento, la inflación y el endeudamiento; a nivel social, por la extensión de la desigualdad y el empobrecimiento; a nivel ambiental, por la degradación de los ecosistemas y la necesidad de continuar con el saqueo de otros territorios para sostener la lógica de acumulación. De ahí que con la ofensiva regulatoria culminada en el último semestre, más allá de las promesas de transición ecológica y crecimiento sostenible, trate de asegurarse por todos los medios el mantenimiento del metabolismo económico europeo. Y para hacerlo se ha redoblado la apuesta extractivista y neocolonial.
Defensa, migraciones y comercio
El reposicionamiento geopolítico de la Unión se fundamenta sobre tres pilares: defensa, migraciones y comercio. Que además se encuentran estrechamente relacionados, no hay más que ver lo que está sucediendo en el Mar Rojo con los buques de guerra —primero estadounidenses y británicos, pronto también españoles— y los cargueros que transportan el 90%. “Se trata del comercio, la prosperidad y la estabilidad de todo Oriente Medio; en definitiva, la continuidad del orden multilateral”, ha concluido Sánchez en Davos. Para proteger los intereses geoestratégicos, la Unión Europea añade ahora a su tradicional soft power, ejercido a través de la diplomacia económica y los tratados de comercio e inversión, el hard power de las intervenciones militares. Vaya, lo que viene siendo el imperialismo de toda la vida.
El pilar de la defensa europea se sostiene sobre una renovada estrategia de militarización. La excepcionalidad de la invasión terrestre y los bombardeos en la frontera oriental de la Unión han llevado a que se acepten sin demasiadas reticencias tanto el envío de armas a Ucrania como el incremento de los presupuestos militares. Este seguidismo europeo de la OTAN quedó certificado en la cumbre de Madrid, celebrada a finales de junio de 2022, donde se caracterizó la inmigración como una “amenaza híbrida”. Con este cierre autoritario, además, se trata de neutralizar a quienes se atrevan a desafiar los mecanismos habituales de generación de riqueza: los movimientos ecologistas ya son caracterizados como “estructura criminal”. Pero el proyecto europeo muestra sus costuras cuando permanece impasible ante la masacre del pueblo palestino a la vez que se despliega con toda intensidad para proteger el flujo marítimo que alimenta el comercio internacional.
El control fronterizo, segundo pilar del reposicionamiento global de la UE, se ha fortalecido aceptando las propuestas de la extrema derecha sin la extrema derecha. De Macron a Marlaska, es lo que se ha dado en llamar la “lepenización de los espíritus”. Aunque, fuera caretas, esta estrategia ya no tiene demasiados problemas en caminar de la mano de los gobiernos neofascistas: Orban y Meloni se han congratulado del nuevo pacto migratorio europeo, el mismo que Pedro Sánchez ha definido como “un acuerdo histórico”. Es el Gobierno más progresista de la historia el que ha impulsado un acuerdo con el que aumentan los períodos de detención de las personas migrantes, se restringe aún más el derecho al asilo, se facilitan las deportaciones y se fomenta la externalización de fronteras.
El verano pasado, Von der Leyen, Rutte y Meloni sellaron el acuerdo de la Unión Europea con Túnez para la subcontratación de las tareas de control fronterizo, asumiendo así una responsabilidad criminal por dejar morir a las migrantes en el desierto. Pero la UE no solo se dedica a externalizar los abusos sobre los derechos humanos y la violaciones del derecho internacional, también los comete ella misma: Frontex ha compartido con una milicia paramilitar libia vinculada a Wagner las coordenadas de barcos en los que cientos de personas trataban de atravesar el Mediterráneo. Sin olvidar que en el Estado español, como ha atestiguado Caminando Fronteras, han muerto 11.286 personas al intentar atravesar las fronteras en estos últimos cinco años. Lo ha dicho Loueila Mint el Mamy: “Las futuras violaciones de derechos contra personas migrantes las veremos con quienes hablan del derecho a migrar, pero firman acuerdos que vulneran estos derechos”.
La tercera pata de toda esta redefinición geopolítica de la UE se asienta sobre la base de reforzar el comercio internacional. Para garantizar el suministro de los minerales imprescindibles para el desarrollo de las baterías, los coches eléctricos y los dispositivos móviles que han de soportar el avance del capitalismo verde y digital, la Unión ha lanzado una ofensiva normativa pro-extractivista. Para renovar la visión comercial, una nueva agenda de asociación con América Latina y el Caribe. Para asegurar el acceso a recursos materiales, el reglamento de materias primas críticas. Para impulsar las alianzas público-privadas, el Global Gateway. Para blindar los acuerdos de inversión, renovados tratados comerciales y asociaciones estratégicas. Y para promover la autorregulación empresarial, una directiva de diligencia debida.
Le pones el adjetivo sostenible y la cosa suena hasta bien, pero el caso es que la Comisión Europea acaba de firmar un acuerdo de asociación estratégica con Groenlandia para explotar sus riquezas naturales: 25 de las 34 materias primas fundamentales para el capitalismo verde y digital. La UE, con una maquinaria tecnocrática lenta y pesada cuando de lo que se trata es de ser un contrapeso frente a los grandes poderes económico-financieros, ha sido extraordinariamente eficaz para redefinir la agenda extractivista tras la guerra de Ucrania: van siete partenariados estratégicos sobre materias primas firmados en un año.
El reglamento de materias primas críticas en un procedimiento récord por su rapidez, acaba de ser aprobado y solo falta el refrendo final del Europarlamento. La renovación del acuerdo comercial con Chile, el mayor proveedor de litio —y uno de los más importante de cobre— a la Unión Europea, ya ha quedado lista. El acuerdo con Mercosur, que además de productos agroindustriales también suministra a la UE minerales como niobio, níquel y litio, se quiere desatascar muy pronto. La directiva de diligencia debida, celebrada por las grandes ONG y sindicatos europeos como un primer paso para acabar con la impunidad corporativa a pesar de ser una norma vinculante vaciada de contenido, se acordó en diciembre en trílogos. Solo falta cerrar el acuerdo con Milei para completar el pack normativo: esta semana, la canciller argentina y la embajadora española en Buenos Aires han coincidido en la importancia de finiquitar las negociaciones cuanto antes.
Dónde están los derechos humanos
El 6 de octubre, reunidos en la cumbre de Granada, los mandatarios de la Unión Europea sellaron su apuesta por reforzar la tripleta militarización-fronteras-extractivismo. Formalmente, eso sí, llamaron a “proteger y mejorar el orden internacional basado en normas con las Naciones Unidas como eje central”. Pero al día siguiente, al hacer suya —junto a Estados Unidos— la justificación del “derecho a la defensa” de Israel tras los ataques de Hamás, el marco instaurado en 1948 saltó por los aires para no volver. Lo que volvió, para el pueblo palestino, fue la Nakba. Y para todo el mundo, la doctrina de la guerra global permanente.
“Cuando se trata de defender los intereses económicos se actúa con rapidez y eficacia, pero cuando vemos que se está vulnerando toda la legalidad internacional ni se es tan rápido ni tan eficaz. Demuestra una enorme hipocresía”, ha dicho con razón Yolanda Díaz. Efectivamente, la asimetría normativa es la base del capitalismo global: todo para el business as usual, nada para los derechos humanos. Lo que ocurre es que también ha quedado muy claro, desde la masacre de Melilla hasta el genocidio de Gaza, que no vale solo con enunciarlo. Para eso ya hace rato que está el PSOE.
El “plan de paz integral” y la “solución de los dos Estados”, propuestos por Borrell en la última reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, apenas aparecen como el enésimo intento de lavado de cara del neoliberalismo progresista frente a las críticas por su inacción ante la sucesión de crímenes de guerra. Meter el dedo en el ojo a Israel, como se vio cuando el gobierno español se cuadró ante Netanyahu tras la crisis diplomática generada por las declaraciones de Sánchez sobre la necesidad de cumplir el derecho internacional, ha demostrado ser poco más que una pose para consumo interno. Impulsar tratados comerciales para garantizar el suministro de recursos materiales y energéticos, subcontratar el control fronterizo a países que violan los derechos humanos, promover soluciones de mercado para el cambio climático y favorecer los negocios del capital transnacional con la transición energética, todo lo contrario.
Cada día que pasa, desde hace tres meses, mientras la Unión Europea sigue reforzando sus fronteras y la armada estadounidense lidera la intervención militar que protege el comercio internacional, el Estado de Israel asesina a cien niños y niñas y pulveriza su territorio para que las más de dos millones de personas desplazadas por los bombardeos no tengan ningún sitio al que volver. Si nuestros gobernantes se niegan a romper relaciones con el Estado de Israel, a imponerle sanciones y decretar un embargo, a llamar por su nombre a la limpieza étnica que está teniendo lugar en Gaza, lo siguiente será mandar a la policía a reprimir las protestas sociales. Y lo harán en complicidad con el genocidio.
“Las instituciones deben reflejar el mundo de hoy, no el de hace 80 años”, ha afirmado António Guterres. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el mejor de los casos, se ha quedado en eso: una declaración, que ni es universal ni es para todos los seres humanos. La completa demolición del sistema internacional de derechos humanos, en línea con lo que ha dicho el secretario general de la ONU, no deja otra salida: el marco instaurado al finalizar la segunda guerra mundial ha quedado sepultado bajo las bombas en Gaza y los llamamientos al derecho internacional no sirven de mucho, se requieren otros espacios de gobernanza con liderazgo del Sur global.
La demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia —a la que hasta la fecha se han sumado muy pocos países europeos— y la campaña de boicot, desinversiones y sanciones promovida por cientos de colectivos de todo el mundo, junto a las manifestaciones masivas para exigir el alto el fuego y poner fin al comercio de armas y a las relaciones con el Estado de Israel, marcan la senda a seguir. La asimetría normativa que preside el capitalismo global no es un principio inamovible: las normas que conforman el derecho internacional de los derechos humanos tienen que resituarse en el vértice de la jerarquía del orden internacional por encima de las reglas de comercio e inversión. Y sus contenidos deben ser dotados de plena exigibilidad y justiciabilidad. Sin obviar que el camino está lleno de trabas, se trata, al fin y al cabo, de tener la voluntad política para afrontarlo.
Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro, Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad