Persecución y presos políticos en Santa Cruz Barillas

Señor Presidente Mariano Rajoy: en el momento en que usted visita Guatemala, quince ciudadanos y dirigentes comunitarios de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, han estado o permanecen en prisión como consecuencia de la oposición a la instalación arbitraria de una hidroeléctrica.

El tiempo acumulado de prisión desde la llegada de esta hidroeléctrica (denominada Hidralia, Ecoener o Hidro Santa Cruz, propiedad de empresarios españoles) es de 3,803 días, equivalentes a más de 10 años, como refleja el cuadro adjunto:

Todos los procesos judiciales y los encarcelamientos son consecuencia de la conflictividad generada tras la llegada de la empresa, y están auspiciados directamente por la hidroeléctrica o a través de bufetes de abogados, aparentemente ajenos a la misma.

Señor Presidente: es de conocimiento público que Hidro Santa Cruz opera en el municipio de Barillas sin licencia social, es decir, sin la aceptación mayoritaria de la población. A falta de consenso comunitario, obtiene respaldo a través de engaños (inicialmente compraron tierras para sembrar cardamomo); métodos violentos (contratación de empresa de seguridad y operadores militares); promoción de la división comunitaria; alianzas con el poder político, judicial, militar y paralelo; amenazas a líderes; persecución y repersecución (nuevos delitos) judicial.

Este proceder irregular está documentado en informes independientes y resoluciones de organismos internacionales. Entre otros:

queja presentada por organizaciones del estado español ante la Defensora del Pueblo;
denuncias públicas de eurodiputados: Marina Albiol, grupo parlamentario del Bloque Nacionalista Galego, grupo Amaiur en el Congreso de España;
constatación de detenciones ilegales de los capturados en mayo de 2012 (Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas);
acusación de utilización de figuras delictivas desproporcionadas (sobre todo terrorismo, plagio y secuestro) para perseguir judicialmente a los líderes, realizada en 2013 por la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Sin embargo, el accionar anómalo de Hidro Santa Cruz no ha limitado el apoyo de su gobierno. El silencio, o el aval gubernamental y estatal, avalan la impunidad empresarial.

Señor Presidente: ningún interés de inversión puede cimentarse sobre la persecución de las organizaciones comunitarias, la restricción de libertades y derechos (de participación, organización, movilización y resistencia), el daño conscientemente provocado: a los presos, a las familias (sobre todo las mujeres, obligadas a vivir en función de la cárcel), a las comunidades, cuya organización se desestructura y reconfigura en función del nuevo poder determinante y externo, el poder de las empresas.

Las relaciones entre países no pueden priorizar la agenda comercial sobre el diálogo político. Las inversiones no tienen preeminencia sobre los derechos y no pueden desarrollarse a costa de la desarticulación social y el control territorial.

Las empresas no deben estar por encima de las leyes y de la democracia, expresada en la capacidad de decisión y el voto comunitario. El desarrollo, entendido como generación de riqueza privada, no puede avasallar la voluntad expresa de las comunidades.
Con estos antecedentes, su visita y la llegada de nuevas empresas españolas al país (más de 20 acompañándole en su viaje) constituye una alerta más que un motivo de esperanza. En su único viaje oficial a Guatemala usted opta por una agenda 100% empresarial, no por el dialogo democrático.

Señor Presidente: la detención reciente de tres líderes (26 de febrero, días antes de su visita) agudiza de forma irresponsable y alarmante la tensión en el municipio. Podrá usted decir que ni el gobierno de España ni la empresa Hidro Santa Cruz tienen incidencia en las decisiones del sistema de justicia; argumentará que los detenidos perseguidos lo son por criminalidad común, no por razones políticas; alegará que el gobierno no tiene potestad sobre el actuar de las empresas; querrá convencernos de que los comportamientos cuasi criminales de la empresa constituyen apenas un error, reparable.

La realidad es que la empresa pretende imponer su voluntad, manipula y divide comunidades, criminaliza y acusa, ignora o interpreta de manera selectiva la ley: desconoce el derecho de consulta, reconocido en el Convenio 169; omite la licencia de construcción municipal a pesar de la obligatoriedad de la misma, recogida en el Código Municipal; no toma en cuenta decenas de actas comunitarias que expresan el rechazo a la hidroeléctrica (entre otras, de fecha marzo y abril de 2012, y posteriores) con miles de firmas.

El pueblo de Barillas no necesita inversiones de altísimo costo social. Necesita respeto y dignidad para elegir su modelo de vida y desarrollo con autonomía. Necesita garantizar el fin de la persecución política, la libertad de todos los presos, la recuperación de la paz social y la reconstrucción de un tejido social sumamente dañado, para lo que es imprescindible la retirada sin condiciones de Hidro Santa Cruz de Barillas.

Poder de la empresa y beneficios, frente a derechos colectivos. No existe hoy alternativa. Que le vaya bonito y hasta nunca, señor Presidente.

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