Desde la perspectiva institucionalista, con raíces ideológicas conservadoras y estrechez teórica y epistemológica, el problema del Estado se sitúa en asuntos relacionados con el deterioro, la debilidad, la deficiencia y la ineficacia de la institucionalidad pública. Dicha institucionalidad es interpretada como pilar del ilusorio consenso social y de un régimen político supuestamente democrático. Desde este […]
Desde la perspectiva institucionalista, con raíces ideológicas conservadoras y estrechez teórica y epistemológica, el problema del Estado se sitúa en asuntos relacionados con el deterioro, la debilidad, la deficiencia y la ineficacia de la institucionalidad pública. Dicha institucionalidad es interpretada como pilar del ilusorio consenso social y de un régimen político supuestamente democrático.
Desde este enfoque, el problema del sistema de partidos políticos se ubica en las deficiencias de institucionalización que estos presentan, por lo que se requiere promover cambios legales y esfuerzos que permitan su capacitación, transparencia y democratización. A partir de aquí, se afirma, será posible que los partidos cumplan con sus funciones de intermediación, representación y agregación de intereses, así como con su tarea de ser vehículos idóneos para la competencia electoral.
Es desde esta perspectiva desde la cual los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial hicieron pública la propuesta de reformas constitucionales relacionadas con el sistema de justicia y lanzaron la convocatoria al Diálogo Nacional: Hacia la Reforma de la Justicia. Lo efectuaron conjuntamente con el Ministerio Público y el Procurador de Derechos Humanos, con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala.
Proponen cambios constitucionales para la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad. En especial, pretenden fortalecer la independencia judicial y dotar al sistema de nuevas normas, capacidades, roles, procedimientos y mecanismos que permitan transparentar y hacer eficiente la función de las distintas entidades de justicia. En esa dirección, proponen instituir la carrera judicial y el servicio civil, suprimir el antejuicio para algunos funcionarios públicos y reconocerles funciones jurisdiccionales a las autoridades indígenas, entre otras propuestas.
Aun cuando algunas de estas reformas pudieran ser benéficas para el sistema de justicia, lo cierto es que no han sido del consenso ni siquiera de los proponentes. Hay desavenencias entre los organismos del Estado en materia de antejuicio para alcaldes y de reconocimiento de funciones jurisdiccionales para los pueblos indígenas. Se propone una reforma limitada. Por consiguiente, su impacto en el sistema de justicia estará condicionado o determinado por la carencia de reformas de fondo en los demás ámbitos del Estado. Como ejemplo, solo la baja carga impositiva resulta un problema para garantizar eficiencia y eficacia en el sistema de justicia.
Como parte del llamado diálogo nacional , sobresale el espacio de las mesas de trabajo, que se realizan a partir de mecanismos y preguntas delimitadas por quienes convocan. Tales mesas forman parte de un proceso en el cual los distintos actores interesados en intervenir han sido excluidos de participar en la formulación de la propuesta inicial y en el diseño del proceso. Lo previsto es que las opiniones de quienes participan en tales mesas serán incluidas, mediadas o despreciadas por la visión y el interés de los organismos convocantes y de los funcionarios que persiguen apoyo para la propuesta, quienes finalmente decidirán al respecto.
En el caso de algunas propuestas, como el reconocimiento limitado al sistema jurídico de los pueblos indígenas, es previsible que esta sea objeto de reformulación para acotar los cambios propuestos o que sea excluida finalmente, siendo el veto al respecto expresado por la oligarquía y por quienes operan bajo el paradigma jurídico imperante en el Estado.
Desde un inicio, además, se excluyó cualquier posibilidad de propuestas y demandas relacionadas con reformas constitucionales integrales o con un nuevo proceso constituyente del cual surja una nueva Constitución Política que implique la concreción de un nuevo pacto social que nos enrumbe al futuro sin el tutelaje imperial y sin el yugo oligárquico y racista.
Estamos, entonces, ante la puesta en escena de un diálogo aparente, con una metodología que limita la participación protagónica de los distintos sujetos que integran la sociedad guatemalteca, esos sujetos que estarían llamados a pensar y acordar tales cambios y que, de hecho, persiguen cambios integrales y transformadores, que trascienden el marco desde el cual están siendo planteadas las reformas en materia de justicia.
En todo caso, este es el primer momento del proceso de esta tentativa de reforma constitucional. El siguiente paso será la aprobación de tales reformas por el Congreso de la República y, posteriormente, la consulta popular. Ya veremos qué sucede cuando tales reformas lleguen a manos del actual Organismo Legislativo y se despliegue, con toda su capacidad, la estrategia de condicionamiento y de vetos de la oligarquía local.
Mario Sosa es miembro del Instituto de Investigación y Proyección sobre el Estado (ISE), Vicerrectoría de Investigación y Proyección, Universidad Rafael Landívar.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.