
Pese a la condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al exponencial crecimiento de la industria porcina en el último lustro (9,6 millones de cabezas) y a la contaminación de los acuíferos que se agrava con pueblos que no pueden beber agua del grifo, Aragón ha decidido eliminar las pocas restricciones ambientales de las macrogranjas.