Mientras que la derecha golpista se empeña en negar que lo que hicieron en noviembre de 2019 fue un golpe de Estado, datos inequívocos al respecto van saliendo a la luz pública dotando de mayor claridad al panorama.
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La detención de la autoproclamada Jeanine Añez ha reavivado el debate sobre el Golpe de Estado en Bolivia. El tema es de importancia crucial en las disputas políticas en Bolivia, pues debe desembocar en el enjuiciamiento de los golpistas de tal modo que en el futuro mediato no intenten nuevas subversiones. El asunto del establecimiento de la justicia, tampoco es de menor importancia.
El golpe de Estado de 2019 en Bolivia tuvo causas históricas profundas. El problema central, sin embargo, estuvo en confundir el punto de partida con el de llegada.
Revelar los procedimientos del «golpe suave» en Bolivia resulta en una tarea imprescindible para los latinoamericanos, ahora que se avecina una nueva oleada progresista y el imperio, obviamente, hará lo posible por destruirla.
Si bien las condiciones sociales y políticas en Bolivia no son las mismas de noviembre de 2019 para que prospere un nuevo Golpe de Estado, el terror de los sectores más conservadores y radicales de las oligarquías locales al triunfo democrático electoral del Movimiento Al Socialismo (MAS), aliado a la Central Obrera Boliviana (COB) y al Pacto de Unidad (PU), en las próximas elecciones nacionales del 18 de octubre, los está impulsando a generar una situación de violencia y preparando condiciones para frenar el ascenso nacional-popular orientado a recuperar y profundizar el proceso de liberación nacional.
Solo algunos pocos conocían que las horas siguientes al 20 de octubre pasado señalarían la apertura de un tiempo muy líquido, donde la vorágine política se instalaría para recordarnos históricas deudas irresueltas en nuestra intención de construir Estado y Sociedad.
En los últimos meses, el Departamento de Estado ha desatado una ingente batería de iniciativas, en abierta coordinación con las élites locales, para interrumpir la reconfiguración de un bloque soberano de la hegemonía corporativa y financiera, apadrinada por las delegaciones diplomáticas de Washington.
Desde Buenos Aires, el expresidente boliviano habla sobre la situación social y económica en su país
Desde el 12 de diciembre de 2019, Evo Morales vive en Argentina como refugiado político. Con la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada, el dirigente aymara y presidente de Bolivia entre 2006 y 2019 pudo instalarse en Buenos Aires, después de pasar por México y de que un buen número de países latinoamericanos le dieran la espalda.