Distintas situaciones vividas en los últimos meses, volvieron a instalar a Latinoamérica y el Caribe en las cercanías de aquellas venas que fueron abiertas por sus saqueadores y de un realismo más dramático que mágico. El presidente haitiano, Jovenel Moise, puso en marcha las indicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) a pocos días de recibir […]
Distintas situaciones vividas en los últimos meses, volvieron a instalar a Latinoamérica y el Caribe en las cercanías de aquellas venas que fueron abiertas por sus saqueadores y de un realismo más dramático que mágico.
El presidente haitiano, Jovenel Moise, puso en marcha las indicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) a pocos días de recibir la visita de una misión del organismo, que elogió al gobierno por la decisión de quitar subsidios a los combustibles, con el consecuente aumento de sus precios, y de impulsar reformas estructurales en la economía y la previsión social. Las protestas populares estallaron con violencia en el país más pobre del continente, postrado en el hambre, la miseria y el desempleo que afectan a más del 80% de su población.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, hizo un acuerdo con el Fondo para obtener créditos por u$s 4.209 millones a cambio de reducir el déficit fiscal, con un recorte dela inversión pública que puso fin a 40 años de ayuda para mantener bajos los precios de las gasolinas y el diesel, redujo hasta 20% los salarios en contratos temporales de la administración pública y de las vacaciones de 30 a 15 días para el mismo sector, más el «aporte» de un día de salario mensual al fisco. Decenas de miles de manifestantes, liderados por las confederaciones indígenas, se lanzaron a las calles para protestar contra el programa de ajuste que recae, en especial, sobre los sectores más vulnerables.
El presidente de Colombia, Iván Duque, concertó con el FMI reformas laborales, tributarias y previsionales, eliminación del salario mínimo y disminución del sueldo juvenil y privatización del aparato productivo del Estado y de su sector financiero a través de un holding vinculado con el sector privado, junto a un tarifazo en favor Electricaribe convertida en filial local de la transnacional Gas Natural Fenosa. Las manifestaciones opositoras a estas medidas fueron espectaculares y se calcula que más de un millón de personas expresaron su rechazo en una sola de las jornadas de protesta. Muertos, heridos y detenidos engrosaron el escenario represivo.
El presidente chileno, Sebastián Piñera, no necesitó acordar con el organismo multilateral. El administra un país en el que el 33% del ingreso generado por su economía es captado por el 1% más rico de la población y con una estructura económica soportada por las vigas maestras definidas por el liberalismo monetarista de los años ´70, que desarrolló sus propuestas a partir del golpe militar y el terrorismo de un Estado conducido por Augusto Pinochet, que el Fondo consideraba, hasta ayer no más, su «modelo virtuoso». Desigualdad, salarios bajos, altos niveles de endeudamiento familiar, pésimos regímenes de salud y jubilaciones, educación universitaria paga y con altos precios en las tarifas de luz y gas y dela gasolina, completaron el escenario.
Desde mediados de octubre las multitudes salieron a las calles en protesta contra ese modelo y contra ese gobierno, que desató una represión que arroja 23 muertos confirmados a la fecha, 2138 personas detenidas, entre ellas 243 niños, niñas y adolescentes y 407 mujeres, con más de 2.500 heridos, 300 con traumas oculares severos por agresiones de los carabineros de Piñera.
Hasta ahí un círculo dramático, compuesto por tres eslabones: a) acuerdo con el FMI y ajuste o modelo construido en base a los mismos principios del organismo, b) protesta social ante las consecuencias de esas políticas que arrinconan a las mayorías contra la pobreza y la miseria y c) represión estatal. El próximo paso no está definido; seguramente la correlación de fuerzas internas y los movimientos regionales definirán el sentido del mismo en cada una de esas naciones como en cualquier otra que tome esa deriva.
Habrá que esperar el decurso de la política uruguaya que, si los votantes no asociaron que los gobiernos liberales son peor remedio que un presente de bolsillos apretados pero mucho menos que hace 15 años y con muchos más derechos, es probable que en dos años enfrente en carne propia, por ejemplo, las penurias que se sufren en la Argentina de Macri. El vecino de este lado del río no terminó con incendio y helicóptero porque los 12 años anteriores dejaron un colchón redistributivo mullido, con políticas sociales que ni el FMI pudo revertir y con un grado de organización gremial y popular muy alto, que fue soporte de la resistencia permanente en la calle que generó condiciones para un proceso de unidad multisectorial y multipartidaria, coronado con la victoria del Frente de Todxs en la primera vuelta del 27 de octubre. Sin esas condiciones y, sobre todo, sin ese triunfo, este diciembre estaría tan en llamas como los alrededores continentales.
El caso argentino
El presidente Mauricio Macri, volvió a poner al país bajo la férula del FMI; logró un acuerdo cuando la economía ya había estallado por los aires, sobrevolaban los fantasmas financieros y la gobernabilidad tambaleaba, en medio de una corrida cambiaria. Acordó una reducción presupuestaria de u$s 11.805 millones, ajuste que implicó aumento del hambre, las enfermedades, la pobreza y el analfabetismo, al afectar las áreas más sensibles para el bienestar de la población y el desarrollo del país, como Salud, Educación, Ciencia y Técnica, Ayuda Social, Obras Públicas, Vivienda, Urbanismo, empresas públicas e inversiones en las provincias.
Sin embargo, no hubo estallido. Esa expresión concentrada y furiosa fue reemplazada por un estado de movilización tan permanente como multisectorial, que se extendió a lo largo de los cuatro años de gestión de Cambiemos, impidió que el plan de negocios de las corporaciones económicas se asentara, que las políticas del FMI no tuvieran futuro y, finalmente, evitó que la alianza del PRO, la UCR y la Coalición Cívica lograra su reelección.Por el contrario, el electorado volvió a entregarle la conducción del Estado nacional y de Buenos Aires, la principal provincia, al peronismo, un movimiento que rechazó la creación de los organismos multilaterales de crédito impulsados por Estados Unidos desde el momento mismo de su fundación en 1944.
Alberto Fernández asumirá su mandato el próximo 10 de diciembre, junto a Cristina Kirchner como vicepresidenta de la Nación; a partir de ese momento será el encargado de construir la ingeniería que permita manejarse frente a la deuda externa que generó su antecesor, quien la recibió por debajo de un manejable 50% del PBI y la deja rozando el peligroso 98%, con vencimientos por 22.800 millones de dólares durante 2020 que, necesariamente, deberán renegociarse antes de abril, además de otros 45 mil millones a pagar en los dos años siguientes.
El primer paso que dio fue anticiparle a Kristalina Georgieva, titular del Fondo, que «No podemos hacer más ajustes fiscales porque la situación es de una complejidad enorme, el nivel de ajustes en la era de Macri ha sido tremendo». En su diálogo telefónico con Washington dio un ejemplo tan sencillo como trágico: «Se ajustó tanto que se dejaron de dar vacunas» y «reaparecieron enfermedades como sarampión, varicela, tuberculosis». No fueron solo frases, fueron los mojones de una política con la que pretende disminuir la pobreza y el hambre, además de tratar de romper aquel círculo de ajuste, protesta y represión que ya rodea a la Argentina.
Sus decisiones también deberán tener en cuenta el círculo de desestabilización sufrida por los gobiernos que no respondieron a los parámetros exigidos por Estados Unidos y su Fondo, con el concurso, cuando fue necesario, de la fuerza del Comando Sur del Departamento de Defensa. El pico máximo de esa estrategia antipopular fue el golpe de Estado perpetrado contra el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, encabezado por Evo Morales. Antes había logrado destituir sin acusaciones concretas a la presidenta brasileña Dilma Rousseff e impedir la participación electoral de Lula Da Silva, detenido también sin sentencia judicial; encarcelar al ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas y perseguir al ex mandatario Rafael Correa, además de montar un dispositivo de bloqueo e intervencionismo permanente alrededor del Venezuela y su gobierno constitucional encabezado por Nicolás Maduro.
No es un bingo, son políticas
El carrusel de potenciales ocupantes del sillón desde el que se manejará la economía argentina, en realidad, es una construcción armada a partir de operaciones, no tanto de las propias figuras que aparecen en los medios como de los distintos actores económicos que intentan incidir en beneficio propio sobre las políticas que se vienen. Más importante que las caras son las decisiones que se tomen, en especial sobre la forma de encarar la solución al endeudamiento.
Aún antes de su asunción, la administración entrante intenta que el Fondo apruebe sus propuestas de negociación, que es lo mismo que decir que el gobierno de Donald Trump le dé luz verde a Kristalina. Ese tema se vincula más con la geopolítica que con las finanzas, un terreno que ya está allanado en el directorio del organismo, en el que la mano estadounidense se alzará a favor de la Argentina de Fernández, junto a las de los principales gobiernos europeos y al México de Andrés Manuel López Obrador.
En el plano regional la situación es más compleja; la autonomía mostrada por Fernández, en su discurso primero y en el dispositivo que salvó la vida de Evo Morales después, no afectarán la relación con Washington. El hueso más duro de esa relación será el tipo de acuerdos que se desarrollen con la China de esa «nueva ruta de la seda» que lleva inversiones hacia áreas estratégicas que apoyen el desarrollo de distintos países productores de insumos que necesita su población de 1.395 millones de habitantes.
Para Washington será mucho más importante el vínculo de Buenos Aires con Beijing que la postura que adopte frente al Grupo de Lima y su injerencismo en Venezuela o a la candidatura que se respalde para ocupar la Secretaría General de la OEA a partir del año próximo, si la de Luis Almagro, cuya gestión «será recordada como la más penosa» al frente del organismo según el mandatario electo, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, ex canciller de Correa y Moreno, o la de cualquier otra figura hemisférica.
En segundo lugar, los equipos del Frente de Todxs, que en pocos días serán equipos de gobierno, están decididos a evitar una cesación de pagos unilateral y, más que nombres y cargos, lo que analizan con su jefe es la conveniencia de lograr eso a partir de apretar el acelerador de la negociación y patear los pagos por un período de dos años a tres años o extender el acuerdo actual y reperfilar el formato de pago de los intereses. Ambas alternativas descartan el reclamo de los 12.400 millones faltantes de lo comprometido con la gestión saliente y, siempre, esquivando las condiciones que el organismo acostumbra imponer.
El tercer punto del dispositivo en construcción es la generación de recursos sin nuevos ingresos externos (como no sean algunos préstamos «atados» del Banco Interamericano de Desarrollo) para financiar las políticas de despegue que Alberto Fernández ya tiene desarrolladas. Ese laberinto lleva, inevitablemente, a los impuestos, que en este caso tratarán de ser progresivos, es decir, que impliquen a quienes más tienen y, sobre todo, a los ganadores del cuatrienio de Macri que lo llevó a perder sus esperanzas reeleccionistas pero llenó de decenas de miles de millones de dólares a distintos grupos, en especial de las finanzas, la energía y la producción granaria exportable.
Las cuentas de ese mecanismo perverso que ahora deberán solucionar otras autoridades es casi un asiento contable: la deuda pública en dólares se incrementó en u$s 104.000 millones entre 2015 y 2019; la fuga de divisas en el mismo lapso fue superior a 93.000 millones, es decir, el 90% de las divisas tomadas fueron a recalar a las arcas off shore de los grupos asociados al macrismo.
El bastón y la realidad
El martes 10 todo cambiará en la Argentina por decisión del electorado que impuso a los Fernández como conductores del aparato del Estado. Cristina Kirchner va a jurar ante Gabriela Michetti como vicepresidenta y luego se encargará de hacer lo propio con Alberto Fernández, quien decidió comprometerse y ser investido ante la Asamblea Legislativa. Ese será el momento en que Mauricio Macri entre en escena para colocarle la banda y el bastón al nuevo Presidente de la Nación y hará un rápido mutis por un foro que ya le será ajeno.
El flamante mandatario recibirá «un bastón elaborado por cientos de miles de personas con sus golpecitos, un bastón construido por el pueblo» según Juan Carlos Pallarols, el orfebre que se encargó de su confección. Lejos del temor a cualquier «macumba», Fernández decidió que se le agregue la frase «Argentina de pie» en el pomo de plata que rematará la vara de urunday con que fue confeccionado, con «permiso» del Impenetrable bosque chaqueño, según los ritos de la comunidad Quom.
La madera utilizada podrá simbolizar los tiempos que vienen, no es decorativa, se usa para distintos trabajos,se mantiene siempre recta y no se corrompe por la acción de los insectos. Los resultados de las políticas a desarrollar por este nuevo gobierno de transición dirán si las palabras elegidas quedaron como una expresión de deseo o fueron reflejo de un esfuerzo victorioso.
Carlos A. Villalba. Psicólogo y periodista argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
http://estrategia.la/2019/11/
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