Organizaciones ambientalistas no bajan la guardia en su lucha contra las operaciones de la corporación minera transnacional OceanaGold, que acaba de perder un litigio contra El Salvador pero que no da visos de renunciar al negocio extractivo en este país centroamericano. «La amenaza aún no desaparece, ellos (OceanaGold) siguen con su esfuerzo por confundir a […]
Organizaciones ambientalistas no bajan la guardia en su lucha contra las operaciones de la corporación minera transnacional OceanaGold, que acaba de perder un litigio contra El Salvador pero que no da visos de renunciar al negocio extractivo en este país centroamericano.
«La amenaza aún no desaparece, ellos (OceanaGold) siguen con su esfuerzo por confundir a la gente sobre las supuestas ventajas de la minería», dijo a IPS la activista Vidalina Morales, de la Asociación de Desarrollo Económico y Social Santa Marta, una de las 11 organizaciones que conforman la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica.
«Están arreciando el trabajo con la gente de la zona», recalcó la integrante de la Mesa, que encabeza la lucha en El Salvador para que la actividad minera sea prohibida legalmente en el país, después que ya desde 2008 se paralizó el otorgamiento de nuevas concesiones.
El 14 de octubre, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), que opera dentro del Banco Mundial, falló a favor de El Salvador en la demanda por 250 millones de dólares, que interpuso en 2009 la compañía minera Pacific Rim, adquirida en 2013 por la corporación australiana-canadiense OceanaGold.
Tras varios años de actividades exploratorias, el gobierno del entonces presidente Elías Antonio Saca, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), le negó en 2008 el permiso de explotación de la mina El Dorado, ubicada en las cercanías del municipio de San Isidro, en el norteño departamento de Cabañas.
Los gobiernos posteriores, encabezados desde 2009 por el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), mantuvieron la medida.
«El temor nuestro es que la empresa esté esperando las condiciones que le permitan seguir con su actividad», añadió Morales, durante un viaje a San Salvador desde la localidad de Santa Marta, para encontrarse con otros miembros de la Mesa.
Esa comunidad de 3.500 familias, enclavada en las montañas del departamento de Cabañas, ha estado a la vanguardia en la lucha contra la industria extractiva metálica desde 2004.
La compañía «no ha renunciado y nunca va a renunciar (a su interés en seguir con sus operaciones), ven las ganancias que hay detrás», afirmó a IPS el director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador, Bernardo Belloso.
Ya en 2008, el estudio El Lado Oscuro del Oro advertía sobre los impactos ambientales y sociales de la minería metálica en el país.
El reporte revelaba que desde 2006 se habían aprobado 29 proyectos exploratorios a 11 compañías extranjeras, que proyectaban extraer en total unos 12 millones de onzas de oro y 78 de plata.
Para ello utilizarían unos 22 millones de litros de agua, y se aplicarían unas 950 toneladas de cianuro, un tóxico considerado mortal. De haber prosperado esos planes, se habrían generado ganancias globales por unos 10.000 millones de dólares.
«El Salvador es un país con graves problemas medioambientales, con estrés hídrico, y la actividad minera y el uso desmedido del agua terminaría afectándonos a todos», acotó Belloso.
Esta pequeña nación de 6,6 millones de habitantes es la segunda más deforestada de América Latina, con solo 13 por ciento de cobertura boscosa, y la segunda más deteriorada ambientalmente, según varios reportes internacionales.
La explotación minera operaría como «un tiro de gracia» en esta crisis ambiental, consideró Omar Serrano, vicerrector académico de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, parte del Colectivo Socioambiental Cuidemos la Casa de Todos.
Serrano señaló que les preocupa que la compañía, en lugar de replegarse tras la resolución adversa del Ciadi, se haya mostrado incluso más activa y agresiva en su campaña para generar un ambiente propicio para sus actividades en Cabañas, mediante la Fundación El Dorado.
Está cabildeando con funcionarios de gobierno, alcaldes y otras autoridades, aseguró el académico durante su diálogo con IPS.
«OceanaGold no se va porque no ha perdido la esperanza de que le den los permisos respectivos», subrayó.
Las organizaciones del Colectivo ven también poca disposición de OceanaGold a pagar a El Salvador los ocho millones de dólares de costas procesales, que le impuso el tribunal de arbitraje del Ciadi al desestimar su demanda.
Luego del fallo, la compañía emitió un comunicado en el que sostuvo que evaluaría qué camino seguir respecto a sus operaciones en El Salvador, lo que ha sido interpretado como que intentará recurrir a algún tipo de apelación.
El Colectivo demandó que las autoridades salvadoreñas suspendan las actividades de la Fundación El Dorado, el brazo social en el país de OceanaGold, pues no tiene sentido que siga trabajando si la corporación no desarrolla ya actividad en el país.
Ejecutivos de la fundación no atendieron un pedido de IPS para emitir comentarios.
La organización también pidió al fiscal general que garantice el pago de los ocho millones, confiscando los bienes de la empresa, y que los diputados inicien el debate de la ley de prohibición definitiva de la minería en el país.
La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica ha propuesto un proyecto de ley en ese sentido, pero el texto no ha sido acogido hasta ahora por los diputados.
«Hoy es el momento propicio para iniciar el debate de una normativa que prohíba la minería», dijo Serrano.
Sin embargo, la correlación de fuerzas en la unicameral Asamblea Legislativa, de 84 diputados, no es favorable a la iniciativa. Solo los representantes del gobernante FMLN se han mostrado dispuestos a debatir un proyecto para prohibir la minería, pero solo cuenta con 31 legisladores, de los 43 necesarios.
Esa correlación podría cambiar en las elecciones de alcaldes y diputados previstas para el 2018, aunque el resultado puede resultar también desfavorable.
Cuatro municipios del país han desarrollado, impulsados por el movimiento antiminería, consultas populares en torno a la conveniencia o no de que se instale esa actividad en sus jurisdicciones, y la gran mayoría de los votantes se han manifestado en contra.
Fruto de esas consultas, aprobaron ordenanzas municipales que prohíben la actividad extractiva, pero tienen poco efecto en la práctica pues esos instrumentos legales no pueden estar sobre la Constitución y leyes nacionales.
La Ley de Minas e Hidrocarburos, vigente desde de 1999, regula ese sector pero sin prohibirlo.
Pero los entrevistados señalaron que, a pesar de que las ordenanzas no tienen fuerza jurídica para detener proyectos extractivos, su objetivo es que las comunidades participen y hagan suyos los esfuerzos por preservar sus medios de vida y por detener la minería en El Salvador.
En todo caso, el actual presidente, Salvador Sánchez Cerén, aseguró al llegar al poder en 2014 que «la minería es inviable en El Salvador», por lo que al menos se espera que durante su quinquenio no se reanude la entrega de concesiones para extraer metales en el país.
Actualmente, la minería metálica aporta menos de uno por ciento al producto interno bruto salvadoreño, que se nutre principalmente de la actividad agropecuaria, las maquilas (producción a cuenta de terceros para la exportación, con insumos importados), las remesas de emigrantes y los servicios.