Mientras al Presidente Ollanta Humala recibía al Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, general Jhon Kelly para tratar temas de «colaboración militar en materia de narcotráfico y terrorismo»; y compartía luego con el Jefe del Gobierno español Mariano Rajoy después de renovar por 18 años el contrato con la Telefónica de España para […]
Mientras al Presidente Ollanta Humala recibía al Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, general Jhon Kelly para tratar temas de «colaboración militar en materia de narcotráfico y terrorismo»; y compartía luego con el Jefe del Gobierno español Mariano Rajoy después de renovar por 18 años el contrato con la Telefónica de España para el manejo de las comunicaciones; el Perú iniciaba un ardiente verano que abría paso a un lacerante recuerdo:
El 26 de enero de 1983, hace exactamente 30 años fueron asesinados, en circunstancias aún insuficientemente esclarecidas ocho periodistas y el guía que los conducía. El horrendo hecho ocurrió en la Comunidad Andina de Uchuraccay, en la zona más agreste del departamento de Ayacucho, y guarda en sus entrañas misterios que seguramente alguna vez habrán de develarse.
El aciago acontecimiento remeció, en ese entonces, a la sociedad peruana. Pero aún mantiene vigencia no solamente porque es dolorosamente evocado por familiares, amigos y periodistas; sino también porque constituye el símbolo de una realidad en la que se entrecruzan dos caminos: el accionar terrorista y la estrategia de pacificación impuesta desde entonces por la Clase Dominante, y que fuera aplicada en el Perú por sucesivos gobiernos a través de la Fuerza Armada y las estructuras especiales de la Policía Nacional.
Además, porque desde la perspectiva de hoy, se puede considerar el hito de Uchuraccay como el inicio de la «guerra sucia» que dejara en el país una trágica estela de muerte y destrucción. Esto, que lo anotara recientemente Alfredo Pita, tiene importancia dado que, en efecto, fue ésa una de las primeras de una seria sucesiva de masacres perfiladas a partir de un mismo esquema: atribuir los hechos al accionar de Sendero, y aniquilar a las poblaciones originarias en una matanza sin límite.
Como se recuerda, Uchuraccay tuvo un antecedente muy concreto: los sucesos de Huaychao, ocurridos pocos días antes. En ese poblado, tan oscuro y tan perdido como el otro, se produjo un hecho de violencia que dejó un trágico saldo. La versión oficial aseguró que los comuneros de esa localidad habían dado muerte a siete senderistas luego de un enfrentamiento. La verdad monda y lironda, era otra: los asesinos no eran comuneros sino uniformados; y los muertos no eran senderistas, sino campesinos.
A Huamanga, capital del departamento de Ayacucho, llegó una versión de lo ocurrido en Huaychao. El hecho, no era producto de ningún «choque armado», ni resultado de una «acción senderista». Los muertos fueron abatidos cuando -inermes- cultivaban la tierra. Las muertes eran la secuela de una incursión armada en la zona perpetrada por las unidades especiales de la policía -«los Sinchis»– movilizados especialmente desde la capital ayacuchana para «vigilar» la zona. Las víctimas, inermes, habían caído sin ofrecer resistencia.
Para investigar lo ocurrido y confirmar la versión recibida, los periodistas que se hallaban en Huamanga resolvieron viajar hacia Huaychao. Alquilaron un viejo vehículo, contrataron los servicios de un guía local y emprendieron la ruta. Por lo agreste del terreno, se vieron forzados a abandonar, en un momento, el motorizado; y se desplazaron a pie por la más alta cordillera del lugar. Cuando pasaban por las cercanías de la Comunidad Iquichana de Uchuraccay, fueron interceptados y posteriormente asesinados.
Innumerables esfuerzos permitieron reconstruir algunos episodios de lo acontecido en ese paraje desolado. Los periodistas fueron cercados y retenidos por personas que actuaron en calidad de comuneros del lugar quienes los conminaron a no avanzar hacia lo que debía ser el fin de su viaje. Ellos rechazaron las presiones e insistieron en su propósito. Querían llegar a Huaychao de todos modos. Luego de un acalorado intercambio de palabras en idiomas distintos – no todos los periodistas hablaban ni entendían quechua y los agresores, no todos, el castellano- se agravaron las cosas. Los atacantes en el afán de intimidarlos, procedieron a agredirlos físicamente. Los atacados se defendieron y algunos lograron, incluso, tomar fotos aisladas de los hechos, que quedaron como mudo testimonio de un drama lacerante. Finalmente los periodistas fueron reducidos y maniatados. Después, fríamente asesinados.
La primera versión proporcionada en Huamanga por el Comando Político Militar de entonces a cargo del general Clemente Noel y Moral fue que los muertos eran senderistas. Inmediatamente después, se corrigió la versión asegurando que más bien habían sido muertos por senderistas. Finalmente se dio una versión más híbrida: habían sido confundidos con Senderistas por error, y muertos por comuneros ignorantes y asustados.
Posteriormente se dispuso la captura de todos los comuneros sindicados como presuntos participantes del hecho, y se hizo para ellos una parodia de juicio que nunca pudo desentrañar ningún misterio, y ni siquiera concluir. En ese lapso, el gobierno de entonces -Fernando Belaúnde Terry- integró una «Comisión de Alto Nivel» -la Comisión Vargas Llosa– que pretendió reconstruir los hechos. Nunca se sabrá si por cubrirlos púdicamente, o por simple diletantismo, la Comisión de entonces se perdió en interpretaciones sociológicas y antropológicas buscando encontrar explicaciones profundas a lo que era simplemente un crimen múltiple. Su dictamen final no aportó nada para la reconstrucción de los hechos, salvo en hacer hincapié en las diferencia de estadios civilizatorios entre las poblaciones de la región y las zonas urbanas y la dificultad de comunicación habida cuenta del uso de lenguas distintas entre atacados y atacantes.
Antes y durante el proceso judicial que se celebrara después, los mandos castrenses de la zona se empeñaron en aseverar que los periodistas fueron «confundidos» con terroristas porque llevaban una supuesta bandera roja y usaban fierros largos -los trípodes sus cámaras- que los nativos de la región creyeron, eran armas de fuego.
Esta inconsistente versión no resistió ningún análisis. Los periodistas no fueron muertos apenas interceptados en su ruta. Hubo tenso diálogo y explicaciones entre agresores y agredidos. Y los primeros, pudieron haberse dado cuenta muy fácilmente que los fierros no eran fusiles; y que las telas rojas, no eran banderas. No hubo, ni existió base alguna para suponer confusiones. Lo que sí quedó claro -y lo admitió incluso el comisionado Varga Llosa- es que los Comuneros actuaron incentivados por las autoridades de la región, de cuyo respaldo estaban persuadidos. Ellos los habían adiestrado para que sólo recibieran a quienes venían por aire. «si vienen por tierra, son terrucos», les habían dicho induciéndolos de hecho a matarlos.
Y es que así funcionaba la «estrategia antisubversiva» puesta en marcha por el gobierno de entonces, que no solamente había declarado el «Estado de Emergencia» en la región sino que, a partir del 1 de enero de ese año, había movilizado a la Fuerza Armada, seguro -como estaba- que la guerra había comenzado. La consigna de entonces -que se atribuyó a un prominente jefe militar de entonces «el gaucho» Cisneros Vizquerra, era muy simple: hay que matar 60 campesinos porque dentro de ellos tendremos, con seguridad, por lo menos, 3 terroristas muertos.
Existía entre los militares de entonces -y lamentablemente existe aún- la idea de que eran ellos, los que tenían la última palabra y la decisión en las manos. Estaban convencidos -como Oswald Spengler– que efectivamente «siempre ha sido un pelotón de soldados, el que ha salvado la civilización».
Era la lógica entonces vigente en la región. Había sido diseñada en la Escuela de las Américas que Estados Unidos mantenía en Panamá, pero también cuajaba en la forma de acción de las dictaduras vigentes en aquellos años en nuestro hemisferio: la dictadura Brasileña de 1964, el Golpe de Pinochet, en 1973; el régimen de Videla, en la Argentina de los 70 y las administraciones genocidas que imperaban en Bolivia, Paraguay y otros países. Era, en otras palabras, la estrategia genocida de la Operación Cóndor en todo su esplendor. El pretexto era «salvar a la patria», aunque -como bien lo anota Javier Cercas- «la patria no se sabe lo que es, o es simplemente una excusa de la pillería y la pereza».
Hoy, después de 30 años, la herida sigue abierta. No se sabe a ciencia cierta quiénes fueron los que asesinaron a los periodistas. Ni tampoco se conoce la identidad de quienes dictaron la orden para que se actuara así. Autores materiales e intelectuales, confiaron siempre en la impunidad, y en la frágil memoria del pueblo.
No obstante, los periodistas caídos en Uchuraccay, no han muerto. Willy Retto, Jorge Luís Mendívil, Pedro Sánchez, Eduardo de la Piniella, Jorge Sedano, Octavio Infante, Amador García y Félix Gavilán, unidos al guía Juan Argumedo y el Comunero Severino Huáscar, viven en la memoria de los peruanos, y constituyen también un ejemplo imborrable de dignidad, y de compromiso con la vida.
Gustavo Espinoza M. del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera
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