Transnacionales como las españolas Sacyr y FCC se benefician de las concesiones en Panamá. Mientras, el país se ahoga en la autocracia y la miseria. Un activista español expulsado del país el 1 de marzo escribe sobre este aparente territorio idílico para los negocios, donde los pobladores originarios se llevan la peor parte. El paraíso […]
Transnacionales como las españolas Sacyr y FCC se benefician de las concesiones en Panamá. Mientras, el país se ahoga en la autocracia y la miseria. Un activista español expulsado del país el 1 de marzo escribe sobre este aparente territorio idílico para los negocios, donde los pobladores originarios se llevan la peor parte.
El paraíso tiene nubes alicatadas de dólares y amarradas con terquedad tropical. Por ejemplo: para Sacyr-Vallermoso el paraíso se instala en las obras de ampliación del Canal de Panamá, donde tiene un negocito de 3.118 millones de dólares que, además, le ha salvado de la quiebra. Sus ejecutivos van y vienen de las obras en elegantes helicópteros, porque hasta en el paraíso hay que tener movilidad. Para Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) las nubes están por todas partes y con el último contratillo para construir la primera línea de metro de Panamá ya tiene una cartera de contratos en este diminuto país centroamericano por valor de 1.400 millones de dólares.
Estas son las dos principales empresas españolas que se benefician del pelotazo panameño, pero hay más y por eso el ministro de Fomento de España, José Blanco, se fue a «fomentar» la inversión española y el pasado 21 de febrero alababa la seguridad jurídica de este país y animaba a los 50 empresarios íberos que escuchaban el magnífico plan de Desarrollo de voz de los ministros panameños en un hotel de cinco estrellas del distrito financiero de Panamá decorado con una mezcla de nuevorriquismo de Miami y marbellismo tipo Gil y Gil…
«Sacyr tiene en Panamá un negocito de 3.118 millones de dólares por la ampliación del canal que le ha salvado de la quiebra»
Blanco no habló sin embargo, 5 días después, cuando la policía detenía en ciudad de Panamá a 17 personas, entre ellos dos ciudadanos españoles (uno de ellos el que escribe) durante una propuesta indígena contra la nueva ley minera que abría la puerta a la inversión extranjera masiva en la extracción de cobre y oro.
El paraíso no es perfecto y lejos del hotel RIU, donde el Gobierno y los empresarios españoles se congraciaban con el Gobierno local, Panamá lleva semanas de revuelta indígena aderezada por fuertes protestas campesinas y de ambientalistas. Aunque la noticia jamás permea los medios de comunicación convencionales, el paraíso es imperfecto y no solo se compone de inversiones multimillonarias, proyectos faraónicos y playas inigualables donde los turistas se doran sin mirar a las periferias.
La realidad
Son muchas las realidades de cualquier país, pero la realidad panameña no es de lujo. Según Naciones Unidas, 4 de cada 10 panameños viven en la pobreza y un 20% subsiste en la pobreza extrema. Pero si enfocamos a la población indígena, un 12% del total, la pobreza se encarama hasta el 98% y la pobreza extrema al 90%.
La situación está anclada desde hace décadas, pero desde que Ricardo Martinelli llegó al poder, en julio de 2009, la desigualdad se ha agravado por el estilo peculiar de gobierno de este multimillonario.
«Según Naciones Unidas, 4 de cada 10 panameños viven en la pobreza y un 20% subsiste en la pobreza extrema»
En estos meses, Martinelli ha acaparado todo el poder en la Asamblea Nacional legislativa y ha logrado controlar el aparato judicial, con cinco de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y sacando en una operación anticonstitucional a la Fiscal General del Estado.
Ha aprobado leyes de «mano dura» que rebajan la edad penal a los 12 años, que aumentan las penas máximas de 30 a 50 años y que permiten a los policías involucrados en hechos delictivos no ser detenidos preventivamente mientras se adelanta la investigación judicial.
Pero el enfrentamiento más fuerte ha sido con la sociedad civil. Martinelli ha declarado en varias ocasiones, ante las críticas que lo califican de autócrata, que nada de «cogobernar», y ha desatado un clima de hostigamiento y persecución a periodistas, líderes sindicales y sociales y a movimientos indígenas y campesinos.
Esta crisis ha tenido, hasta el momento, dos puntos álgidos. Uno en julio de 2010, cuando la policía arremetió contra unos 10.000 indígenas en Changuinola (provincia de Bocas del Toro) que protestaban contra dos conflictivas leyes que modificaban las reglas del juego sindicales, ambientales y de autonomía en territorios indígenas. Ese episodio, condenado duramente por Naciones Unidas, dejó un saldo de al menos 10 civiles muertos y 800 heridos. Fuera del paraíso la noticia fue obviada.
El segundo momento se ha producido en febrero. Los indígenas Ngäbe y Buglé se levantaron contra la reforma del código minero ya que dentro de su territorio (la Comarca Ngäbe-Buglé) se encuentra la tercera reserva mundial de cobre y la ley reducía al mínimo el derecho a información y consulta de las comunidades afectadas. El Gobierno reprimió con dureza las protestas dejando decenas de heridos y detenidos.
El último episodio, muy polémico, fue la detención y expulsión del país de los periodistas y activistas de Derechos Humanos españoles Francisco «Paco» Gómez Nadal y Pilar Chato Carral. El Gobierno los ha acusado de ser los «instigadores» de las protestas. Los indígenas le han recordado a las autoridades que no necesitan que nadie los instigue para defender sus derechos.
En el paraíso hay nubarrones y probablemente nadie mire hacia él hasta que la tormenta tenga dimensiones egipcias o libias. Entonces, como siempre, será demasiado tarde.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Un-paraiso-imperfecto.html