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Panamá

Una masacre injustificada

Fuentes: Prensa Latina

Un desproporcionado contingente militar estadounidense, antecedido por un descomunal bombardeo cuando la gente dormía, invadió la pacífica ciudad de Panamá y la llenó de muertos, heridos y escombros hace 23 años, el 20 de diciembre de 1989. El doctor Augusto Fábrega, maestro de enseñanza primaria y médico, relata en su libro sobre tan denigrante hecho […]

Un desproporcionado contingente militar estadounidense, antecedido por un descomunal bombardeo cuando la gente dormía, invadió la pacífica ciudad de Panamá y la llenó de muertos, heridos y escombros hace 23 años, el 20 de diciembre de 1989. El doctor Augusto Fábrega, maestro de enseñanza primaria y médico, relata en su libro sobre tan denigrante hecho que en las primeras 13 horas de la invasión, Estados Unidos de América lanzó 422 bombas sobre la pequeña urbe; hubo un minuto en que cayeron 23.

Se arrojaron como promedio una bomba cada dos minutos. La primera explosión fue registrada por el sismógrafo de la Universidad de Panamá a los 00:46 minutos del 20 de diciembre de 1989.

A la una de la madrugada se produjo una de las explosiones de mayor poder, de 1,7 en la escala de Richter en Tocumen, y durante la hora subsiguiente se registraron 55 explosiones en ese mismo lugar.

Hay quienes consideran, señala Fábrega, que Panamá fue en alguna medida una especie de ensayo general para la guerra del golfo Pérsico. Estados Unidos pretendió cifrar el número de muertos en alrededor de 350 personas, sin embargo, fuentes independientes indican que superó las dos mil.

Pero Ramsey Clark, quien fuera procurador general de los Estados Unidos durante el gobierno del presidente James Carter, asevera como lo más razonable considerar que las bajas panameñas producidas por la invasión norteamericana fueron alrededor de siete mil personas.

En general, la mayoría de los panameños coincide con Fábrega. Informes de la época revelan que en las primeras horas del ataque los panameños comunes ni siquiera se imaginaban que eran cazabombarderos F117-A Stealth.

El presidente de Estados Unidos, George H. W. Bush, los estrenaba en ese momento en el bombardeo a áreas densamente pobladas de El Chorrillo y otros lugares, como parte de un complot con la clave secreta «Cuchara Azul», irónicamente bautizado después «Operación Causa Justa».

El sismógrafo registró 417 detonaciones desde la primera en los minutos finales del día 19 hasta la última varias horas después en la madrugada del 20, cuando ya El Chorrillo estaba en ruinas y sus vecinos, sorprendidos en el reposo familiar, no daban crédito a aquella desolación y muerte que los sepultaba.

Los Stealth lanzaron impunemente sus bombas de mil 900 kilogramos sin el riesgo de alguna cortina de fuego que les hiciera resistencia en los 27 objetivos atacados simultáneamente, logrando su propósito de sembrar el pánico y la desorientación entre los sorprendidos militares panameños y los civiles.

La aviación destruyó aeropuertos como el de Punta Paitilla, el Cuartel Central en El Chorrillo, el de Tinajitas, el de Panamá Viejo, el de Los Pumas, la base militar de Río Hato (donde funcionaba el instituto militar Tomás Herrera,) y la base naval de Coco Solo, entre otros muchos.

No medió ninguna declaración de guerra previa y el crimen fue condenado por la Asamblea General de ONU y la Organización de Estados Americanos, pero sin ninguna consecuencia para los agresores.

El masivo y sorpresivo ataque aéreo preparó las condiciones para el despliegue de 26 mil hombres armados hasta los dientes quienes, no obstante su aplastante superioridad numérica y en armas, encontraron una resistencia popular inédita.

H. W. Bush, el mismo que en 1991 arrasaría también con parte de Irak antes de que su hijo W la acabara de destruir en 2003, usó el mismo argumento de siglos pasados para justificar la invasión: proteger la vida de ciudadanos norteamericanos que residían en Panamá. Por supuesto, nunca estuvieron amenazados.

Ante esa gastada y jamás creída justificación en todos los países que han atacado, Bush padre dijo que la invasión era para detener a Manuel Antonio Noriega y combatir el tráfico de drogas, objetivo que hubiera podido cumplir cualquier comando rambolesco sin necesidad de matar a miles de civiles, en un país con desbordante presencia militar estadounidense desde 1903.

El tercer argumento, en cambio, era el más satánico y cínico de todos: «defender» el Tratado Torrijos-Carter sobre el Canal, como si Panamá lo hubiese repudiado o puesto en peligro.

Los analistas panameños lo han repetido cientos de veces a lo largo de estos años y no hay nada que añadir a sus conclusiones: el objetivo real del ataque fue destruir las fuerzas panameñas que tendrían que ocuparse en solitario de la vigilancia del Canal a partir del 2000, gracias al Tratado Torrijos-Carter.

Una vez eliminado el ejército local, las tropas norteamericanas se quedarían en la zona y se buscaría un gobierno favorable a la anulación de los acuerdos que reconocían y aceptaban la soberanía panameña del Canal. Eso no llegó a suceder porque el pueblo defendió lo suyo.

En 1999 el Canal pasó a ser verdaderamente propiedad de Panamá como se había comprometido Carter con Torrijos y como quería todo el mundo.

A partir de entonces, la famosa e importante vía interoceánica pasó a ser enteramente administrada y operada por sus legítimos dueños.

Sus casi 10 mil trabajadores entregaron al Tesoro Público un aporte de mil 32 millones 300 mil dólares correspondientes al ingreso del año fiscal 2012, lo que significa un incremento de 8,6 a lo presupuestado para este año.

Un informe de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) indica que desde el año 1999 en que la vía interoceánica pasó a la administración del país, ha aportado en forma directa al Estado siete mil 609 millones 200 mil dólares.

Esa cifra contrasta enormemente con los 32 millones anuales que entregaba Estados Unidos cuando era de su administración. Es decir, si el Canal no hubiese pasado a Panamá gracias a los acuerdos Torrijos-Carter de 1977, el país hubiera dejado de percibir en estos 13 años siete mil 192 millones de dólares. No hacen falta más comentarios.

Luis Manuel Arce es corresponsal de la agencia Prensa Latina en Panamá.