Las temáticas conexas de la violencia, del crimen organizado, de las pandillas de los grupos delincuentes y de la inseguridad son centrales para entender las dinámicas de las sociedades latinoamericanas. Latinoamérica es una de las regiones más desigual y violenta del mundo. La tasa de muertes violentas y la tasa de homicidios cometidos por arma […]
Las temáticas conexas de la violencia, del crimen organizado, de las pandillas de los grupos delincuentes y de la inseguridad son centrales para entender las dinámicas de las sociedades latinoamericanas. Latinoamérica es una de las regiones más desigual y violenta del mundo. La tasa de muertes violentas y la tasa de homicidios cometidos por arma de fuego, siguen siendo unas de las más altas del mundo. De manera diaria, la violencia, que sea política o de carácter contestatario, pone en tela de juicio a la institucionalidad pública y debilita sumamente al Estado. En ciertos países, como El Salvador, Guatemala, México, Honduras, Brasil y Colombia, la violencia es el factor principal de deslegitimación de las instituciones.
En este contexto de violencia y de inseguridad crónica, en muchos países de la región, la temática de la seguridad se ha vuelto la prioridad principal entre las demandas sociales de la gente. En tiempo de elecciones, los candidatos evocan en prioridad a las temáticas de seguridad y de convivencia ciudadana en sus programas políticos, para poder corresponder con las exigencias de la gente. Así, las políticas de varios gobiernos latinoamericanos buscaron últimamente implementar políticas de seguridad que no solo administren el problema, sino lo resuelvan.
Por medio de esas políticas, durante la última década, los Estados han tratado de bajar los niveles muy altos de violencia y de inseguridad. Entre esas políticas, podemos distinguir las políticas de «seguridad de Estado» y las políticas de «seguridad pública». Las políticas de «seguridad del Estado» ponen la responsabilidad de la seguridad en la acción conjunta del Estado, del Ejército y de la policía en general. En cambio, las políticas de «seguridad pública» combinan esos mecanismos tradicionales con mecanismos políticos alternativos como son las campañas pedagógicas y el fomento de la cultura de participación ciudadana para realizar los objetivos de seguridad y de convivencia pacífica. Las políticas de seguridad para los ciudadanos tienen como principio fundacional, que la seguridad es responsabilidad de una pluralidad de actores y no sólo de las instituciones del Estado.
Lastimosamente, en la realidad actual, esas políticas de seguridad para la ciudadanía no se diferencian mucho de las políticas tradicionales de seguridad del Estado y tienden a usar métodos eminentemente represivos. La creciente implementación de políticas de «seguridad ciudadana» en América latina no ha contribuido a bajar el número de crímenes, de delitos y de hurtos. Por su acción constante de fragmentación de las sociedades locales y de exclusión de los «malos ciudadanos», esas políticas de «seguridad» han contribuido más bien a la anomia social y al monopolio de la violencia, dos aspectos nodales para el mal funcionamiento de la democracia.
De lo que estamos seguros, es que no se puede entender el problema de la violencia social, sin entender la sociedad como la organización y reproducción sistemática de determinadas relaciones de poder, y como la articulación de un conjunto de medios para la preservación de éste. La política organiza el poder, le otorga forma estatal y viabiliza un proyecto socio-económico de clase. En este marco, la violencia es parte activa de la estructura social, no es sólo un instrumento, sino sobre todo una expresión de conflicto. La violencia es inherente a una estructura social injusta, a un orden social basado en la explotación del trabajo, en la exclusión y marginación económica, social y cultural de vastos sectores de la sociedad. Cómo llegar al centro de esto es el verdadero reto.
Fuente original: http://www.contrapunto.com.sv/columnistas/violencia-social-un-examen-desde-la-izquierda