Asesinada en enero de 2017 en su casa, en la ciudad de Mataquescuintla (Jalapa), Laura Leonor Vásquez Pineda fue una de las líderes del Comité en Defensa de la Vida de San Rafael Las Flores hasta 2014. Participó en la resistencia pacífica frente al proyecto minero de oro y plata San Rafael («El Escobal»), propiedad […]
Asesinada en enero de 2017 en su casa, en la ciudad de Mataquescuintla (Jalapa), Laura Leonor Vásquez Pineda fue una de las líderes del Comité en Defensa de la Vida de San Rafael Las Flores hasta 2014. Participó en la resistencia pacífica frente al proyecto minero de oro y plata San Rafael («El Escobal»), propiedad de la canadiense Tahoe Resources; la activista fue detenida en 2013 durante el estado de sitio de 30 días decretado en municipios de Jalapa y Santa Rosa que rechazaban las actividades de la minera, suspendidas hace un año por la Corte Suprema de Justicia de Guatemala; a Laura Leonor Vásquez se la sometió a un «proceso de criminalización que la mantuvo siete meses en prisión», informó la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras.
En septiembre de 2017 fue asesinada Celedonia Zalazar Point, jueza comunitaria y defensora del territorio en la comunidad de Tungla (municipalidad de Prinzapolka, en la Costa Caribe Norte de Nicaragua). El atentado, en el que murió también su marido, «podría estar relacionado con un conflicto sobre la propiedad territorial entre colonos e indígenas», advirtió la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres. En el contexto de violencia contra la población indígena Miskita en la Costa Caribe Norte, fueron liquidados en noviembre de 2016 Bernicia Dixon Peralta y su familia. Laura Leonor Vásquez y Celedonia Zalazar figuran en el listado de 207 defensores del territorio eliminados en 2017, que publica la ONG Global Witness en el informe «¿A qué precio?» El 60% de las víctimas luchaban por los derechos ambientales en América Latina.
Aura Lolita Chávez es lideresa del Consejo de Pueblos K’iche por la Defensa de la Vida, Madre Naturaleza, Tierra y Territorio (CPK) de Guatemala. La activista maya ha tenido que abandonar el país por las amenazas recibidas: «Eso de que quien nada debe, nada ha de temer será en otros lugares, porque los juicios en Guatemala son un ‘lugar’ tremendamente racista», afirma en un Encuentro de Defensoras organizado en Valencia por la ONG Alianza por la Solidaridad. Aunque también se constatan victorias. En julio de 2016 el Tribunal A de Mayor Riesgo de Ciudad de Guatemala ordenó la puesta en libertad de siete líderes indígenas que habían permanecido entre uno y tres años en prisión preventiva; el encierro respondía a la participación en protestas contra la construcción de presas hidroeléctricas en el departamento de Huehuetenango, tras las que se hallaban los intereses de la empresa Hidro Santa Cruz SA, subsidiaria de la española Ecoener-Hidralia; en diciembre de 2016 Ecoener-Hidralia anunció que se retiraba del proyecto y abandonaba Guatemala.
Según Lolita Chávez Ixcaquic, «no sólo nos persiguen por estar contra una transnacional, también por denunciar el neoliberalismo, el racismo estructural y los sistemas patriarcales; somos seres cósmicos, esto lo hemos ‘mamado’, no se nos ha enseñado en escuelas y academias sino en las comunidades; además no hablamos de fronteras, sino de colores, cuerpos y vestimentas plurales; tampoco utilizamos expresiones como ‘medio ambiente’ y ‘recursos naturales’; no es cosa sólo de la empresa de Florentino, todo es más complejo». Florentino Pérez es presidente del Real Madrid y del grupo ACS, que a través de una de sus filiales -el grupo Cobra- participa en las obras de construcción del complejo hidroeléctrico Renace en los ríos Cahabón y Oxec, en Alta Verapaz; la transnacional propietaria de Renace es Corporación Multiinversiones (CMI); el líder maya Q’eqchi y opositor al macroproyecto, Rogelio Cac, fue detenido el 30 de julio en Cobán, informó el periódico Prensa Comunitaria. Otro de los líderes, Bernardo Caal Xol, afronta dos procesos penales y se halla en prisión preventiva.
En junio de 2017 Lolita Chávez y otras activistas del CPK fueron objeto de intimidación, amenazas de agresiones sexuales y de muerte, según denunció Front Line Defenders; diez sujetos armados las persiguieron y efectuaron disparos al aire, cuando las defensoras «escoltaban» un camión con madera ilegal que pretendían entregar a las autoridades municipales de Santa Cruz del Quiché. El CPK se enfrenta a la «tala incontrolada de árboles por parte de las empresas madereras, para lo que éstas utilizan al Instituto Nacional de Bosques (INAB)». Ya en 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección -que ha de materializar el Estado de Guatemala- a Lolita Chávez y otros 10 líderes comunitarios; según el organismo de la OEA, habrían sido amenazados por el alcalde de Nebaj (Quiché) para que cesaran las denuncias sobre irregularidades en la gestión de la alcaldía.
Chávez Ixcaquic proviene del Movimiento de Mujeres: «Se me ha calificado de bruja, guerrillera y loca». Algunos de los ataques verbales le llegaron, incluso, de los compañeros de las organizaciones populares. Reivindica «movimientos y miradas plurales, somos vidas con historias y memorias, no estadísticas». En una entrevista reciente en Resumen Latinoamericano, la activista informó del secuestro y ejecución el 27 de julio de Juana Raymundo, joven maya ixil e integrante del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) en Nebaj. Pero la lucha continúa. Por ejemplo, la resistencia comunitaria a las represas de la compañía Energía y Renovación SA en San Mateo Ixtatán (Huehuetenango).
En El Salvador, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales o Arbitrarias, Agnes Callamard, señala en un informe del cinco de febrero que cada 19 horas una mujer es asesinada en el país centroamericano. Además, «a partir del año 2014 la policía ejecutó a 103 supuestos miembros de pandillas; este número aumentó a 591 en 2016, con 119 heridos». La Relatora añade que recibió denuncias sobre «la existencia de ‘escuadrones de la muerte’ que operan dentro de la Policía», en algunos casos confirmadas por funcionarios e investigaciones oficiales. La CNN informó el 30 de mayo de que Estados Unidos ha financiado y equipado a unidades de élite de la policía salvadoreña que supuestamente ha ejecutado a pandilleros. Por otra parte, una veintena de organizaciones de derechos humanos remitieron en mayo una carta al presidente Sánchez Cerén, en la que protestaban por los desalojos en la comunidad de El Espino, en el municipio de Antiguo Cuscatlán (La Libertad). Los desalojos forzosos de 77 familias integradas por 190 personas, entre ellas 50 menores, «podrían considerarse como violaciones de los derechos humanos por parte de agentes estatales y municipales», según las ONG.
En el acto de Alianza por la Solidaridad ha participado Yanira Cortez, procuradora adjunta para el Medio Ambiente entre 2003 y 2016 en la Procuradoría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador. La activista destaca la importancia de la lucha contra la privatización del agua y su defensa como bien público y derecho humano, según estableció Naciones Unidas en 2010. La mayoría parlamentaria derechista, encabezada por Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), promueve actualmente una ley para privatizar la gestión del agua. Frente al bloque conservador, el Gobierno del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) defiende la gestión pública. Las organizaciones populares rechazan la mercantilización y critican que la propuesta de «Ley Integral del Agua» incluya, como ente rector, a una Autoridad Hídrica en la que están mayoritariamente representados los intereses empresariales -de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP)- y corporativos. El 16 de junio tuvo lugar en San Salvador una «caminata» contra la privatización, convocada por más de 70 organizaciones sociales, cuatro marchas el cinco de julio y bloqueos de carreteras el 19 del mismo mes.
La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) informa que la cobertura de agua potable alcanza al 96% de la población urbana y al 42,7% en el medio rural (mayo 2017), mientras en enero el Gobierno presentó el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento. En abril de 2016, el ejecutivo decretó el Estado de Emergencia en San Salvador y la Alerta Nacional para atender la «situación de desabastecimiento» hídrico, atribuida a los efectos del cambio climático. Yanira Cortez recuerda una de las luchas más relevantes, la impulsada contra la sobreexplotación del estratégico acuífero de Nejapa -municipio situado a 20 kilómetros de la capital- por la empresa embotelladora de Coca Cola en El Salvador, Industrias La Constancia (filial a su vez de la multinacional cervecera SABMiller).
La presión -nacional e internacional- de los movimientos sociales y las comunidades hizo que la subcontrata de Coca Cola diera un paso atrás, en febrero de 2016, en el proyecto de ampliar las instalaciones; 30.000 personas estaban amenazadas de quedarse sin agua al sobrepasarse la capacidad de recarga del acuífero, denunciaron en junio de 2015 Alianza por la Solidaridad y el Foro del Agua; «por cada litro de refresco producido en la planta, informó la ONG, se gastan 2,5 litros del agua del acuífero». Además, el negocio de la embotelladora «coexiste con la precaria situación de 700 familias que reciben un suministro de agua intermitente y muy caro».
En abril de 2016 el Tribunal Latinoamericano del Agua (no vinculante), de cuyo jurado formaba parte Yanira Cortez, dio la razón a las comunidades. Los movimientos sociales lograron otra victoria en marzo de 2017, al aprobar el Congreso de El Salvador la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, que incluye las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento. El país centroamericano fue el primero del mundo en establecer tal prohibición. Sin embargo, los colectivos ambientalistas temen que la actual mayoría en el Congreso de ARENA pueda derogar esta legislación.
Otro punto sobre el que llama la atención Yanira Cortez es la explotación de la caña de azúcar. Según el Banco Central de Reserva de El Salvador, el valor de las exportaciones de azúcar en bruto -principalmente a Taiwán, China y Estados Unidos- ascendió en 2017 a 187,2 millones de dólares, un 49,2% más que en 2016; este capítulo supone el 3,2% de las exportaciones totales de El Salvador (en 2009, año de crisis, las ventas al exterior del endulzante natural se quedaron en 88,2 millones de dólares). El sector azucarero representa en torno al 2,7% del PIB y suma 7.000 productores de caña.
El periodista Edgardo Ayala, corresponsal de la Agencia IPS en El Salvador, escribió en julio de 2016 el artículo «Industria del azúcar amarga a comunidades rurales salvadoreñas», en el que subraya el historial de impactos ambientales negativos por la actividad de las grandes empresas; por ejemplo, «el uso intensivo de agroquímicos, las quemas controladas de follaje para facilitar la corta, inundando con hollín las poblaciones vecinas, así como la tala y quema de árboles para expandir el cultivo cañero». En otro artículo publicado en IPS, Edgardo Ayala añadía «la extracción intensiva de agua del subsuelo para regar los sembradíos». Cita asimismo un análisis del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) sobre el incremento de la superficie del cultivo de caña de azúcar entre 2000 y 2010, que superó las 30.000 hectáreas, principalmente en los departamentos de San Miguel, Sonsonate, La Paz, San Vicente, Usulután y Chalatenango. «Dos familias -los Wright y los Regalado- controlan el 75% del mercado azucarero», destacó en el canal TVX Luis Bettaglio, presidente de la asociación de productores Asprocaña.
Imágenes: foto 1 Resumen Latinoamericano; foto 2 Brigadas Internacionales de Paz-Guatemala
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