Durante más de una década, organizaciones gubernamentales, paraloficiales y no gubernamentales estadounidenses (USAID, NED, etc) y algunas europeas (españolas, holandesas) vienen financiando las actividades políticas y también las ilegales de los grupos opositores a la Revolución Bolivariana. Los propios documentos oficiales estadounidenses confirman este financiamiento, disfrazado de ayuda a la consolidación democrática, defensa humanitaria o […]
Durante más de una década, organizaciones gubernamentales, paraloficiales y no gubernamentales estadounidenses (USAID, NED, etc) y algunas europeas (españolas, holandesas) vienen financiando las actividades políticas y también las ilegales de los grupos opositores a la Revolución Bolivariana.
Los propios documentos oficiales estadounidenses confirman este financiamiento, disfrazado de ayuda a la consolidación democrática, defensa humanitaria o de la libertad de prensa que, en definitiva tienen una sola meta: terminar con los cambios estructurales del gobierno de Hugo Chávez.
Pero lo cierto es que, además del financiamiento estadounidense y europeo, los grupos -políticos y conspiradores- de la oposición venezolana han logrado también financiamiento en algunos países latinoamericanos, donde gobiernos derechistas han facilitado el acceso a ingentes recursos a personajes que supuestamente gozan de asilo político, aunque realmente están requeridos en su país por problemas con la justicia por enriquecimiento ilícito, estafas y conspiración antidemocrática.
Si Venezuela se propusiera denunciar a Colombia, tendría suficientes elementos, como las permanentes incursiones paramilitares, con campamentos en territorio venezolano. Desde Colombia, y con total impunidad y excelente financiamiento, opera a Pedro Carmona Estanga, requerido por la justicia venezolana por conspiración y el golpe de Estado de 2002.
Pero existen otros «campamentos», en Perú y Panamá, países donde se mueve libremente otro conspirador, Manuel Rosales, a quien busca la justicia venezolana por enriquecimiento ilícito ejerciendo cargos públicos: no pudo demostrar cómo obtuvo 15 fincas y terrenos en el Estado Zulia ni refutar pruebas concretas en donde hacia transacciones por millones de dólares en el Bank of America.
Lo que sorprende es que en Perú, pese a ser asilado político, ofrece conferencias de prensa y sale y entra al país cuando quiere, en una clara violación por parte del gobierno de Alan García de los principios internacionales del asilo político.
Eso ya de por sí es grave.
Pero más grave es que en Lima Rosales recibe contratos de saneamiento y limpieza (recolección de basura), para explotar minas, en operaciones destinadas a financiar -indirectamente- la caída del gobierno de Hugo Chávez.
En Perú cuenta con la protección del gobierno de Alan García, el partido APRA y del secretario general de la aprista Confederación de Trabajadores del Perú, Elías Grijalba.
Además, compró dos lujosos apartamentos en el Distrito de Miraflores, uno de ellos ubicado en Malecón Balta Nro.175 (miraflores), donde asiduamente recibe a los dirigentes venezolanos Timoteo Zambrano (su «canciller») y Omar Barboza, ambos de Un Nuevo Tiempo. En Lima también están asilados el ex sindicalista Carlos Ortega y el ex gobernador socialcristiano del estado Yaracuy, Eduardo Lapi.
Manuel Rosales está utilizando el territorio de Panamá para evadir los controles de la Interpol y viajar ¿clandestinamente? a Estados Unidos. En diciembre estuvo en Panamá contactando -entre otros- a Gassaiv Almaz, empresario y banquero venezolano, financista de actividades contra el gobierno constitucional venezolano, y a banqueros defraudadores fugados del país..
En Panamá realiza reuniones con dirigentes opositores venezolanos quienes viajan expresamente a ese país para reunirse con Rosales, entre ellos Alberto Federico Ravell y Pablo Pérez, Milos Alcalay y el exgeneral Ochoa Antich, entre tantos otros.
Venezuela puede denunciar esto, y no lo ha hecho.
Rosales complotado
El diario estadounidense El Nuevo Herald señaló en septiembre de 2009 que la Fiscalía General de Colombia tiene el testimonio de un ex militar colombiano condenado por paramilitarismo según el cual Rosales participó en un complot con escuadrones de la muerte para asesinar al presidente venezolano, Hugo Chávez.
El periódico explicó las reuniones que Rosales sostuvo con diferentes soldados colombianos en diciembre de 1999 cuando ofreció la cantidad de 25 millones de dólares para poner en marcha la operación contra el mandatario venezolano que, para ese entonces, tenía sólo un año como Presidente.
Uno de los ex soldados que se reunió con Rosales en aquel entonces fue Geovanny Velásquez Zambrano, condenado a 40 años de prisión por haber cometido masacres con paramilitares en la región colombiana de Catatumbo, fronteriza con Venezuela, quien declaró a un reportero de El Nuevo Herald en un despacho judicial de Bogotá. En esa entrevista divulgada por Al Jazeera, Velásquez señala que Manuel Rosales, en sus tiempos de gobernador y alcalde, controlaba toda la mercancía del narcotráfico procedente de Ureña hacia Cúcuta.
Pantín y Rosales
Dirigentes de la oposición, en Caracas, se pelean por acceder a parte de la torta financiera, alimentada en parte por el empresario petrolero venezolano Ronald Pantín (empleado de PDVSA por 23 años), radicado actualmente en Colombia junto a su esposa Milagros y sus dos hijos, quien ha aportado más de dos millones de dólares, a través de Manuel Rosales.
Pantín, quien según fuentes opositoras en Caracas es quien financia el portal Noticias24 y el programa televisivo Radar de los Barrrios, es presidente de Pacific Rubiales, la empresa que nace de la fusión de Petro Rubiales y Pacific Stratus en enero de 2008 y que casualmente eligió la estatal Ecopetrol para extraer el crudo pesado de este campo, dice que las reservas de este yacimiento provienen de la misma cuenca de la Faja del Orinoco.
En octubre pasado el precio del título de Pacific Rubiales Energy se derrumbó en medio del gran escándalo que involucra a directivos y empleados de la compañía, acusados ante la Corte Superior de Justicia de Ontario, Canadá, por enriquecimiento no justificado, transacciones inapropiadas, falta de lealtad, uso personal de recursos corporativos, se les exige devolver al menos 161 millones de dólares ganados indebidamente, por citar algunas cosas ocurridas entre 2005 y 2008 en la minera Coalcorp. Si bien el «affaire» no tiene nada que ver con Pacific Rubiales, pero los presuntos involucrados son actualmente accionistas y directores y ejecutivos de la petrolera socia de la estatal Ecopetrol en el yacimiento Rubiales.
Entre los acusados están seis «empresarios petroleros» venezolanos: Serafino Iácono, Efraín Carrera Saud, Francisco Arata, Juan Manuel Peláez y Miguel de la Campa, quienes operan con Pantín en el financiamiento desde Colombia a figuras e instituciones opositoras en Venezuela a cambio de presuntas futuras concesiones petroleras en caso de que alguna de estas figuras llegue al poder.
Los otros acusados son Michael Beckett, Neil Woodyer, Robert Metcalfe, Michael Davies, Robert Doyle, Peter Volk, Laureano von Siegmund y Giuseppe Aprile, y las compañías Blue Pacific Assets Corp., Lando Industrial Park Inc., Xira Investment Inc., Platone S.A., Fleur Investments Limited, Jurgen Mossack y Mossack, Fonseca & Co.
Álvaro Verzi, Observatorio Latinoamericano en Comunicación y Democracia
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