No satisfechos con la masacre gestada por las fuerzas policiales, en el desalojo de los campesinos de Caraguaty, el gobierno de Fernando Lugo ha ordenado -y enviado- fuerzas militares para que se sumen a los cientos de policías que peinan la zona. Los uniformados, convenientemente acicateados por la prensa amarilla paraguaya y las organizaciones patronales […]
No satisfechos con la masacre gestada por las fuerzas policiales, en el desalojo de los campesinos de Caraguaty, el gobierno de Fernando Lugo ha ordenado -y enviado- fuerzas militares para que se sumen a los cientos de policías que peinan la zona. Los uniformados, convenientemente acicateados por la prensa amarilla paraguaya y las organizaciones patronales de la derecha, van a seguir haciendo lo que ha sido habitual en los dos últimos años: militarizar aún más los territorios donde habitan los campesinos más pobres de Latinoamérica. Todo esto para defender los intereses económicos de multimillonarios como el latifundista Blas Riquelme, dirigente del partido Colorado y uno de los mandamases de la Asociación Rural del Paraguay. Esa misma institución que anoche exigía que Lugo dé la orden para que «paracaidistas se lancen sobre la zona para exterminar a los asesinos de nuestros policías».
Esto es, otra vez, crónica de una tragedia anunciada. Hagamos memoria: cuando necesitaba llegar al gobierno, el ex sacerdote Lugo rogaba por los votos campesinos, y como suelen hacer los politiqueros, prometió de todo: que reforma agraria, que viviendas dignas, que salud y educación para los hijos de los más humildes. Luego, una vez instalado en el sillón, priorizó las relaciones con la derecha, con los empresarios sojeros, con el latifundio descarado que hace que sólo diez familias concentren en sus manos el 90% de las tierras del Paraguay.
Para darle protección a sus socios, el «progresista» gobierno paraguayo implementó medidas represivas, promulgó la ley antiterrorista y dio, en varias ocasiones anteriores a esta última masacre de Caraguaty, luz verde a los mandos militares para que repartieran terror entre el campesinado del norte y de las zonas fronterizas con Brasil. Sin embargo, la miseria no permite muchas alternativas. Como lo dijera el ahora asesinado líder campesino Rubén Villalba, «o peleamos de pie, o la oligarquía latifundista nos va a seguir matando día a día. Ellos nos quieren de rodillas y lamiendo de su mano, pero nosotros estamos hartos de tanta prepotencia». Villalba, como su compañero Espíndola, son hombres muy queridos en la zona, sacrificados militantes del sudor agrario, que estaban cansados de la pobreza y el abandono producido por esa casta oligárquica stronissta, que se halla enquistada en todas las instituciones del Paraguay desde hace décadas. Por eso siguieron y seguirán ocupando tierras, por eso defendieron con su vida la dignidad de tantos y tantos como ellos, que los acompañaban en la ocupación.
Mientras Lugo y su comparsa, se llenan la boca de lisonjas y pésames para los uniformados masacradores, mientras para ellos todo es atención, helicópteros para el rápido traslado a los mejores hospitales, y hasta cobertura mediática generando un clima de linchamiento contra esos «invasores de tierras» (como le gusta decir a los escribas del ABC Color), los cuerpos de los campesinos, agujereados por el plomo policial, se pudren al sol. A algunos, groseramente se les plantan ristras de balas sobre sus pechos sangrantes, a otros, se los escupe y carajea. En realidad, se los continua maltratando, ahora que están muertos, como hasta ayer lo hacía, cuando sobrevivían.
Ya es tiempo de que no nos sigan insinuando de que si se critican las atrocidades del gobierno Lugo, se le hace el juego a la derecha. El propio Presidente se metió en este laberinto cuando a los pocos días de asumir, firmó acuerdos de colaboración policial con Colombia, para que los sicarios de Uribe Vélez adiestrara las tropas de uniformados paraguayos que ya se comenzaban a preparar para abortar a tiros las ocupaciones de tierras. No es erróneo decir que la derecha ya gobierna en el Paraguay, aunque algunos «progresistas» acomodados, que usufructuan cargos y buenos sueldos, sigan disculpando al Presidente cada vez que éste huye hacia adelante a punta de represión.
Ahora, frente a esta masacre, no caben las medias tintas ni las indefiniciones. O se está con los que asesinan, torturan y encarcelan al campesinado, o se sale a redoblar la solidaridad nacional e internacional con quienes luchan por tierra y una vida un poco más digna que el infierno al que los han condenado la oligarquía y sus cómplices.
Nosotros, no dudamos en donde pararnos, y por eso convocamos a respaldar a las organizaciones campesinas paraguayas y a exigir que cese la violencia policial y militar,. También, es imprescindible que se facilite que una comisión neutral investigue «in situ» como se dieron los hechos del día viernes. En esa iniciativa bien pudieran estar los enviados de la Gremial de Abogados argentinos (que habitualmente defienden a militantes del campesinado paraguayo, y que ya han anunciado que salen hacia Asunción en las próximas horas) y por supuesto, las organizaciones de derechos humanos locales, como la Coordinadora de Derechos Humanos (Codehupy). Lo que no puede ser, es que sigamos indiferentes frente a este nuevo intento de exterminio de los sectores más concientizados y combativos del campesinado paraguayo, a manos del stronissmo y sus herederos.