La agenda neoliberal es innegociable para el gobierno de Guatemala y las transnacionales. Y el ejército actúa como defensor de los grandes proyectos e inversiones de la oligarquía. Según Domingo Hernández Ixcoy, cofundador del Comité de Unidad Campesina (CUC), coordinador actualmente de la Asociación Maya Uk’ U’x B’e y dirigente histórico en la lucha por […]
La agenda neoliberal es innegociable para el gobierno de Guatemala y las transnacionales. Y el ejército actúa como defensor de los grandes proyectos e inversiones de la oligarquía. Según Domingo Hernández Ixcoy, cofundador del Comité de Unidad Campesina (CUC), coordinador actualmente de la Asociación Maya Uk’ U’x B’e y dirigente histórico en la lucha por la defensa del territorio, éste es el tablero en el que han de actuar las organizaciones indígenas. «El ejército, los ricos de Guatemala y las transnacionales hacen uso de los métodos de contrainsurgencia que ya se aplicaron contra nuestros pueblos», sostiene.
Asegura además que a los trabajadores contratados por las multinacionales se les organiza en bandas paramilitares. Domingo Hernández Ixcoy ha participado en las consultas comunitarias de buena fe contra los proyectos mineros y de las empresas hidroeléctricas en el país. Recientemente ha visitado el estado español, con motivo de la séptima edición de la Mostra Itinerante de Cine y Vídeo Indígena, organizada por Perifèries, EntreIguales, la Coordinadora Llatinoamericana de Cinema i Comunicació (CLACPI) y la Coordinación de los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI).
-El movimiento social de Guatemala denuncia de modo insistente la remilitarización del país. ¿Cómo tiene lugar el proceso?
En 1996 se firmaron los Acuerdos de Paz. El ejército había jugado un papel determinante en las masacres que hubo en el país durante el conflicto armado. En el marco de los acuerdos, estaba la reducción de las fuerzas armadas. Esto se comenzó a implementar los primeros años. Pero a medida que iba terminando el gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000), Guatemala comenzaba a ser parte del proyecto neoliberal que se estaba impulsando a nivel mundial. En Guatemala las clases dominantes entienden perfectamente que este proyecto iba a generar conflicto en las comunidades. Y nuevas acciones de resistencia. A partir de ahí se diseña un nuevo plan que fue violentando los Acuerdos de Paz, principalmente, cómo regresar al ejército y al mundo que había anteriormente. Comienza entonces la remilitarización del país. Es un proceso que comienza en torno a 2007.
-¿Cómo continúa el proceso de militarización hasta hoy?
Con el expresidente Álvaro Colom (2008-2012) ya se había avanzado mucho. Reinstaló 18 destacamentos militares en diferentes partes del país, que obedecían a una nueva acumulación de riqueza en Guatemala. Los lugares de implantación militar es donde se ubican los proyectos de minería, hidroeléctricas o palma africana. Por ejemplo en el Ixcán (al norte del Quiché) se reimplanta un destacamento militar a pesar de que allí se produjeron las grandes masacres en el país. También en Zona Reina (Quiché), Norte de Huehuetenango, San Marcos y Petén, donde la guerra se vivió intensamente, hubo una nueva reubicación de militares y explotación de los recursos. O en Rabinal (Baja Verapaz), donde numerosas comunidades fueron eliminadas durante el conflicto armado.
-¿Cuál es el rol, hoy, de los militares?
El papel del ejército está actualmente en defender los intereses, inversiones y grandes proyectos en el país. En San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa (San Marcos), donde se está explotando la Mina Marlin; o en Santa Cruz Barillas (donde desarrolla su iniciativa Hidro Santa Cruz); en San Juan Sacatepéquez (muy cerca de la capital), donde el proyecto de Cementos Progreso viene afectando a 12 comunidades. Empresas colombianas, canadienses, estadounidenses, japonesas, coreanas, italianas o españolas se han implantado en el país y violentado fuertemente los derechos de los trabajadores. Las multinacionales han hecho alianzas con la oligarquía y el estado de Guatemala, que ha perdido su soberanía. Se ha vuelto un aparato al servicio de estas grandes empresas, tanto nacionales como extranjeras.
-Descrito el proceso de (re) militarización, y los pactos entre el estado y las empresas, ¿Cuál ha sido la reacción de las clases populares, en concreto, del movimiento indígena?
Hay una nueva articulación de organizaciones, pueblos y comunidades. Llevamos 76 consultas comunitarias en municipios y en prácticamente todas ha habido un rechazo a las empresas transnacionales. Hay una primera fase de sensibilización e información a las comunidades. A partir de ahí, las comunidades asumen como proyecto hacer la consulta, donde participa casi toda la población (los niños de 7 años pueden votar). Después se entregan los resultados al Ministerio de Energía y Minas, y al Congreso de la República. Hasta ahora sólo una de las consultas la han tomado como vinculante, a pesar de que se inscriben en el marco de los Acuerdos de Paz. Hay tres factores que afectan principalmente a las comunidades indígenas: la minería, las hidroeléctricas y la siembra de la palma africana.
-Dentro del gran proyecto neoliberal, al que te referías…
En un país como Guatemala, de 108.000 kilómetros cuadrados, con casi 16 millones de habitantes (el más poblado de Centroamérica) y con más del 60% de la población indígena, al proyecto neoliberal lo definimos como una forma de «neocolonialismo». El ejército, los ricos de Guatemala y las transnacionales hacen uso de los métodos de contrainsurgencia que ya se aplicaron contra nuestros pueblos. Dividen a nuestras comunidades y levantan a unas contra otras. A los trabajadores que son contratados por las empresas en las diferentes regiones, los convierten en bandas paramilitares. Las empresas vienen armándolos para que sean ellos los encargados de reprimir a sus hermanos. En todos los casos donde hay empresas, hay bandas paramilitares de los propios trabajadores.
-¿Cómo se responde a las protestas populares?
Por ejemplo en San Juan Sacatepéquez (a 45 kilómetros de la capital) hay una resistencia muy fuerte de las comunidades. Llevamos 28 muertos desde que comenzó el conflicto en 2007. Lo más fuerte ocurrió el 19 y 20 de septiembre de este año, donde murieron 11 personas. El gobierno de Otto Pérez Molina aplica el «estado de prevención» y el «estado de sitio», que ha servido para aterrorizar a la población y para la actuación con total impunidad del ejército y de la policía. Lo vivimos en Santa Cruz Barillas, en Jalapa (con el pueblo Xinca) y ahora en San Juan Sacatepéquez. En Guatemala hay una agenda diseñada que responde al proyecto neoliberal. No importa qué partido llegue al poder. No tienen agendas diferentes. Tampoco importa si son civiles o militares.
-¿Qué cobertura dan los medios de comunicación a estas prácticas?
En los medios de comunicación hay una actitud racista. En el conflicto armado, que duró 36 años, los medios de comunicación, los gobiernos y los ricos de Guatemala nos presentaban como «manipulados por los cubanos y los rusos». Ahora, como ya no hay Unión Soviética, nos presentan como manipulados por los europeos. Dicen que es la cooperación internacional la que viene a «desestabilizar» el país y no quiere el desarrollo para Guatemala. Presentan al indígena como fácilmente manipulable. Dedican programas completos a deslegitimar y criminalizar las protestas sociales.
-La memoria histórica como herramienta para la lucha política en el presente. ¿Qué ha representado el juicio a Ríos Montt?
Consideramos lo de Ríos Montt como un paso importante en el país. Por el hecho de haber podido sentar en el banquillo al genocida, y también por la cantidad de testimonios recogidos contra él. El Ministerio Público condenó al dictador a 80 años de prisión, pero la Corte Constitucional revocó el proceso. Seguramente el año que viene comience de nuevo el juicio. Pero hay algo importante: lo que está en cuestión es el concepto de genocidio. Nadie está discutiendo que Ríos Montt haya ordenado matar. Lo que alega su defensa es que no alcanza al calificativo de «genocidio», pero nosotros, los pueblos, sí consideramos que lo hubo.
-Durante un tiempo participaste en la exhumación de cementerios clandestinos.
Encontramos niños y ancianos asesinados. El conflicto se dio entre el ejército y la policía civil, y las comunidades. Es decir, el enemigo a veces no era la guerrilla. El ejército buscó primeramente a la población civil. Es todo el planteamiento de Mao Tse-Tung de que la población es el agua y la guerrilla es el pez; esto los militares de Guatemala lo entendieron como que para ahogar el pez, había que quitarle el agua.
-¿Cuál es el potencial del movimiento indígena para afrontar las luchas sociales?
Tenemos puntos fuertes como la cosmovisión de los pueblos indígenas, que ha sido negado por el estado y por la sociedad. Nuestra relación con la madre tierra es algo que nos unifica a todos. También el hecho de ver con plena claridad que somos continuadores de resistencias no recientes, que comenzaron hace 500 años. La reafirmación de la identidad propia y de nuestra historia…
-¿Qué factores obstruyen el crecimiento de los movimientos sociales?
La presencia de sectores protestantes y de los partidos políticos. Y la presencia del caudillismo en las organizaciones indígenas. Las religiones desvían las demandas de nuestros pueblos y nos convierten, más que en actores de cambios sociales, en fieles espirituales de una religión. Otra cosa son los partidos políticos. Generan falsas expectativas entre la población mediante la utilización masiva de los medios de comunicación. Además, la gente los ve en general como un fin y no como un medio. Pero hemos de matizar: la URNG y la WINAC son partidos más cercanos al pueblo de Guatemala.
-Por último, ¿es posible la articulación del movimiento indígena? ¿Se está cerca de una coordinación efectiva?
Articular y coordinar nuestras organizaciones es un proceso largo. Lo estamos intentando. Lo más importante es que el 17 y 18 de septiembre de 2014 logramos paralizar el país. Conseguimos que la «Ley Monsanto», que ya había sido aprobada por el Congreso de Guatemala, fuera anulada. Por todo el país se movilizaron entre 70.000 y 80.000 personas. El 16 de julio a la marcha de San Juan Sacatepéquez asistieron unas 25.000 personas. En 2012 hicimos la marcha de Cobán a la capital, que duró nueve días. Lo importante es que en los movimientos sociales hay una experiencia acumulada de resistencia fuerte. Aquéllos que sobrevivieron al conflicto armado adquirieron mucha experiencia. Destacaría asimismo la participación activa de las mujeres, la juventud y la niñez con una demanda grande: la defensa del territorio. Y el intercambio de experiencias con organizaciones indígenas de Ecuador, Perú, Colombia o Bolivia, entre otras. Además de aportar en los últimos años el paradigma del «Buen Vivir», apostamos por la construcción del «Estado Plurinacional».
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