Trabajadores de Tubacex, ITP Aero, Petronor y el metal de Bizkaia han creado una plataforma para alertar de la “avalancha” de sanciones recibidas estas últimas semanas por parte de la Ertzaintza.

La reforma laboral no afrontó la subcontratación, y los propios camioneros no se contemplan como sujetos susceptibles de aplicación de la ley rider. Como en el campo, terceras empresas —firmas de logística, en este caso— se quedan con buena parte de la tarifa final y los conductores aseguran que trabajan a pérdidas.

Sobre las ocho cooperativas de El Humoso pesa una orden de desalojo al no ejecutarse la compra por parte del Ayuntamiento. El precio de venta podría quedar entre 3,5 y 4 millones, para los que contarían con el respaldo de la banca ética.

Agbar realizó el pasado jueves una petición histórica de subida en la tarifa del agua. Al día siguiente, un informe de la Autoridad Catalana de la Competencia reveló el “casi monopolio” que ostenta la empresa en los contadores y su sobrecoste.

Àlex Romaguera es un periodista que ha recopilado en el libro Víctimes en so de pau (Pagés editors) el testimonio de 15 víctimas de diferentes violencias políticas, con ópticas comunes: la forma de superar el trauma y cómo construir una sociedad mejor. Rosa Lluch, Sara Buesa, Pilar Manjón, Pili Zabala, Merçona Puig Antich son algunas de las personas entrevistadas. Escrito de forma amena —como un buen reportaje—, Romaguera pone el horizonte en la construcción de paz.

Frenar la temporalidad y la precariedad, exigió la Unión Europea a España para recibir los fondos Next Generation. Nada dijo sobre derogar la reforma laboral de Mariano Rajoy.

La Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi Amuge ha realizado un ‘testing’, una técnica de investigación que ha demostrado que las mujeres gitanas sufren un trato discriminatorio cuando van de compras. Concretamente, en el 80% de los establecimientos testados.

Ixone Retes, Aitor Bordagaray, Julen Cicero y Miguel Ángel Iglesias son cuatro de los 129 trabajadores que Tubacex despidió en febrero. Junto con todos sus compañeros —750 personas, toda la plantilla— han frenado el ERE con una huelga indefinida de 236 días que ha terminado hoy.

El primer accionista de Tubacex es José María Aristrain. La fiscalía le solicitó 64 años de prisión por un presunto fraude de 210 millones a Hacienda entre 2005 y 2009. El sexto accionista es Itzarri, el ente vasco participado públicamente que gestiona los complementos de las pensiones del funcionariado.