El Congreso de Colombia, la Presidencia de la república y el Ministerio de Defensa han expedido una Ley de supuesta seguridad ciudadana que en realidad es un estatuto para establecer una serie de disposiciones e instituciones que remodelan el régimen político para establecer a plenitud una dictadura neonazi que permita aplastar los movimientos sociales y las organizaciones políticas opositoras al Estado oligárquico colombiano e impedir el acceso al poder del Pacto Histórico y su candidato Gustavo Petro.

En Colombia ha tomado forma la campaña política para elegir el próximo Presidente de la republica (2022-2026), evento que debe darse el 29 de mayo del 2022, en primera vuelta, y el 19 de junio, en segunda, en caso de ser necesario porque en la primera ronda ninguno de los candidatos obtenga la mitad más uno de los votos depositados.

A propósito del incremento del salario mínimo a un Millón de pesos con un subsidio del transporte cercano a los doscientos mil pesos para el año 2022, los sectores cercanos al gobierno se han derramado en elogios para resaltar la gestión social de la administración del Presidente Ivan Duque.

Estamos en una época histórica en que las utopías de los derechos humanos se han ubicado en el corazón mismo tanto de la política como de la ética.