El gobierno nacional ha convocado para el domingo 5 de febrero del año en curso a una consulta popular en circunstancias en que el país vive una grave crisis económica, social y política. El régimen manipula en especial los sentimientos de inseguridad de la población para revertir su debilidad y desprestigio irreversibles.

América Latina alberga a unos 800 pueblos y nacionalidades Indígenas diferentes, el equivalente al 9-8% de su población. La tasa media de mortalidad infantil en los niños indígenas es un 60% superior a la de los niños no indígenas /1. En 2018, Ecuador informó de que el 50,6% de su población indígena vivía en la pobreza, en comparación con el 20,9% de la población no indígena /2. Entre 2014 y 2017, la mortalidad materna fue un 69% superior en las mujeres indígenas que en las mestizas /3. La desnutrición crónica afecta a uno de cada cuatro niños ecuatorianos, y la tasa se duplica en los niños indígenas /4.

La Gran Muralla china es el muro más famoso del mundo. Fue construida durante mil años y tiene una extensión de 21 mil kilómetros. Fue concebida como una barrera militar para impedir las invasiones de los ejércitos enemigos.

La llegada a la presidencia de Guillermo Lasso, un político y banquero conservador, marca un giro a la derecha en el país. El resultado muestra la resistencia al correísmo y el peso del voto nulo impulsado por el movimiento indígena, y abre un complejo escenario con un presidente alineado ideológicamente con el neoliberalismo.

Definitivamente, los populismos latinoamericanos no se llevan bien con el feminismo. Su lógica caudillista y mesiánica está anclada al viejo patrón masculino del poder: los cambios deben imponerse, por lo tanto, son un asunto de fuerza. Las agendas de las mujeres parecen incomodarles demasiado.

Ahora resulta que creer en la ciencia, usar mascarilla contra el COVID-19 y oponerse a portar armas libremente implica ser comunista.

En las luchas de resistencia a los TLC fue fundamental la capacidad de movilización del movimiento indígena y campesino. Estos sectores alertaron sobre los impactos negativos que tendría su aplicación para la agricultura familiar y comunitaria, particularmente para los productores de maíz, arroz, pollos, cerdos y leche.