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Una mirada al paisaje del poder público colombiano, ejercido en nombre y bajo el rótulo de la democracia. Y una sucinta visualización y valoración de la realidad nacional, en la presente época preelectoral.
La crisis política-administrativa nacional, de la presente semana, es fiel reflejo y consecuencia directa, de la resistencia a los cambios económicos, políticos y sociales, que necesita Colombia.
Los acuerdos de paz firmados en 2016, entre Gobierno y las FARC, debe ser referente para el nuevo gobierno y toda la sociedad colombiana, para retomar y desarrollar las negociaciones con otras organizaciones al margen de la ley.
La institucionalidad ha venido operando bajo directrices del poder de turno, desde hace más de 200 años, definidas y orientadas según sus conveniencias e intereses. El prototipo de los últimos años, son los gobiernos de Uribe y Duque.
Un gobierno, realmente decidido a mejorar el nivel de vida de sus gobernados, debe tomar decisiones económicas, jurídicas y sociales, fundamentadas en análisis económicos y sociales, racionalmente sustentables y justificables.
Durante más de 200 años, de vida republicana, supuestamente democrática, en Colombia ha sido posible la tiranía ejercida con el sistema salarial-ocupacional de desempleo e injustificables salarios, como consecuencia que el poder siempre estuvo bajo el dominio absoluto de los dueños del poder económico y político.