Sara Lovera

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La violencia contra las mujeres en los 25 meses del gobierno de Andrés López Obrador muestra un panorama sombrío, dijo la doctora en derecho y consultora internacional de la ONU Mujeres Patricia Olamendi Torres, quien consideró que el 2020 «rompió récords» en cuanto a delitos cometidos contra mujeres.

La situación de 40 millones de niñas, niños y adolescentes en México se agudizó durante el último año, a causa de las decisiones del gobierno que los abandonó; desmanteló el sistema nacional de vacunación; quitó todo el presupuesto a la Estrategia Nacional de la Primera Infancia y redujo 19 por ciento el presupuesto para la salud materna, dijo el pasado 6 de enero Juan Martín Pérez García, en una conferencia de prensa a distancia.

En el primer año de la Declaración de Alerta de Violencia Género contra las Mujeres (AVGM), aumentaron las denuncias por violencia familiar, acoso, violación sexual y contra la intimidad en el ciberespacio; disminuyeron las de homicidio doloso y quedaron iguales las feminicidio.

La Cámara de Diputados de México aprobó el pasado 18 de noviembre, por unanimidad, elevar a rango constitucional el Sistema Nacional de Cuidados, con 329 votos.

Confusa, con acciones paralelas a la ley, anuncios de planes o programas de los que no se volvió a hablar, trabajo sin dinero y con funcionarios agotados, más centrada en dar informes que en hacer, es lo que el discurso de la Secretaria de Gobernación ha hecho en los últimos 22 meses, sin entender cuál es la ruta y cómo se articula con la ley.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en año y medio de su administración, en política de género y sobre la violencia contra niñas y mujeres ha sido omiso, opaco, incongruente, negligente y, en nombre de la austeridad republicana, se han generado graves retrocesos, obstaculizado el acceso a la justicia para niñas y mujeres que viven en México la crisis de la pandemia covid-19 sin seguridad.

Cerca de 19 millones de mexicanas viven el riesgo de violencia en casa, indican datos oficiales según los cuales la demanda de apoyo institucional -solo en los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM)- creció entre enero y marzo hasta más de 263 por ciento en Sinaloa, más del 60 por ciento en Coahuila y Jalisco, por ejemplo.

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