Casi medio siglo después de los hechos, en un país que se desgarra las vestiduras ante el mundo proclamando lo auténtica que es su democracia, los asesinos de los cinco jóvenes antifascistas que murieron al alba del día 27 de septiembre del año 1975, siguen sin ser juzgados.

Lo que nuestro país está viviendo bajo el terror de las empresas eléctricas es que sólo puede comparase a una película de zombis sedientos de sangre de las que, en los años sesenta, solía firmar George A. Romero.

No sin una espeluznante estupefacción, todos los ciudadanos europeos hemos visto la brutal paliza que la policía francesa propina a un ciudadano negro por cometer el abominable delito de no llevar puesta la mascarilla obligatoria.

Que la corona de España disponga de tres cajas fuertes y de una máquina para contar dinero en sus dependencias palaciegas, pagado todo a expensas del erario público y asentado en la relación de gastos que se aprueba para la Casa Real, evidencia que, al margen de las asignaciones económicas que les corresponden por su cargo como jefes del Estado español, nuestros recelosos monarcas manejan a nuestras espaldas dinero negro de una forma habitual.

Grupos de militantes de ultraderecha protegen desde el pasado fin de semana, con el consentimiento de la policía londinense, la estatua de Winston Churchill instalada frente al Parlamento británico.