Como en una visión onírica y nebulosa, el pasado parece una y otra vez volver para hacerse presente y arrastrarnos por una pendiente sin destino definido. No un rayo en el azul sino una necesidad económica de recuperar para la soberanía nacional la renta petrolera, lleva al gobierno argentino a nacionalizar el paquete accionario con […]
Como en una visión onírica y nebulosa, el pasado parece una y otra vez volver para hacerse presente y arrastrarnos por una pendiente sin destino definido.
No un rayo en el azul sino una necesidad económica de recuperar para la soberanía nacional la renta petrolera, lleva al gobierno argentino a nacionalizar el paquete accionario con que la empresa transnacional Repsol controla Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Una riqueza que debe ser aprovechada -como era el proyecto original cuando se fundó YPF- por el pueblo argentino, pero que a raíz de las privatizaciones del menemismo pasó a control privado en 1992, con participación de nacionales pero también de la transnacional española.
Es un caso evidente de derecho internacional público, en el que éste se encuentra claramente por encima de los privados, y en el que sólo cabe determinar la magnitud de la indemnización al capital privado. Sin embargo, el gobierno español, supuesto representante de un Estado moderno, se transmuta frente al hecho en representante del capital privado empresarial e invoca afectación a inexistentes derechos nacionales, como en los tiempos de los encomenderos en que el interés privado y el público se confundían en uno solo. Como en los tiempos de la Casa de Contratación sevillana, cuando una empresa particular asumía la representación del Estado español. La decisión argentina, afirmó desde México el presidente del gobierno español mariano Rajoy, «nos perjudica a todos» (sic); y en ese absoluto incluyó no sólo a los accionistas o ejecutivos de una empresa que opera más fuera de España que en ese país, sino a la propia nación española, a América Latina y ¡a la misma República Argentina! Hablando no como estadista sino como un entrepreneur, un ejecutivo internacional de inversiones, amenazó con que el acto reivindicativo platense frenará las inversiones no sólo en ese país sino en toda la región. A título personal y como para rematar, Rajoy expresó su «profundo malestar por la decisión adoptada por el gobierno argentino, que afecta la reputación de Argentina».
¿Cómo se genera una semejante confusión entre lo público y lo privado, entre los intereses nacionales y los particulares? ¿Y cómo un jefe de gobierno asume, a título personal, la defensa de una franquicia de negocios internacionales? A partir de la salvaguardia de la llamada globalización, ese reino de la internacionalización donde los intereses privados gobiernan sin fronteras y sin la regulación de los poderes públicos. Los monopolios internacionales se manifiestan contra los monopolios… si éstos son de carácter estatal-nacional. Y la fuerza de la representación nacional en ese caso, se usa a favor de lo empresarial, con un discurso que bien recuerda al siglo XIX con sus doctrinas Monroe, de territorio vital y sus afanes imperialistas. La globalización nos lleva, según toda evidencia a la reedición de aquélla experiencias y no a una era de cooperación basada en el respeto entre los Estados.
Pero más grotesco aún fue que, atropelladamente, Felipe Calderón, en ese momento anfitrión del presidente español en Puerto Vallarta, asumiera la trinchera moral de la petrolera de origen español. Aun reconociendo no conocer en detalle la situación particular de la decisión asumida por la presidente argentina, es decir la situación jurídica particular del caso, el abogado michoacano soltó su enojo: «A mí me parece que es una cuestión de principios y, también, de legalidad un poco [sic], porque se trata de medidas que ya estaban, de alguna manera [sic], descartadas en el contexto de un mundo global y de un mundo de certidumbre». Como gobernante bananero, Calderón tomó de inmediato partido por las transnacionales con intereses en el territorio local. No esperó a analizar desde la perspectiva del derecho internacional la actualidad del caso sino que asumió como principios y como verdades jurídicas los alegatos no establecidos en las leyes ni los tratados internacionales que esgrimen, nuevamente, los heraldos de la globalización.
Ya antes, a botepronto, y olvidándose de representar a un país donde el petróleo está nacionalizado y, sobre todo, echando por la borda la diplomacia, había considerado la decisión argentina como una medida «muy poco responsable y muy poco racional», y como «violatoria de los acuerdos y tratados que se tienen», aunque no refirió ninguno. Otro déjà vu , el semicolonialismo no superado que se vuelve a hacer presente en la actitud de quien supuestamente tendría a su cargo enarbolar la soberanía nacional, mas se revela como un aspirante a palafrenero, tal vez en este caso de la monarquía española.
«La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos», escribió un actualísimo Marx en El Dieciocho Brumario. «Y cuando éstos aparentan dedicarse precisamente a transformarse y a transformar las cosas, a crear algo nunca visto, […] es precisamente cuando conjuran temerosos en su auxilio los espíritus del pasado». El hoy quiere ser retrotraído hacia una realidad pretérita que se pensaba superada. Porque nada como ésta otorga certidumbres, da afirmación a convicciones. El papel de la tradición al que, desde otra perspectiva, se refería Max Weber.
Así, los concilios eclesiásticos, con tufo de sacristía y resonancias de Santo Oficio vuelven a cobrar vigencia en una república que apenas acaba ser declarada constitucionalmente laica. Se convierten en cenáculos de la política, sedes redivivas del poder tradicional como guardián de los valores profundos de la nación. No en balde fuimos antes guadalupanos que mexicanos. Y ahí acuden los políticos que recorren el país haciendo ofertas de futuro. Una, Josefina Vázquez, ofrece, por complacer a los actores de la Conferencia Episcopal, dar marcha atrás a los avances de la sociedad abierta. Otro, López Obrador, les obsequia someter a republicana y democrática consulta las propuestas que emanan del medievalismo y de la autoridad de la vetusta iglesia romana. Uno más, Peña Nieto, acaso comprometa un virtual cogobierno nacional con el episcopado y sus apéndices laicos: Pro-Vida, los Caballeros de Colón, la Unión Nacional de Padres de Familia… No en balde su formación profesional la obtuvo de la institución de educación superior adscrita al Opus Dei franquista.
Hacia allá avanzamos. Hacia un futuro que no alcanzamos a bien vislumbrar en medio de esta era de crisis e incertidumbre, pero que más parece un retorno al pasado o a diversos pasados. ¿Hasta dónde llegaremos? ¿Quién tiene una respuesta?
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