“Pedimos un alquiler social porque estamos en nuestra casa, yo así lo considero; llevo cinco años viviendo aquí”, declara Nelly Saiz a TVE. Es una de las 94 personas amenazadas de desahucio en dos bloques de viviendas del municipio valenciano de la Pobla de Vallbona (24.400 habitantes). La movilización popular, impulsada por la Plataforma de afectados por las Hipotecas (PAH) y los vecinos, logró que el juzgado de Llíria suspendiera el pasado 9 de diciembre el desalojo de la treintena de familias, incluidos 25 menores, tres personas con discapacidad y una mujer embarazada.
