Recomiendo:
0

Ponencia de Rubén Berríos Martínez, presidente del Partido Independentista Puertorriqueño sobre el Proyecto del Senado 51

«Con la colonia en bancarrota, la suprema definición está a nuestro alcance»

Fuentes:

Señor Presidente del Senado, señor Presidente de la Cámara, señores portavoces, señores y señoras senadores y representantes: Me acompañan en el día de hoy la Vicepresidenta del PIP, compañera María de Lourdes Santiago, y el Presidente Ejecutivo del PIP, compañero Fernando Martín. Hoy, para mí, es un día de júbilo. Puedo decir con satisfacción que […]

Señor Presidente del Senado, señor Presidente de la Cámara, señores portavoces, señores y señoras senadores y representantes:

Me acompañan en el día de hoy la Vicepresidenta del PIP, compañera María de Lourdes Santiago, y el Presidente Ejecutivo del PIP, compañero Fernando Martín.

Hoy, para mí, es un día de júbilo. Puedo decir con satisfacción que anoche enmendé esta ponencia para excluir la exigencia de la liberación del patriota Oscar López Rivera como parte de la definición de independencia que más adelante detallaré ante ustedes.

La liberación de Oscar constituye, además de un acto de justicia, una fuente de esperanza. Si hay unidad de propósito y persistencia, un pueblo lo puede lograr todo. Ya Vieques apuntó el camino y ahora la liberación de Oscar lo confirma.

Por décadas, el objetivo estratégico del Partido Independentista Puertorriqueño para adelantar el advenimiento de la independencia ha sido el de promover la suprema definición, anticipada desde los años treinta por don Pedro Albizu Campos.

El colonialismo ha prevalecido en Puerto Rico porque esa ha sido -¡hasta ahora!- la voluntad de los Estados Unidos al considerar inaceptables tanto la independencia como la estadidad. El colonialismo ha prevalecido por diseño imperial.

A su vez, el momento de la suprema definición llegará solo cuando Estados Unidos se vea forzado a enfrentar el problema de estatus de Puerto Rico. Contribuir a ese objetivo debe ser el norte del proyecto ante ustedes. Una nación tan heterogénea y compleja como Estados Unidos enfrenta sus grandes problemas de política pública cuando estos hacen crisis. No los enfrenta a menos que tenga que hacerlo. En la medida en que Puerto Rico no es percibido como un problema crítico para Estados Unidos, triunfa el inmovilismo, es decir, el colonialismo.

Hoy, con la colonia en bancarrota económica, política y social (repudiada por nuestro pueblo, impugnada internacionalmente, regentada por una Junta Federal de Control Fiscal y desahuciada por el propio gobierno de los Estados Unidos que le dio vida) la suprema definición está a nuestro alcance. En el contexto de la situación actual que padece nuestra Patria es más evidente que nunca la relación entre el estatus de inferioridad política y su incapacidad para promover un verdadero desarrollo.

No podemos dejar pasar esta oportunidad.

Para ello, de cara al plebiscito propuesto en este proyecto de Ley, es necesario un diálogo constructivo que posibilite la participación en el mismo de todos aquellos que aspiramos a la descolonización.

Me propongo presentarles varias propuestas dirigidas a que el P. del S. 51 se enmiende de forma tal que pueda ser aceptable por todos los que creemos en la descolonización.

Antes de hacerlo, debo señalar que el proyecto tiene el gran mérito de establecer claramente que ninguna forma de coloniaje puede ser considerada como alternativa y de agrupar inicialmente a la Independencia y la Libre Asociación como las dos modalidades de lo que con propiedad debe titularse «Soberanía Propia o Soberanía Nacional Puertorriqueña». Basta ya de ambivalencias. No existe un derecho natural a ser colonia como parecen pretender algunos. Hay que definirse.

Debo añadir, más aun, que constitucionalmente el Congreso de los Estados Unidos solo tiene a su disposición dos mecanismos, dos rutas, para superar la condición colonial de uno de sus territorios: o lo integra como estado o dispone del territorio. En este proyecto se le pide al pueblo de Puerto Rico que se exprese sobre esas dos rutas. El Congreso, a su vez, puede entonces disponer del territorio reconociendo la soberanía nacional de Puerto Rico ya sea en la independencia o en la libre asociación. Por eso, ambas deben estar agrupadas como fórmulas de soberanía nacional puertorriqueña frente a la alternativa de la integración como estado. Ese es el camino a la suprema definición.

Vamos a analizar ahora las deficiencias que contiene el proyecto y que deben ser corregidas.

Me refiero en primera instancia a la forma limitante e insuficiente en que se define la independencia. La sección pertinente debe enmendarse para suplir esa deficiencia. Dicha enmienda debe enmarcarse en los siguientes parámetros:

1. El voto por la independencia constituye la demanda al gobierno federal para comenzar el proceso de descolonización con la transferencia de soberanía a Puerto Rico para que Puerto Rico pueda disfrutar de su independencia.

2. La independencia conlleva los derechos, deberes, poderes y prerrogativas de los países independientes y democráticos.

3. S ignifica, además, el apoyo a la ciudadanía puertorriqueña (aun para aquellos que decidan retener su ciudadanía americana) y a un proceso de transición desde la proclamación de la independencia a negociarse con el gobierno de los Estados Unidos, incluyendo temas tales como los siguientes: comercio con Estados Unidos, derechos adquiridos, moneda, deuda pública, movimiento y tránsito de personas y desmilitarización, además de un «Tratado de Amistad y Cooperación» con posterioridad al proceso de transición».

Estas consideraciones no son nuevas. Los proyectos que desde el 1989 consideró el Congreso de los Estados Unidos para atender el asunto de la autodeterminación de Puerto Rico contemplan todos estos aspectos de la transición a la independencia.

  Le correspondería, a su vez, a los defensores de la libre asociación hacer los señalamientos que estimen pertinentes respecto a la definición de su aspiración. Aprovecho para subrayar que respecto a la libre asociación se debe ser lo más flexible e inclusivo posible, de forma tal que los que la defienden estén debidamente representados en la papeleta.

Hay varios asuntos adicionales a los que quiero referirme en el día de hoy.

Reconociendo la importancia de encaminar este proceso cuanto antes, las fechas propuestas no deben servir de impedimento para alcanzar acuerdos consensuados y la debida participación.

Respecto a las recaudaciones y gastos de campaña, es necesario garantizar acceso justo y equitativo para la difusión de las diversas alternativas. Para el logro de ese objetivo pueden establecerse diversos mecanismos, entre otros, límites muy estrictos a las recaudaciones y gastos de campaña y la disponibilidad de tiempo igual a los representantes de las diversas opciones de estatus en los medios de comunicación propiedad del Estado.

Demás está decir que en cuanto a buena parte del lenguaje en la Exposición de Motivos y en algunas partes del texto, discrepamos. En todo caso, se trata de declaraciones formuladas por la mayoría parlamentaria desde su perspectiva ideológica que no tienen consecuencia real alguna.

Por último, en cuanto a la consulta al Secretario de Justicia de los Estados Unidos sobre las definiciones de las diversas alternativas de estatus contenidas en el proyecto, varios señalamientos son de rigor.

Para el PIP el proceso de descolonización supone no una mera consulta jurídica al Secretario de Justicia de los Estados Unidos, sino una negociación política con el Congreso, como la contenida en nuestra propuesta de Asamblea de Estatus ya presentada ante esta legislatura. Somos conscientes de que el nuestro no es el mecanismo por el que ha optado la mayoría parlamentaria. Sin embargo, queremos dejar claramente sentado que para nosotros la independencia es un derecho inalienable y, por lo tanto, su definición no está sujeta a lo que pueda opinar el Secretario de Justicia estadounidense.

Más aún, en cuanto a la consulta al Secretario de Justicia quiero advertir sobre otro aspecto que estimo de gran importancia.

No hay por qué suponer que el Secretario de Justicia está interesado o comprometido con la descolonización de Puerto Rico. Por el contrario, como ya he señalado al inicio de mis palabras, el colonialismo en Puerto Rico ha prevalecido hasta el presente porque esa ha sido la voluntad de los Estados Unidos. En 119 años, ni uno solo de los gobiernos de los Estados Unidos se ha apartado de la política pública de mantener un régimen colonial en Puerto Rico. Huelga decir que continuar con la permanencia del territorio es conforme con la cláusula territorial de la Constitución de esa nación.

Existe, por lo tanto, la posibilidad de que al ser consultado sobre este plebiscito el Secretario de Justicia indique que debe incluirse la alternativa de relación territorial bajo cualquiera de sus múltiples nombres, bien sea este ELA, o ELA culminado o el mejorado o cualquier otro.

Esa posible opinión del Secretario de Justicia, estimulada por supuesto por los colonialistas locales, sería totalmente contraria a la letra y al espíritu de este proyecto. Pero no sería la primera vez que Estados Unidos actúa en contra de los intereses y la voluntad de nuestro pueblo.

El mudo ya comenzó a hablar pero no se puede descartar que empiece a decir disparates… Si le conviene.

¿Cómo enfrentaría, entonces, el gobierno de Puerto Rico semejante atropello? Sería esa la prueba de fuego.

Ante semejante potencial atropello, esta Legislatura debe seguir adelante con el plebiscito excluyendo cualquier alternativa colonial. No se puede vender la dignidad y la voluntad descolonizadora de nuestro pueblo por el plato de lentejas de una exigua aportación monetaria federal para dicho plebiscito. A final de cuentas, si no nos damos a respetar, nadie nos va a respetar. Hay que ponerse de pie para descolonizar nuestra Patria.

El PIP está en la mejor disposición de favorecer un proyecto que adelante nuestra descolonización y que nos dirija a la suprema definición, pero para ello, como hemos señalado, el proyecto bajo consideración debe ser enmendado.

Yo he dedicado toda mi vida a la lucha por la descolonización e independencia de mi Patria y aspiro a que podamos, de una vez y por todas, contribuir a resolver el angustioso problema del estatus. Pero el movimiento se demuestra andando.

Para el PIP, como siempre, el criterio determinante será el adelanto de la independencia.