Han pasado 14 años desde la aprobación de la Ley de Medio Ambiente que plantea la creación de tribunales agroambientales para ver casos de contaminación y destrucción ambiental, pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no impulsa su instalación. «En El Salvador todavía no contamos con esos tribunales», afirma a Noticias Aliadas Lourdes Palacio, […]
Han pasado 14 años desde la aprobación de la Ley de Medio Ambiente que plantea la creación de tribunales agroambientales para ver casos de contaminación y destrucción ambiental, pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no impulsa su instalación.
«En El Salvador todavía no contamos con esos tribunales», afirma a Noticias Aliadas Lourdes Palacio, diputada del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) e integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa. «Seguimos a la espera. Hubo un proyecto financiado por la Unión Europea para capacitar a jueces en materia ambiental para que se instalaran estos tribunales. No supimos qué pasó».
Por su parte, la CSJ asegura que el proceso de instalar los tribunales sigue su curso y que no hay un tiempo definido para hacerlos efectivos. Mientras tantos los casos de contaminación y depredación ambiental son vistos por los juzgados comunes.
Para las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que buscan que la naturaleza goce de garantías judiciales ante la contaminación industrial, ambiental, radioactiva o electromagnética, es necesario introducir disposiciones que incorporen una protección ambiental efectiva, que recaiga no sólo en la autoridad ambiental gubernativa, sino también en tribunales ambientales especializados.
Por ello, plantearon al FMLN la necesidad de reformar la Ley de Medio Ambiente para asegurar que se juzguen y penalicen los daños en materia ambiental.
«Aquí no hay procedimientos judiciales idóneos para tratar el tema de la injusticia ambiental. ¿A qué lugar se acude cuando existe un delito ambiental? Nadie juzga a quienes contaminan, menoscaban o deterioran a El Salvador», reflexiona el presidente y doctor en salud pública y ecología política de la no gubernamental Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), Ángel Ibarra, en declaraciones a Noticias Aliadas.
Acogiendo el pedido de las organizaciones ambientales, el FMLN intenta ahora que la Asamblea Legislativa -que se inaugurará en mayo-reforme la Ley de Medio Ambiente aprobada en 1998.
Los ambientalistas y el FMLN buscan reformar el capítulo II del «procedimiento judicial» de la Ley de Medio Ambiente. El objetivo es «la creación, instalación y apropiado funcionamiento de los tribunales ambientales en El Salvador», según Ibarra.
En efecto, tras 14 años sin darle vida a los tribunales agroambientales, los activistas -con su petición de reforma- buscan cambiar el nombre de aquella primera figura (agroambientales) a tribunales ambientales, esto si se modifica el artículo 99 que forma parte del capítulo II del «procedimiento judicial», pues con los años transcurridos, parte de aquel decreto es débil ante la realidad ambiental que vive El Salvador.
«Si los tribunales agroambientales [de 1998] se hubiesen instalado en ese período y se hubiesen capacitado a fiscales y jueces, el abordaje de los delitos ambientales ya estuviera avanzado en el país. En este país, con un 60% de la población viviendo en las ciudades, pues lo agroambiental queda muy forzado. No todos los problemas ambientales están vinculados al campo. Por eso queremos los tribunales», explica Ibarra.
El impulso de la reforma tiene como punto vital que el procedimiento judicial contemple los principios del derecho ambiental, su doctrina y los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado salvadoreño.
Contaminación industrial
El territorio salvadoreño conoce todos los tipos de contaminación que puedan existir. Y de algunos aún no se libra.
Uno de los más emblemáticos es el de la empresa Baterías de El Salvador, que producía las baterías Record. En el 2005 los residentes del cantón Sitio del Niño, en el céntrico departamento de La Libertad, vivieron una tragedia cuando se detectó contaminación por plomo en la sangre en ese lugar por responsabilidad de dicha empresa. Unas 550 manzanas a la redonda de la fábrica se vieron afectadas por décadas con el hollín que expulsaban las chimeneas, contaminando casas, cultivos, pozos de agua, el subsuelo y la sangre de los habitantes.
El director de Intereses de la Sociedad de la Fiscalía General de la República (FGR), Julio Adalberto Arriaza González, afirmó que «en la historia de la Fiscalía ha sido el tema que más demandas ha tenido por la contaminación y daños que hizo la empresa. Hay más de 1,000 personas afectadas».
Aunque la fábrica fue cerrada en el 2008, hasta el momento sólo tres empleados de la empresa están siendo procesados por las autoridades; otros tres, los gerentes de la empresa, se fugaron y tienen orden de captura a nivel internacional. La Fiscalía les imputa el cargo de contaminación ambiental agravada.
Con la instalación de los tribunales se sancionaría la omisión o la irresponsabilidad de las autoridades gubernamentales de turno.
«Creo que por eso no se han establecido los tribunales», asevera Ibarra.
La contaminación por plomo en el Sitio del Niño pudo haberse evitado, pero no hubo un control honesto por parte de los gobiernos anteriores, dice el viceministro de Políticas de Salud del Ministerio de Salud, Eduardo Espinoza.
«Las administraciones anteriores fueron muy laxas en la concesión de los permisos para operar sin ningún control ni regulación», afirma Espinoza. «Eso permitió que esta industria se desarrollara y realizara su trabajo sin ninguna norma ni medida para amortiguar el impacto de los vapores de plomo, por las escorias que ahí se producían».
El caso de la minería
Ante las amenazas que la minería puede representar para el medio ambiente, ya son años de debate en El Salvador en torno a prohibir o no esta industria.
El presidente Mauricio Funes ha señalado que no permitirá proyectos mineros durante su mandato. Intentó que la actual legislatura (2009-2012) aprobara una ley prohibiendo la minería metálica pero la correlación de fuerzas con la que cuenta en el parlamento no se lo permitió. Espera lograrlo en la siguiente legislatura, para lo cual necesita tener mayoría de diputados.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) junto con el Ministerio de Economía (MINED) impulsaron la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en abril del 2011 para la creación de una política nacional del sector minero metálico.
El ministro de Economía, Héctor Dada Hirezi, dijo en esa ocasión que «los diversos sectores deberán sentirse en total libertad de expresar sus opiniones con relación al tema [de la minería]». Con estos insumos -según él- el Ejecutivo podrá tener una posición clara al respecto.
«Como ustedes lo saben, no hemos aprobado ningún proyecto de minería en el país», señalaba en octubre del 2011 la viceministra del MARN, Lina Pohl.
«¿Somos capaces de darle seguimiento a la minería y qué tipo de minería vendrá a El Salvador? Por los yacimientos evaluados, la minería que vendría a El Salvador es una minería junior que no es capaz de darle seguimiento a los temas ambientales y a sus implicaciones», sostuvo la viceministra Pohl. Añadió que el país no tiene condiciones para la incursión minera transnacional porque «somos un país con escasos recursos, con un territorio muy pequeño y enormemente degradado».
La evaluación, no obstante, duerme el sueño de los justo y sigue sin conocerse.
Sin embargo, las organizaciones sociales sólo ven una actitud pasiva de las autoridades, sin verdaderas intenciones de dar un paso firme con el tema.
«Hemos demostrado que la minería es altamente contaminante. Las empresas han tenido espacios para incidir en las políticas de gobierno. Por ello, nosotros le decimos a la población en nuestras capacitaciones que no voten por aquellos que dan el ‘sí’ a la minería», señala a Noticias Aliadas la bióloga del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM), Cidia Cortez.
La investigadora agrega que no cree en la evaluación ambiental que hace el gobierno.
«La intención real de ese estudio [de la EAE] es instalar la minería en El Salvador», sostiene Cortez. «Los lineamientos que ellos investigan van por el camino de permitir la minería. La dilatación del informe de Evaluación Ambiental Estratégica solo es una estrategia. Es una pausa y respiro para las transnacionales».
«Hay un compromiso público del presidente Funes para no autorizar la exploración y explotación minera. Pero la voluntad política sólo se refleja a través de la política y de leyes. [Las palabras del presidente Funes] deberían tener respaldo con una ley que prohíba la minería, pero este gobierno no está trabajando en eso», esgrime Ibarra.
En el 2010 el gobierno negó los permisos a Pacific Rim -apéndice de la corporación canadiense Pacific Rim Mining y con presencia en El Salvador desde el 2002- para que la mina El Dorado empezara a producir, señalando la potencial contaminación por cianuro y el riesgo de que las fuentes de agua resultaran afectadas. Por ello, la minera -que ya había avanzado con obras preliminares- ha entablado un juicio al gobierno ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), perteneciente al Banco Mundial.
La empresa Pacific Rim fue señalada de estar detrás del conflicto comunitario que entre el 2009 y el 2011 desembocó en el asesinato de cuatro activistas ambientales en el departamento de Cabañas, zona norcentral de El Salvador. La transnacional lo desmintió a través de comunicados de prensa. Estos asesinatos siguen impunes.
Fuente: http://www.noticiasaliadas.