Durante diez largos años en el control del poder del Estado, el señor Alberto Fujimori fue un consumado terrorista, primero como presidente democráticamente elegido y luego como golpista y dictador. Desde el primer minuto de su mandato, al jurar su cargo ante el Congreso de la República el 28 de julio de 1990, de hecho […]
Durante diez largos años en el control del poder del Estado, el señor Alberto Fujimori fue un consumado terrorista, primero como presidente democráticamente elegido y luego como golpista y dictador. Desde el primer minuto de su mandato, al jurar su cargo ante el Congreso de la República el 28 de julio de 1990, de hecho asumía como suyo la política de terrorismo de Estado que por espacio de una década habían desarrollado los presidentes Fernando Belaúnde Terry (1980-1985) y Alan García Pérez (1985-1990) en el enfrentamiento y la persecución del movimiento subversivo PCP-Sendero Luminoso que también realizaba acciones terroristas. Las fuerzas represivas experimentadas en la utilización de los más variados métodos terroristas, conformadas por la policía, el ejército y el conjunto de las fuerzas armadas, habían destrozado de manera sistemática las vidas de miles y miles de peruanos aunque fundamentalmente de los pobres del campo y la ciudad. Ya en diciembre de 1982, cuando el presidente Belaúnde ordenó el ingreso oficial de las fuerzas armadas a la lucha antisubversiva, el entonces comandante general Luís Cisneros Vizquerra le había anunciado que «… para eliminar tres o cuatro senderistas, habría que matar por lo menos a 50 personas inocentes». Fue precisamente eso lo que hicieron de manera sistemática, acentuando lo que ya estaba en marcha desde hace rato. En la concepción de guerra antisubversiva de la oficialidad peruana y latinoamericana, esos eran los métodos a ser empleados para amedrentar o atemorizar no tanto a militantes y activistas sino a comunidades y pueblos enteros. Eran las lecciones bien asimiladas de las recientes y feroces dictaduras de Chile, Argentina, Bolivia y Brasil.
De otra parte, el señor Fujimori, apenas logró ganar las elecciones presidenciales de 1990, sin proyecto político ni programa alguno, lo primero que hizo fue estrechar sus lazos de reciente amistad y colaboración con el ex capitán, expulsado del Ejército, agente de la CIA y abogado Vladimiro Montesinos, personaje más que mafioso bastante conocido en los círculos de poder civil y militar. Entre la primera y segunda vuelta electoral de aquel año, este señor se había convertido en asesor legal del candidato Fujimori y, desde luego, en el mejor informante e intrigante sobre las cuestiones de poder y el aparato del Estado en el Perú. Luego de su elección como presidente de la república al vencer al escritor Mario Vargas Llosa en la segunda vuelta electoral de junio de 1990, Fujimori convirtió a Montesinos en su asesor de mayor confianza; ya no se trataba de papeleos en medios judiciales y administrativos para resolver problemas legales sino, sobre todo, de ilustrar al presidente electo sobre los entretelones y misterios del poder político y en particular acerca de la guerra interna en la que se encontraban enfrentados el terrorismo subversivo de Sendero Luminoso y el terrorismo de Estado. Como ya se ha mencionado, las acciones de terrorismo de Estado fueron sistemáticas y continuadas durante los gobiernos de Belaúnde Terry y de Alan García. En el primer caso, en diciembre de 1982 el presidente Belaúnde delegó amplias facultades al Comando Conjunto de las fuerzas armadas para intensificar la lucha contrasubversiva sin ningún plan de acción de por medio que podría haber sido discutido y aprobado en un Consejo de Ministros; se prefirió que las fuerzas armadas tuvieran toda la autonomía posible en los diferentes teatros de operaciones en los Andes comenzando por la región de Ayacucho; en función de esta autonomía se debían constituir los comando político-militares; el general del ejército Clemente Noel fue designado como jefe del comando político-militar de Ayacucho teniendo 2 mil soldados bajo su control; de inmediato, entre fines de diciembre del 1982 y principios de enero del 1983, desde el cuartel «Los Cabitos» fue puesta en marcha la captura y matanza masiva especialmente de campesinos de diferentes localidades y distritos y luego enterrados en fosas comunes, acciones que fueron permanentes y duraderas en los meses y años siguientes; en esas circunstancias ocurrió el asesinato de periodistas en Uchuraccay como manifestación de la política de terrorismo de Estado y amedrentamiento contra propios y extraños, hecho trágico sobre el cual la Comisión Investigadora presidida por el escritor Mario Vargas Llosa produjo un informe tipo novela. Otros asesinatos y masacres en masa fueron por ejemplo los de Totos, Chuschi, Soccos, Putis; en el transcurso de 1983 y 1984 se multiplicaron las declaraciones de estado de emergencia en zonas rurales y urbanas; en seis ocasiones se declaró estado de emergencia nacional. En esas mismas circunstancias se hicieron crecientes las violaciones de los derechos humanos especialmente en el mundo rural; ya en mayo de 1983 se declaró el estado de emergencia nacional en Lima y el Callao, precipitada en cierto modo por una huelga policial y por los sabotajes de Sendero Luminoso mediante el derribo de torres eléctricas de alta tensión. Está de más recordar, a pesar de muchas denuncias, la indiferencia con que el Ejecutivo y el Congreso observaban las muertes y desapariciones masivas especialmente de los pobres y trabajadores del país. El gobierno de Alan García fue continuador de la política de terrorismo de Estado impulsado por su antecesor; aparentemente el señor Alan García pretendió asumir la dirección política de la lucha antisubversiva y subordinar bajo su mando a las fuerzas armadas pero, en realidad éstas y su Comando Conjunto mantenían su autonomía y continuaban funcionando como dirección político-militar y, por eso, se explica que apenas instalado el gobierno aprista ocurrieran la masacre del pueblo de Cayara en agosto-setiembre de 1985 y, poco después, las de Pucayacu, Acomarca y otros lugares; en junio de 1986, cuando en Lima tenía lugar un Congreso de la Internacional Socialista, los presos senderistas que se amotinaron en varios penales fueron masacrados por las FF.AA. que actuaron con la mayor autonomía posible respecto de cualquier temperamento y órdenes que podría haber dado el presidente García; en el penal de Santa Bárbara fueron asesinadas 3 reclusas; en el penal de Lurigancho fueron ejecutados 124 prisioneros rendidos; en el penal del Frontón, 111 internos también rendidos; todos estos casos de matanza fueron extrajudiciales. Tensiones de esta naturaleza entre el poder civil y el poder militar en la lucha contrasubversiva, tienen que haber sido conocidos por el presidente electo Fujimori gracias a las oportunas ilustraciones que le proporcionaba Montesinos.
En consecuencia, al entrar a Palacio de Gobierno el juramentado presidente Fujimori contaba con los elementos de juicio suficientes para establecer relaciones con el Comando Conjunto de las FF.AA. respecto de la lucha antisubversiva. Continuaría sin modificaciones la política del terrorismo de Estado. El señor Montesinos dirigía en los hechos el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y era quien seleccionaba a los oficiales de las FF.AA. que debían asumir responsabilidades en los diferentes niveles jerárquicos. Las masacres colectivas, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones y los secuestros en todo el país seguían ocurriendo de manera cotidiana. En noviembre de 1991 tuvo lugar el crimen de Barrios Altos, cuando agentes de inteligencia adscritos al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) asesinaron a balazos a 15 personas, habiendo sobrevivido otras 4 personas pero quedando gravemente heridas; se trataba de una fiesta popular entre vecinos de una quinta en el Jr. Huanta; aparte de las 33 balas que acabaron con tantas vidas, en el lugar de los hechos se encontraron 130 casquillos. Ocurre que, según investigaciones posteriores, el crimen ocurrió por órdenes directas de Vladimiro Montesinos y por encargo del presidente Fujimori. También, este mismo presidente fue quien ordenó y dirigió la matanza en el penal Castro Castro en mayo de 1992, es decir, poco después del autogolpe que dirigieran él mismo y su compinche Montesinos el 5 de abril de ese año y que contó con el respaldo abierto y activo del Comando Conjunto. Fujimori dirigió personalmente las ejecuciones de los presos políticos senderistas, lo hizo desde Palacio y por momentos desde un helicóptero, fueron acciones planificadas para esta nueva violación de los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad; en la cadena de mando, por debajo de Fujimori, se encontraban Montesinos, Huamán Ascurra y 600 policías; en total fueron asesinados 45 presos políticos y quedaron heridos centenares de reclusos. Más tarde, en julio de 1992 ocurrió la masacre de La Cantuta; un profesor universitario y 9 estudiantes fueron secuestrados y desaparecidos por el destacamento Grupo Colina perteneciente al ejército; en la madrugada del 18 de julio miembros del SIE así como la dirección de inteligencia del ejército recibieron la orden de intervenir la residencia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta; entre los que dirigían dicho grupo estaban el mayor Santiago Martín Rivas como jefe de operaciones, Vladimiro Montesinos como cabeza del SIN y asesor del Presidente. Estas acciones ocurridas entre julio de 1990 y julio de 1992, constituyeron la primera etapa del fujimorismo en el poder implementando el terrorismo de Estado a manera de prólogo de lo que sería la continuación de esta política hasta la caída del propio Fujimori y Montesinos a fines del año 2000. Sobre la guerra sangrienta en el Perú entre 1980 y el 2000, contamos con volúmenes enteros de información documentada preparadas y publicadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación aparte de muchas otras investigaciones y publicaciones. Los peruanos y sobre todo los hombres y mujeres de las nuevas generaciones estamos obligados a estudiar y conocer en dichos materiales nuestra historia al término del siglo XX.
Ahora, cuando se discute el indulto al ex presidente Fujimori, sentenciado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción durante su gobierno, hay incontables políticos de las diferentes tendencias de derecha, periodistas y columnistas diversos que opinan y presionan para que el presidente Kuczynski haga uso de sus facultades para tomar tal decisión que para nosotros sería una grave ofensa a los pueblos del Perú y a su memoria histórica. Un protagonista de primera línea del terrorismo de Estado, como lo fue el señor Fujimori, no tiene el menor derecho a indulto alguno.
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