Es educadora maya Quiché pero, sobre todo, defensora de los Derechos Colectivos en Santa Cruz del Quiché (Guatemala). Por ello Lola Chávez Ixcaquic ha recibido numerosos ataques, amenazas de muerte y demandas (acumula 24). Se le reconoce el rol de líder en el Consejo de los Pueblos Quiché por la defensa de la vida, la […]
Es educadora maya Quiché pero, sobre todo, defensora de los Derechos Colectivos en Santa Cruz del Quiché (Guatemala). Por ello Lola Chávez Ixcaquic ha recibido numerosos ataques, amenazas de muerte y demandas (acumula 24). Se le reconoce el rol de líder en el Consejo de los Pueblos Quiché por la defensa de la vida, la madre naturaleza, la tierra y el territorio (CPK), organización que integra a 87 comunidades y que a su vez forma parte del Consejo de los Pueblos de Occidente (CPO). Lola Chávez Ixcaquic ha conferenciado en Valencia invitada por Cedsala, Perifèries y la Coordinadora de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Asegura que para la lucha (movilizaciones en carreteras, caminatas o consultas populares) los pueblos obtienen energías de la espiritualidad ancestral de los mayas.
-¿Qué presión ejercen las transnacionales en el departamento del Quiché?
Después de los Acuerdos de Paz de 1996, la legislación estatal comienza a introducir cambios orientados a los Tratados de Libre Comercio (TLC) y, más en concreto, a abrir las puertas a las transnacionales. Me refiero a los Tratados de Libre Comercio firmados por Guatemala con Estados Unidos (primero) y después con la Unión Europea. La conclusión es muy sencilla: se ha convertido a Guatemala en un país con libre acceso a la invasión de empresas que representan la muerte, la destrucción y el despojo de los pueblos. En el departamento del Quiché, según nuestros datos, hay 17 licencias para megaproyectos hidroeléctricos y 32 de minería; también licencias petroleras. Se desarrolla, además, el monocultivo de la palma africana. Son proyectos que se hallan en fase de solicitud y autorización, pero algunos ya están aprobados.
-Los pueblos mayas del Quiché han puesto en marcha la «Consulta comunitaria de buena fe». ¿En qué consiste?
Se trata de procedimientos democráticos y asamblearios para la toma de decisiones. Hay un proceso previo de dos años, en el que recogemos información, se busca la toma de conciencia y además convocamos asambleas, formadas por todos los vecinos y vecinas de las comunidades. Son asambleas que tienen lugar en el mismo día y a la misma hora. Luego llega el día de la consulta, que organizamos nosotros de manera autónoma, sin que intervengan las instituciones oficiales. Se le pregunta entonces a la población (en idioma español y en quiché) si está de acuerdo o no con el proyecto en cuestión. A continuación hay otra ronda de asambleas con delegados de las comunidades para informar de los resultados y, sólo después, se informa al gobierno y a las instituciones locales. Otra cuestión más: las asambleas se mantienen para cuidar que se cumpla la decisión tomada en la consulta. Se trata de u proceso ancestral que utilizamos en octubre de 2012. Entonces, 27.000 personas dijeron «no» a un conjunto de proyectos mineros e hidroeléctricos.
-¿Qué conexión se da entre espiritualidad y luchas sociales?
La espiritualidad es una forma de conectar con la madre tierra y con la existencia, además de una forma de fortalecernos. Y también uno de los legados ancestrales de nuestra cultura, que sobrevive a pesar de que ha resultado muy atacada (nuestras abuelas y abuelos la practicaban de manera muy oculta). Los procesos de sanación en la montaña, la toma de aguas, la conexión con nuestros antepasados ya fallecidos. Todo ello nos da mucha fuerza para la lucha. El agua, las montañas, los árboles y el fuego. En mi caso, cuando he sufrido ataques, amenazas o intentos de asesinato, me ha ayudado mucho la espiritualidad.
-La represión gubernamental y de las empresas se ha cebado con el movimiento indígena
El gobierno de Guatemala está claramente comprometido con los intereses de las empresas. Cuando convocamos la consulta en 2012, los compañeros me nombraron portavoz del CPK, de modo que era una de las caras más visibles. El gobierno había pactado con empresas como la hidroeléctrica Enel, Unión Fenosa o Mina Marlin. Estas empresas tenían reuniones también con alcaldes y diputados. Dado que nosotros rechazamos de plano estos proyectos, funcionarios del gobierno ordenaron que se nos atacara a través de grupos delictivos. En otros lugares -me refiero ahora al departamento de Huehuetenango- los miembros de la seguridad privada de la hidroeléctrica Hidro Santa Cruz atacaron a los compañeros. También padecimos la violencia de la seguridad privada en la comunidad de La Puya. Otro ejemplo que podría citarte es la masacre perpetrada por el ejército en el departamento de Totonicapán (2012). Se han producido muchos casos. Asimismo, el gobierno recurre al «estado de sitio» en municipios cuando se dan movilizaciones. Hay detenciones ilegales, asesinatos, masacres, allanamientos a las ONG que nos acompañan, amenazas de muerte, allanamiento de nuestras casas, etcétera.
-¿Cómo te has visto afectada por estos procesos represivos?
El 30 de junio de 2012 rechazamos en asamblea la instalación del cableado de alta tensión que promovía la empresa Deocsa-Deorsa (ahora Energuate). El 4 de julio de 2012, al regresar de una movilización contra el alcalde racista de Santa Cruz de Quiché, fuimos víctimas de un ataque con armas por parte de delincuentes. Hirieron a cuatro compañeros. Por supuesto, presentamos denuncia por los hechos. Se sabe ya, por determinados informantes clave, que el ataque fue organizado por el alcalde, pero quedó impune. Presentamos un recurso. Ahora bien, lo curioso es que esos mismos delincuentes y sus familias presentaron una contrademanda contra nosotros por supuestas amenazas de muerte. En mi caso concreto, acumulo 24 demandas por parte del gobierno, entre otras, por incitación a delinquir, amenazas de muerte a funcionarios o el ataque a edificios públicos (cuando esto lo hacen «infiltrados» en las manifestaciones). Además, la policía me acusa de constituir un «atentado contra la seguridad nacional» y contra la constitución política de la república. En 2013 el viceministro de Gobernación me quitó de modo arbitrario las medidas cautelares que me impuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nuestra presión y una campaña a escala internacional surtió efecto, y volvieron a imponerse las medidas cautelares.
-Trabajas principalmente en el municipio de Santa Cruz del Quiché. ¿Cuál es su realidad económica?
Sembramos maíz, frijol y legumbres. De hecho, nuestra alimentación se basa en la tortilla de maíz, el «tamalito» y los frijoles. También son importantes las hierbas. En Santa Cruz, por tanto, la gente se dedica mayoritariamente a la agricultura. Hay además un sector significativo de artesanía (sombrero) y textiles. Comerciamos con todos estos productos. En los intercambios con otros pueblos, compramos hortalizas y verduras para nuestra dieta.
-¿Cuáles son vuestras principales acciones reivindicativas? ¿Están coordinadas entre los diferentes grupos indígenas?
Las acciones más importantes de resistencia son actualmente las consultas populares, movilizaciones en carreteras y caminatas. Hay movilizaciones de carácter general, sobre todo contra la minería, que se desarrollan en todo Occidente. Pero luego otras, más locales, como las del agua, tienen lugar en las diferentes comunidades. En general, la relación entre diferentes pueblos mayas y mestizos es buena, aunque también he de decirte que algunas autoridades indígenas están siendo cooptadas por gobiernos y empresas.
-También habéis impulsado protestas en el campo de la salud
Sí, porque se daban muchos casos de racismo. Se les reconocía únicamente como derecho a la gente ladina. Muchas personas han muerto en las comunidades por diarreas o enfermedades respiratorias. En los Hospitales públicos no se nos atiende, en muchas ocasiones, por el hecho de ser indígenas. Además, se intentó privatizar el hospital de Santa Cruz, lo que se frenó por las movilizaciones del sindicato de salud y las organizaciones comunitarias. Si la situación ha mejorado algo, ha sido gracias a las luchas.
-Por último, ¿qué opinas de la anulación del proceso contra Ríos Montt por genocidio y crímenes de lesa humanidad?
La apertura del proceso supuso una esperanza en general y particularmente para las mujeres, que denunciaron violaciones sexuales sistemáticas, genocidio y racismo. Te hablo de las mujeres porque todavía hay muchas con el miedo interiorizado por la guerra. El proceso nos dio una luz, nos unió a pueblos y organizaciones. Pero lo que ha ocurrido es que el sistema de justicia en Guatemala resulta muy excluyente y racista. No hay más que observar cómo, el actual presidente -Otto Pérez Molina- estaba vinculado a la oligarquía y al ejército. Y por eso han presionado para que los magistrados anulen el proceso. Esto se vivió de cerca en Santa Cruz del Quiché. El municipio fue machacado. Aún se recuerda el genocidio, las muchas masacres y la política de «tierra arrasada». ¿Qué ocurrió en el Quiché? 344 masacres en una guerra que duró 40 años, el departamento donde más masacres se registraron.
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