La lucha antidrogas de Perú tiene en sus remotas y aisladas fronteras amazónicas con Colombia y Brasil nuevos y preocupantes frentes de batalla abiertos por el narcotráfico con la expansión de considerables extensiones de plantaciones ilícitas de hoja de coca, materia prima para elaborar la cocaína. Lo que hasta hace pocos años eran zonas de […]
La lucha antidrogas de Perú tiene en sus remotas y aisladas fronteras amazónicas con Colombia y Brasil nuevos y preocupantes frentes de batalla abiertos por el narcotráfico con la expansión de considerables extensiones de plantaciones ilícitas de hoja de coca, materia prima para elaborar la cocaína.
Lo que hasta hace pocos años eran zonas de tránsito de la droga producida en el centro e interior del país, ahora son pujantes centros de producción de coca, como sucede en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, situada en la triple frontera con Colombia y Brasil, según comprobó Efe en una visita a la zona.
En ese territorio de 37.000 kilómetros cuadrados existen entre 10.000 y 15.000 hectáreas de cultivos ilícitos, según estiman las autoridades locales, muy lejos de las 370 hectáreas reportadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en informe del año pasado.
Una situación similar ocurre aparentemente en el río Putumayo, que sirve de frontera entre Perú y Colombia, donde en su ribera derecha, ubicada en territorio peruano, hubo un fuerte incremento de cocales en una cantidad aún indeterminada.
Al igual ocurre en el oriente peruano, donde las comunidades indígenas del río Tamaya, en la región de Ucayali, advierten en los últimos meses de la presencia de narcotraficantes armados en esa cuenca que lleva hasta Brasil, una ruta ya utilizada desde tiempo atrás por madereros ilegales.
La estrategia de los narcotraficantes
La estrategia de los narcotraficantes es clara: esconderse en la espesura de la selva amazónica y aprovechar el débil, o en ocasiones nulo, control policial en un área tan vasta y agreste, donde pueden producir la droga a pocos kilómetros de la frontera y ahorrarse un arriesgado traslado desde zonas más alejadas.
En esos recónditos lugares también encuentran un contexto de alta pobreza, con multitud de comunidades nativas dispuestas a cultivar la coca por considerarla el mejor, y a veces único, medio de vida, cuyas ganancias son una tentación fácil por ser mucho más altas que las de cualquier otra actividad agrícola.
La descentralización de la producción de coca en Perú puede deberse al éxito de la lucha antidrogas en el Alto Huallaga, una de las tradicionales grandes cuencas cocaleras del país, situada en la vertiente oriental de los Andes, donde los cocales se redujeron 17.500 hectáreas en 2009 a 1.099 hectáreas en 2015.
Cultivos lícitos
Allí, la región de San Martín y el valle del Monzón son ejemplos de sustitución de la coca por cultivos lícitos como el cacao, el café y los cítricos, promocionados por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) tras las erradicaciones hechas por el Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (Corah).
Por lo pronto, aplicar la misma estrategia en los nuevos focos cocaleros surgidos en las fronteras se antoja complicado por la débil presencia de las instituciones del Estado en esas remotas zonas, que a veces exigen varios días de navegación por ríos, y por la falta de recursos y agentes para abarcar miles de kilómetros de frontera.
Otra barrera es el desconocimiento que gran parte de los indígenas amazónicos tienen del cacao, un producto que en muchos lugares nunca han cultivado de manera extensiva.
Además, la mayor atención sigue puesta en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la mayor cuenca cocalera de Perú, situada en el sur del país, donde según Devida se produce aproximadamente el 70 % de las 400 toneladas métricas que se estiman que se elaboran en Perú anualmente.
Por las plantaciones fronterizas de hoja de coca es posible que se registre un notable incremento de la superficie cocalera de Perú en el próximo reporte de la UNODC, pues Devida estima actualmente no menos 55.000 hectáreas de cultivos ilícitos cuando el informe del año pasado del organismo internacional daba 40.300 hectáreas.