Lidian con burocracia, impunidad y falta de banco genético
Anita Zelaya y Telma Acevedo llevaban años tratando de encontrar a su hijo y a su esposo, respectivamente, ambos desaparecidos en el trayecto desde El Salvador a Estados Unidos.
Acudieron infinidad de ocasiones al Ministerio de Relaciones Exteriores para ver de qué modo el Estado salvadoreño podía ayudarles en esta búsqueda, pero no encontraron soluciones.
Por último, las mandaron al Centro de Recursos Centroamericano (Carecen, por sus siglas en inglés) Internacional, una organización civil de origen estadounidense que trabaja con personas migrantes y que tenía sede en El Salvador.
Allí lograron que se les tomara en cuenta, e incluso a Anita la llamaron porque habían encontrado el cuerpo de quien podía ser su hijo.
Tras enviar varias veces muestras de las huellas dactilares del joven, no pudieron verificarlo, ya que en aquel momento no se realizaban pruebas de ADN que sirvieran para contrastar de manera veraz el parentesco, ni se contaba con recursos para que Anita pudiera ir a certificar si se trataba o no del menor de sus cuatro hijos, desaparecido con 15 años de edad.
Personas como Anita y Telma se fueron encontrando y conociendo en Carecen y poco después decidieron formar el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide).
Telma Acevedo, secretaria general de la organización, cuenta que aproximadamente un 80 por ciento de quienes la integran son mujeres, fundamentalmente madres de quienes desaparecieron en el camino.
«Somos más mujeres porque en aquella época eran los hombres los que se iban. Las mujeres se quedaban cuidando a sus hijas, hijos o a sus nietos. Hoy es más dura la realidad porque se están yendo las mamás», relató.
Mientras Cofamide comenzaba a trabajar en la búsqueda de sus familiares desaparecidos y a dar charlas en las escuelas, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) vino al país centroamericano en 2009 para trabajar sobre exhumaciones de cementerios clandestinos a raíz de la guerra civil (1980-1992).
En el trabajo en la frontera de EU con México se descubrió que hay muchos cuerpos que no han sido identificados, e inició un sondeo en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua para ver cuánta gente había desaparecida. Las cifras resultaron alarmantes.
Esto se debe en gran medida, según el coordinador de la Unidad de Migrantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador, William Espino, a que no era posible identificar a las personas fallecidas si no contaban con un documento o resultaban identificables por su aspecto y ropas. En las zonas desérticas, extensas en la frontera de México-EU, era más complicado.
«El Estado no tiene un mecanismo de identificación. Aquí hay un Instituto de Medicina Legal, pero medianamente se da abasto para la necesidad interna; para los migrantes que están fuera no hay un mecanismo», explicó Espino.
Cofamide, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la PDDH y el EAAF firmaron un convenio en 2010 para crear un banco de datos forense, para identificar restos de personas migrantes no localizadas que fallecieron durante el tránsito migratorio, y fueron registradas como desconocidas por los servicios forenses y los cementerios municipales de EU.
Reunieron las listas de personas desaparecidas con las que contaban las tres entidades salvadoreñas y trataron de ubicar a las familias demandantes. Localizaron aproximadamente a la mitad de las familias registradas, algo menos de 100, según el coordinador de la Unidad de Migrantes.
Desde 2010 hasta la fecha han recurrido a estas pruebas de ADN 218 familias. De ellas, han logrado identificar 29 cadáveres, de los cuales 12 han sido repatriados, según datos de la PDDH.
En 95 por ciento de los casos el Estado salvadoreño ha pagado las repatriaciones, lo que hace que el proceso se retrase porque hay que esperar a que se haga la erogación de fondos.
Estas cifras muestran que el banco de datos forense atiende a un porcentaje mínimo puesto que, aunque la cifra de personas que marchan de El Salvador hacia el norte no se puede determinar con exactitud ni mucho menos cuántas quedan en el camino, los datos de las organizaciones civiles van de 300 a 800 personas que salen diariamente del país con intención de llegar a EU.
Una vez más, son mujeres quienes acuden mayoritariamente a la PDDH para tratar de ubicar a sus familiares desaparecidos. «Más que todo madres. La madre es la que inicia la búsqueda pero a la hora de la toma vienen más. Vienen esposas e hijos, pero las madres normalmente son las que inician la búsqueda», expuso Espino.
De momento, sólo se trabaja con cuerpos encontrados en las morgues y cementerios estadounidenses. Todavía no se ha creado un convenio para trabajar con las autoridades mexicanas en la identificación y repatriación de personas migrantes. El funcionario de la PDDH aseguró que esta situación tiene visos de cambiar en un mediano plazo.
En tanto, el Estado salvadoreño planea un propio mecanismo de identificación de ADN de migrantes dentro del Instituto de Medicina Legal.