Una de las principales novedades que en materia económica ha mostrado Uruguay en la última década tiene que ver con las intensas y profundas transformaciones por las que ha pasado el sector agropecuario. Los cambios han sido tales que muchos de sus defensores no dudan en hablar de una «revolución», así como desde la academia […]
Una de las principales novedades que en materia económica ha mostrado Uruguay en la última década tiene que ver con las intensas y profundas transformaciones por las que ha pasado el sector agropecuario. Los cambios han sido tales que muchos de sus defensores no dudan en hablar de una «revolución», así como desde la academia se afirma que estamos ante un proceso que por la radicalidad e irreversibilidad de los cambios se asemeja a la modernización ganadera de finales del siglo xix,1 mientras que desde el gobierno se considera a esas transformaciones como el nudo central del «cambio estructural». Sin embargo, y más allá de la euforia de los «revolucionarios», vale la pena mirar detenidamente las características centrales de una etapa que ha afianzado la tendencia a la concentración y centralización del capital y que, en el caso particular de la tierra, ha evidenciado un proceso que articula concentración, trasnacionalización y anonimato de la propiedad. Esta tendencia está a tono con el fenómeno conocido a nivel mundial como «acaparamiento de tierras» («land grabbing», en inglés). Se trata de un hecho que Borrás et al (2011)2 explican por la afluencia de capitales trasnacionales hacia los negocios de la tierra y el agro, dinamizada por la demanda mundial de alimentos, de productos minerales y forestales (por los países de renta media), y por la crisis financiera internacional de 2007-2008, que hizo de la tierra un activo rentable y seguro.3 Tres fenómenos aparecen detrás de estos elementos: la apropiación de una creciente renta internacional de la tierra; la lógica cada vez más especulativa de la circulación internacional del capital, que ha permeado a la actividad agropecuaria y particularmente al mercado de la tierra; y la inversión en tierras con fines de reserva de valor ante la inseguridad que supone el ahorro en monedas internacionales u otros activos (oro, títulos de deuda, acciones de empresas, etcétera) (Narbondo et al, 2014).4
Volviendo a Uruguay, algunas cifras del período 2000-2012 sistematizadas por la Dirección de Estadística Agropecuaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (mgap) evidencian la magnitud del proceso: se comercializaron 7,11 millones de hectáreas, que representan más del 43 por ciento de toda la superficie productiva de Uruguay (16,2 millones de hectáreas); el precio de compraventa de la tierra se septuplicó, pasando de 448 a 3.477 dólares la hectárea; en el mercado de arrendamientos la superficie transada acumuló casi 9 millones de hectáreas, con un promedio anual que osciló entre 400 mil y 1,1 millones de hectáreas, al tiempo que el precio de arrendamiento pasó de 28 a 164 dólares por hectárea. Este dinamismo representó un desembolso, por concepto de operaciones de compraventa, de 6.300 millones de dólares, y por concepto de operaciones de arrendamiento, de 520 millones de dólares.
Las protagonistas del proceso han sido -siempre como tendencia- sociedades anónimas nacionales o extranjeras dinamizadas por el capital financiero internacional que han encontrado en el agro uruguayo un sector seguro y rentable para sus inversiones, particularmente a posteriori del colapso financiero de 2008. Los resultados preliminares del Censo General Agropecuario (cga) 2011 dan cuenta de que la tierra en manos de personas no físicas, fundamentalmente sociedades anónimas, pasó de 157.266 a casi 7 millones de hectáreas entre 2000 y 2011. En el mismo sentido, las cifras de inversión extranjera directa (ied) en tierras relevadas por el Banco Central muestran que la ied acumuló 1.760 millones de dólares entre 2003 y 2012, los que, utilizando los precios promedio por año, representan 1,47 millones de hectáreas (22,7 por ciento de las tierras transadas en ese período).
Esta afluencia de capitales no ha hecho sino agudizar la concentración de la tierra, un rasgo identitario de la formación social uruguaya. Las cifras del cga 2011 muestran que los establecimientos de más de 1.000 hectáreas concentraban el 60,6 por ciento de la tierra, mientras que según el censo del año 2000 concentraban el 55 por ciento de la tierra. Se trata de 4.138 establecimientos, de los cuales 2.970 tenían entre 1.000 y 2.500 hectáreas y concentraban 4,5 millones de hectáreas; y 1.168 establecimientos tenían más de 2.500 hectáreas y concentraban 5,45 millones de hectáreas. Puesto de otra forma, en 2011 un poco más de mil establecimientos agropecuarios concentraban un tercio de la superficie productiva de Uruguay que, a valores promedio de la tierra de ese año, representaba un patrimonio de 1.708 millones de dólares.
Es más difícil discriminar quiénes son estos terratenientes debido a la falta de información pública y a la ley 17.124, que posibilitó entre 1999 y 2012 la compra de tierras por parte de sociedades anónimas con acciones al portador. Una aproximación preliminar realizada por Narbondo et al (2014) con base en información de la prensa y la publicada por las empresas muestra que 32 grupos empresariales concentran 1,81 millones de hectáreas (11,2 por ciento de la superficie productiva). Destacan en particular las empresas forestales Montes del Plata (Arauco, de Chile, y el grupo sueco-finlandés Stora Enso) con 240 mil hectáreas, Forestal Oriental (upm, de Finlandia) con 200 mil hectáreas, y las estadounidenses Global Forest Partners y Weyerhaeuser con 140 mil hectáreas cada una; la empresa diversificada Union Agriculture Group, que canaliza fondos de pensión europeos, con 170 mil hectáreas; y la empresa agrícola argentina Agronegocios del Plata (Los Grobo) con casi 100 mil hectáreas.
Es indudable que una de las consecuencias principales de esta vorágine ha sido un descomunal desarrollo de las fuerzas productivas, que permitió, entre otras cosas, un período de fuerte crecimiento del producto bruto interno. Esta etapa virtuosa de reproducción ampliada del capital se realizó a costa de una profunda reconfiguración de la estructura agraria nacional que dejó por el camino a cerca de 12 mil pequeños agricultores familiares y desplazó, al menos parcialmente, a la vieja burguesía terrateniente, que o bien se reinsertó en el proceso de acumulación o simplemente entregó sus tierras a cambio de una jugosa renta.
La pregunta que queda por responder en clave de proyecto de desarrollo es si esta «revolución» va de la mano de un proceso de transformación de la estructura productiva que permita reducir los niveles de dependencia e incrementar la apropiación social de la riqueza producida o, como todo indica, viene a consolidar la condición periférica y desigual de la formación social uruguaya.
* Ingeniero agrónomo, maestrando en ciencias agrarias, docente de la Universidad de la República.
http://brecha.com.uy/index.
Notas
1. D Piñeiro y M I Moraes, Los cambios en la sociedad rural durante el siglo xx. 2008.
2. S M Borras, J Franco, C Kay y M Spoor, El acaparamiento de tierras en América Latina y el Caribe visto desde una perspectiva internacional más amplia. 2011, fao.
3. Painceira y Carcanholo (2011) señalan que las inversiones financieras en los mercados de commodities entre 2003 y 2008 pasaron de 13.000 millones a 260.000 millones de dólares.
4. I Narbondo, P Areosa y G Oyhantçabal, «¿Acaparamiento de tierras en Uruguay? Un análisis sobre el proceso reciente de concentración y extranjerización de la tierra» (2014, inédito).