…»Nicaragua, ese libro que se abrió, Yo no quiero que se vuelva a cerrar, Ni que la muerte tenga que bajar Ese puño tan alto que se alzó«… La represión y la violencia que está sufriendo el pueblo de Nicaragua en manos de las fuerzas gubernamentales y de los tolerados paramilitares suponen la última involución […]
Yo no quiero que se vuelva a cerrar,
Ni que la muerte tenga que bajar
Ese puño tan alto que se alzó«…
La represión y la violencia que está sufriendo el pueblo de Nicaragua en manos de las fuerzas gubernamentales y de los tolerados paramilitares suponen la última involución de lo que representaba la Revolución popular Sandinista. Una Revolución que, precisamente, se levantó contra la tiranía -de la dictadura de Somoza-, en lo que fue un proyecto político transformador y colectivo para mejorar los derechos, la participación y las condiciones de vida de las clases populares.
Nicaragua es un país que ha tenido un importante crecimiento capitalista, no equitativo, bajo los postulados de la doctrina neoliberal imperante donde la propiedad privada es omnipresente. Desde la victoria electoral de Daniel Ortega, el 2006, el líder sandinista y su núcleo duro han ido acumulando poder, aplicando las recetas económicas de los organismos internacionales -en contra de gran parte de la población-, pactando con los grandes empresarios del COSEP y con la Iglesia. Además, la presión extractivista sobre el territorio, los monocultivos industriales, la extendida corrupción pública, las acusaciones de fraude electoral y la perpetuación en el poder de la pareja presidencial Ortega-Murillo son algunos de los problemas que explican un contexto en el que se han acumulado fuertes contradicciones económicas y sociales. Un descontento social muy profundo que ha supuesto que una inicial protesta contra la reforma del sistema de seguridad social haya derivado en un estallido popular -por la justicia social y la libertad- que amenaza la estabilidad política y social del país. La persecución y difamación de los líderes de los movimientos sociales, de las defensoras de los derechos humanos y de los periodistas se suman a las detenciones arbitrarías, las desapariciones, las torturas y los abusos generalizados -con total impunidad- practicados contra la población que se moviliza. Una violencia desproporcionada, innecesaria e injustificable que ha causado 212 muertos y 1.330 heridos según un informe del CIDH (1) -hoy superados con creces-.
El cambio social hacia la radicalidad democrática y el poder de las clases populares está en regresión en Nicaragua y hay que denunciarlo, aunque esta situación venga dada por la reacción de un supuesto gobierno «progresista». El gobierno de Ortega no ha profundizado en la participación popular, ni en los anhelos de mejores estándares democráticos y de justicia social, y ha reprimido duramente la protesta legítima y los derechos de las mujeres, profundizando en una deriva autoritaria que nada tiene que ver ya con la Revolución. Una situación que facilita el camino a la derecha y a la desestabilización del país por otros intereses geoestratégicas.
La situación compleja que se vive en Nicaragua se tiene que resolver desde el diálogo y la negociación -entre todas las partes implicadas- a través de un proceso de mediación. La resolución pacífica del conflicto pasa por el cese inmediato de la violencia y la represión, el respeto a los derechos humanos y de participación política, una investigación independiente para exigir responsabilidades y, desde la solidaridad internacional con el pueblo nicaragüense al igual que se dio en los años 80 con la verdadera Revolución sandinista.
Nota:
(1) Datos del informe «Graves violaciones de los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua», del La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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