El presidente Pérez Molina no se caracteriza por seguir una ruta de conducta claramente delineada en lo que respecta a decisiones que adopta en diferentes materias de la administración pública, salvo en lo que concierne a ignorar la voluntad de las comunidades afectadas por la industria minera, por olvidarse de sus promesas expuestas durante la […]
El presidente Pérez Molina no se caracteriza por seguir una ruta de conducta claramente delineada en lo que respecta a decisiones que adopta en diferentes materias de la administración pública, salvo en lo que concierne a ignorar la voluntad de las comunidades afectadas por la industria minera, por olvidarse de sus promesas expuestas durante la campaña electoral y su fiel apego a los gruesos trazos del neoliberalismo, de suerte que en muchas ocasiones cuando se trata de asuntos relativamente secundarios sus reacciones son impredecibles.
Ha soportado el chaparrón de críticas que le han llovido de los divididos grupúsculos progresistas y de editorialistas y columnistas de prensa independientes que, sobre bases jurídicas sólidamente sustentadas, se han opuesto a la concesión de una estratégica área de Puerto Quetzal a una empresa española.
Con similar obstinación persiste en su cuestionada pretensión de que el Congreso apruebe sus iniciativas para incrementar el endeudamiento del Estado mediante la emisión de bonos del tesoro y de «honrar» la deuda a un pequeño megagrupo de empresas que suscribieron contratos para la construcción de obras públicas, pero que no cumplieron con mínimos requisitos referentes a calidad de los trabajos, en el mejor de los casos, o sencillamente dejaron a medias la ejecución de los proyectos o nunca los iniciaron.
En esta oportunidad, la oposición a pagar esa dudosa deuda es generalizada, desde analistas de cualquier inclinación ideológica, hasta organizaciones patronales conservadoras, incluyendo cámaras afiliadas al todopoderoso CACIF.
Vienen al caso las declaraciones del empresario Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), al precisar que la deuda con los contratistas de la construcción «es ilegal y por lo tanto no se debería honrar»; argumentó que las condiciones para aprobar los bonos del tesoro «no es la más adecuada», y lamentó que algunos diputados «se presten a negociaciones de carácter individual», mediante la manida maniobra de cambiarse de bancada.
A la aberrante conducta de parlamentarios que presuntamente por embolsarse ilegalmente indeterminada cantidad de dinero, abandonan las filas de los partidos a los que arribaron después de haber estado embarcados en otros colectivos políticos, para votar a favor de que el Gobierno pague la deuda citada, se suma el oprobioso proceder del representante de la Universidad de San Carlos en la Junta Monetaria, que después de manifestar su oposición al incremento al endeudamiento del Estado, con razonamientos que expuso en el seno del Consejo Superior Universitario y en medios de comunicación, cuando se discutió el asunto en aquel cuerpo colegiado, inesperadamente cambió de opinión y se adhirió a los ministros que integran esa instancia, con inconcebible desparpajo.
Pero esas son las excepciones de la regla, porque ni el Presidente ni los diputados del PP han logrado hasta el momento sus propósitos, pese al empecinamiento del gobernante, obsesionado por honrar una deuda inmoral e ilegítima.
(El irreverente Romualdo Tishudo cita al fallecido estadista argentino Arturo Illía: -Una nación está en peligro cuando su Presidente habla todos los días y se cree la persona más importante de su país).
Fuente original: http://www.lahora.com.gt/index.php/opinion/opinion/columnas/182134-obsesion-presidencial-por-honrar-dudosa-deuda