El pasado 19 de octubre todo estalló. Ese día, el Gobierno de Panamá, presidido por Ricardo Martinelli (en el gobierno desde mayo de 2009), aprobó la llamada Ley 72, un texto legal que permite la privatización de tierras públicas y sobre el que se cernía un rechazo social rotundo, especialmente de comunidades indígenas y sindicatos. […]
El pasado 19 de octubre todo estalló. Ese día, el Gobierno de Panamá, presidido por Ricardo Martinelli (en el gobierno desde mayo de 2009), aprobó la llamada Ley 72, un texto legal que permite la privatización de tierras públicas y sobre el que se cernía un rechazo social rotundo, especialmente de comunidades indígenas y sindicatos.
Sin embargo, las movilizaciones celebradas desde entonces hasta este fin de semana en el país obligaron al Gobierno a ceder e iniciar los trámites de inmediato para anular la norma, cuya derogación se hará efectiva hoy, una vez que la Asamblea Nacional ha realizado los tres debates pertinentes y ya con Martinelli, en viaje oficial desde el 15 de octubre por Europa y Asia, de regreso a Panamá.
La aprobación de la ley supuso el fin de la paz social en Panamá, especialmente en la ciudad de Colón, donde se encuentra la Zona Libre de Colón, la segunda zona franca más grande del mundo después de Hong Kong, que está vigente desde 1948. Los colonenses temieron que el Gobierno comenzara a vender sus tierras y se echaron a la calle ininterrumpidamente desde ese día hasta el viernes.
Los enfrentamientos con la policía se cobraron enseguida la vida de varias personas en la ciudad, entre ellas, la de un niño de diez años el 20 de octubre. El gobierno seguía sin ceder. Al contrario, la respuesta ante este incidente fue: «Que se vayan a llorar al cementerio», en palabras de Sergio Gálvez, presidente de la Asamblea Nacional, quien un día más tarde se retractó de estas declaraciones.
El rechazo rotundo del gobierno siquiera a modificar la ley acabó elevando la violencia de las protestas y extendió las manifestaciones por todo el país hasta que el viernes la ciudad de Panamá, capital del país, se convirtió en el epicentro de la convulsión social.
El sindicato Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) había llamado a tomar las calles de Panamá rumbo a la sede de la Asamblea Nacional. Y así ocurrió. La jornada comenzó con una calma tensa que acabó desatándose: once heridos y 200 detenidos por los asaltos a comercios y supermercados de gente que aprovechó el desconcierto y la trifulca.
Miembros del Suntracs, además, mantenían cerradas las principales vías de acceso a Ciudad de Panamá. «Queremos que se derogue la ley. Eso es lo que el pueblo quiere y no vamos a parar», aseguró a TVN Noticias el dirigente sindical Saúl Méndez.
Sin embargo, ante esta situación, la Asamblea Nacional, aún sin Martinelli en el país, convocó de inmediato la Comisión de Comercio para iniciar los debates reglamentarios de cara a la derogación de la norma, según anunció el propio Gálvez.
Ya el jueves, el mismo Martinelli había anunciado esta decisión por medio de su cuenta de twitter, si bien, las contradictorias reacciones en Panamá que lanzaron varios de los ministros de su gobierno, lejos de introducir calma en el ambiente añadieron más tensión y desconcierto.
Finalmente, Sergio Gálvez anunció, en declaraciones a la cadena de televisión Telemetro, que «se había convocado la Comisión de Comercio para derogar la ley, de modo que se celebrarían los tres debates [parlamentarios] pertinentes», detalló.
Férreo cerco policial
Por la tarde, una vez iniciado el primer debate, las aguas volvieron a su cauce y la normalidad comenzó a instalarse de nuevo en la capital, si bien se mantenía un férreo cerco policial en las inmediaciones de la Asamblea Nacional mientras que fuerzas especiales de seguridad (llamados los linces en Panamá) continuaban manteniendo su presencia en barrios humildes de la ciudad (como El Chorrilo o San Miguelito).
Una vez de vuelta en el país, Ricardo Martinelli, el presidente panameño, está ya en disposición de firmar la revocación definitiva de una ley que se aprobó sin consenso social, que apenas habrá estado en vigor diez días y que se ha llevado por delante varios muertos y decenas de heridos en Panamá, paradójicamente la economía que está creciendo al mayor ritmo (por encima del 10%) de toda América.