La punta del iceberg de la profunda corrupción que corroe a Panamá y su sistema político es la admisión, por parte de la empresa Odebrecht, de haber pagado 59 millones de dólares en coimas a altos jerarcas gubernamentales para asegurarse importantes licitaciones de obras públicas. Escandalosa corrupción que sale a la luz pública no por […]
La punta del iceberg de la profunda corrupción que corroe a Panamá y su sistema político es la admisión, por parte de la empresa Odebrecht, de haber pagado 59 millones de dólares en coimas a altos jerarcas gubernamentales para asegurarse importantes licitaciones de obras públicas. Escandalosa corrupción que sale a la luz pública no por diligencias judiciales panameñas, sino como derivada de las investigaciones en Brasil y Estados Unidos.
Pese a que las maniobras del actual gobierno y su procuradora tratan de mantener en secreto los nombres de los beneficiarios de las coimas de esta empresa, se puede presuponer, hasta que una investigación honesta e independiente demuestre lo contrario, que los sobornos habrían abarcado los gobiernos de Martín Torrijos, Ricardo Martinelli y Juan C. Varela, pues en todos ellos Odebrecht ha sido favorecida como la principal constructora de multimillonarias obras, desde la Cinta Costera hasta el Metro de Panamá.
La aceptación de la empresa de devolver el monto de la coima implica la confesión del delito cometido, pero la devolución de parte de lo robado al estado panameño, pues no se incluyen las ganancias de la empresa, no puede ser usado como excusa para anular las investigaciones y dejar impunes a coimeadores y coimeados, como parece pretender la procuradora Kenia Porcell.
El pueblo panameño tiene que preguntarse, ¿el caso de Odebrecht es la excepción o es la norma en la actuación de empresarios y políticos? En Panamá no existe una «ley de conflictos de interés», lo que ha servido de excusa a altos funcionarios para eludir a la justicia en otros casos en que las empresas ofrecen premios y regalos a cambio de contratos.
Por ello el Polo Ciudadano exige una auditoría integral e independiente de toda la administración pública, por lo menos, desde hace 27 años cuando se instauró el actual régimen político pseudo democrático.
Este escándalo salta cuando la Asamblea Nacional discute las reformas al antidemocrático Código Electoral, en que los diputados de todas las bancadas, actuando en beneficio de los corruptos partidos oligárquicos, se oponen a hacer públicas las donaciones privadas a las campañas electorales, y a fijar límites razonables a las mismas y, por el contrario, se proponen una campaña multimillonaria para 2019. Se sabe que este esquema favorece a los candidatos con más recursos, y que esos recursos son producto de la práctica corrupta de empresarios que compran de antemano la voluntad de los futuros diputados y gobiernos para, en contraprestación, obtener jugosos contratos públicos.
Polo Ciudadano reitera que la corrupción imperante se mantendrá mientras se sostenga el régimen político actual que la permite, y que la única salida es movilizarnos para barrerlo mediante una Asamblea Constituyente originaria.
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