A tres años del bicentenario, Perú, se encuentra en una crisis de corrupción inédita que pone en cuestión toda la base legal de dominación capitalista. Así las cosas, es un secreto a voces que él que tiene poder político o económico sale librado de un delito sea por asesinato, intento de feminicidio (como en el […]
A tres años del bicentenario, Perú, se encuentra en una crisis de corrupción inédita que pone en cuestión toda la base legal de dominación capitalista. Así las cosas, es un secreto a voces que él que tiene poder político o económico sale librado de un delito sea por asesinato, intento de feminicidio (como en el caso de Arlette Contreras) o por narcotráfico (caso Sánchez Paredes), etc. Por tanto, es comprensible que sectores de la población vean con entusiasmo la labor de Domingo Pérez y Rafael Vela. ¿Pero acabará la corrupción con Chavarry fuera de la Fiscalía?, ¿cuántos Chavarry hay en ese monstruo llamado Poder Judicial?
Por esta razón, hay que dejar claro que la propuesta vizcarrista de la elección, por concurso público-meritocrático, de los jueces supremos, a través de una Junta Nacional de Justicia (JNJ), es una trampa. Y es que al igual que para los concursos para jefaturas de direcciones públicas, el Estado burgués, articulará una artimaña para elegir solo a los que son susceptibles de su línea política para conformar su JNJ.
Lamentablemente, la izquierda reformista, también es furgón de cola del vizcarrismo en este tema, huyendo del debate que necesita dar la vanguardia y el pueblo.
En este contexto, queremos aportar con la propuesta de la elección por voto universal de los jueces y fiscales, como salida a la crisis de corrupción de Lavajuez. Solo de esta forma se puede avanzar en la destrucción de la telaraña que el aprofujimorismo ha tejido durante décadas en el Poder Judicial. Esta cuestión implica que cada candidato a juez o fiscal, para integrar el máximo ente rector, deba pasar por el escaneo público de las y los trabajadores.
El fracaso de la democracia pactada liberal
La democracia representativa surge como una consigna liberal progresista contra la Monarquía absoluta que concentraba todo el poder en la Corona. » Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder», escribió Montesquieu. Es así como la idea de uno de los líderes de la ilustración francesa era que existan órganos de poder distintos, independendientes unos de otros y a la vez controlándose, con el fin de darle estabilidad al gobierno constituido, cuya esencia radicaba en el voto popular. Sin embargo, a los magistrados encargados de impartir justicia, se le privaba del mecanismo de la elección popular argumentando que si iban a una elección universal iban a ser contaminados con ideas políticas, y, por tanto, iban a parcializarse al impartir justicia.
No obstante, más de tres siglos después, la receta salió peor que la enfermedad. La democracia liberal, donde los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo), pactan la elección de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (ahora JNJ), son una muestra categórica del fracaso de esta teoría. En la práctica, los partidos gobernantes, hacen grandes negocios con los bienes y necesidades públicas (obras de infraestructura, salud, transporte y educación públicas, ahorros en AFPs, programas sociales, etc.), contando con el beneplácito de los jueces y fiscales que los políticos nombraron desde el poder.
Por estas razones, es una farsa plantear una JNJ que no es más que una política gatopardista de «cambiar algo para que nada cambie». Y más bien se hace necesario afirmar la propuesta de la elección de jueces y fiscales por voto universal y de forma independiente de los partidos políticos, a la par que se plantea la revocatoria de mandato para los funcionarios que no cumplan con su competencia.
La elección de jueces y fiscales en el mundo
En el mundo, solo Bolivia y varios Estados federativos de EE.UU. tienen este método de elección que es el más democrático porque es el pueblo el que se informa, analiza, debate y elige a los que impartirán justicia en su país. La campaña de propaganda mediática de los candidatos a jueces y fiscales está a cargo del Tribunal Electoral Plurinacional, previa idoneidad para el cargo.
Y en efecto, en el 2017, 6.5 millones de bolivianos/as acudieron a las urnas. «…Un total de 597 candidatos fueron postulantes para estas elecciones. De ellos, 96 fueron preseleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (en base a sus méritos académicos y laborales). De estos, 18 serán electos como magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (9 titulares, 9 suplentes); 18 para el Tribunal Constitucional Plurinacional (9 titulares, 9 suplentes); 10 para el Tribunal Agroambiental (5 titulares, 5 suplentes); y 6 para el Consejo de la Magistratura (3 titulares, 3 suplentes) …», redactó Resumen Latinoamericano (30/11/17).
Este método permite que los funcionarios del Estado, que se elevaban como una burbuja misteriosa por encima de la sociedad (a través de pactos y amarres entre los políticos del ejecutivo y el legislativo), «pisen tierra» y pasen por el escaneado público.
Y uno de los requisitos fundamentales para este importante cargo debe ser tener una hoja de vida intachable. Ninguna clase de denuncia. Sin embargo, la elección de jueces y fiscales, no lo podrá conquistar el pueblo sino es a través de la movilización democrática vinculándola a la revocatoria del mandato si no cumple con su competencia. Y esto bajo la perspectiva de un gobierno de las y los ciudadanos trabajadores.
César Zelada. Director de la revista La Abeja (teoría, análisis y debate).
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