Incitada por un creciente apetito de cultivos como la soya y otros productos agrícolas, ha regresado con fuerza la actividad de tala en la Amazonía, dejando atrás una década de campañas para salvar dicha zona, así como la instauración de cambios que redujeron la deforestación en la cuenca del río. Observándose que, en la Amazonía […]
Incitada por un creciente apetito de cultivos como la soya y otros productos agrícolas, ha regresado con fuerza la actividad de tala en la Amazonía, dejando atrás una década de campañas para salvar dicha zona, así como la instauración de cambios que redujeron la deforestación en la cuenca del río.
Observándose que, en la Amazonía brasileña, el bosque tropical más grande del mundo, la deforestación aumentó en 2015 por primera vez en una década, al sumar casi 800 mil hectáreas entre agosto de ese año y julio de 2016. Siendo que un año antes la cifra era de 620 mil hectáreas; representando un aumento de 71 por ciento en comparación al 2004, según estimados del Instituto Nacional de Investigaciones sobre el Espacio.
En tanto que, al otro lado de la frontera, en Bolivia, la deforestación también se ha acelerado. De suerte que, cerca de 350 mil hectáreas fueron deforestadas, en promedio, cada año desde 2011, según la ONG Centro de Documentación e Información Bolivia. Esa cifra ha aumentado desde las 148 mil hectáreas deforestadas anualmente en los noventa y las 270 mil hectáreas registradas en promedio durante la década del 2000.
Teniendo en común ambos casos, el hecho de que la tala a gran escala por parte de agricultores brasileños y bolivianos, tiene su raíz en que se comercia soya con la empresa Cargill. De acuerdo con el análisis de Mighty Earth, las áreas de la sabana brasileña en las que opera Cargill, una región llamada el Cerrado, se ha registrado una deforestación de alrededor de 130 mil hectáreas entre 2011 y 2015. En tanto que, de acuerdo con Mighty Earth, también se encontró que en zonas donde opera Bunge, otro gigante agrícola, se perdieron más de 567 mil hectáreas en ese mismo periodo.
De suerte que, tal deforestación ocurre en ambas zonas, pese a un acuerdo firmado hace tres años por varias multinacionales, llamado New York Declaration of Forests, el cual incluía un pacto para «eliminar la deforestación en producciones de bienes agrícolas como aceite de palma, soya y productos bovinos para 2020«1.
Dentro de una lógica de explotación similar, la empresa Patagonia Gold, a fines de octubre del 2016 obtuvo un permiso de la Secretaría de Minería de la provincia de santa Cruz, Argentina. Para realizar perforaciones dentro de la estancia Cueva de las Manos, a fin de revelar la existencia de minerales. No obstante, el proyecto para dichas perforaciones se encuentra dentro de una zona de gran riqueza arqueológica, donde se han identificado numerosos restos arqueológicos de alto valor de conservación.
De manera que, si la exploración arroja como resultado la existencia de oro en concentraciones rentables para la empresa, la extracción sería factible mediante un emprendimiento minero a cielo abierto, lo cual traería consigo un daño irreversible en el paisaje y los yacimientos arqueológicos existentes en el área2.
Así también, otro caso similar de explotación de recursos naturales, es el de la empresa petrolera Exxon Mobil, la cual anunció en enero de este año la perforación de un pozo de exploración en aguas profundas que podría confirmar que el fondo marino de Guyana contiene uno de los más ricos yacimientos de petróleo y gas natural descubiertos en décadas. En tal contexto, expertos calculan que uno solo de los yacimientos offshore, conocido como Liza, podría contener 1.400 millones de barriles de petróleo y mezcla de gas natural3.
Dentro del mismo sentido rapaz, también en El Salvador, desde 1998 y 2003, se habilitaron 29 licencias de exploración a varias compañías, siendo la principal Pacific Rim, adquirida en 2013 por la corporación australiana-canadiense Oceana Gold. Siendo que en un principio el gobierno le negó los permisos a Pacific Rim para operar la mina de El Dorado, debido a que no cumplía con los requisitos ambientales. No obstante, dicha compañía, en 2009 entabló una demanda por 77 millones de dólares a través del Centro Internacional para la Resolución de Disputas sobre Inversiones, del Banco Mundial.
Sustentando su demanda en las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, América Central y República Dominicana, así como en la Ley de Inversiones de El Salvador. Y aunque el Estado ganó el litigio en octubre de 2016, tras gastar millones de dólares en su defensa, sin embargo, Pacific Rim/OceanaGold aún no ha pagado4.
Pero, no obstante los malos resultados que se vienen manifestando en casi toda América Latina, a partir de la implementación de dichos proyectos, la clase política y empresarial de nuestro país, continua con su afán de sustentar dicho modelo. No importando que éste se sustente en la obtención de la mayor ganancia posible, por lo que es precursor de la destrucción de los derechos laborales, al ser el primero en promover-adoptar el ataque contra el sindicalismo tradicional, enarbolar y fomentar la aparición de sindicatos blancos, para luego confrontar a los trabajadores en la misma mina. Además, dentro de la misma lógica, cada vez más utiliza el outsourcing como su principal medio de contratación de trabajadores.
Más todavía, la megaminería viene resultando ser lesiva y contraria al espíritu y letra de los artículos 25 y 27 constitucionales, ya que las distintas leyes secundarias otorgan a la exploración, explotación y beneficio de los minerales el carácter de utilidad pública y preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno. Pero por encima de estas leyes, se han otorgado facilidades extraordinarias a los particulares para acceder a las tierras, amparando sus concesiones y convirtiendo a ejidatarios y comuneros en superficiarios, fuera de todo criterio o marco legal.
Otorgando privilegios a corporaciones, en su mayoría extranjeras, que poseen concesiones en un 35% del territorio nacional. Y dentro de tal esquema, las mineras canadienses concentran ya el 70% de los proyectos de esta industria en nuestro país. Siendo además en Canadá donde se gestó el actual modelo extractivo minero, además de que Canadá no reconoce ni respeta el derecho de los pueblos al consentimiento previo, libre e informado. Manifiesto en el hecho de que este país no es signatario del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)6, además de demorar cuatro años en firmar la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
Pero esto no puede ser de otra manera ya que, la burguesía se percató de que la acumulación original de capital tenía que repetirse de nuevo para evitar que el motor de la acumulación se terminara deteniendo. Así, el proceso que Marx llamó acumulación primitiva u originaria, constituye una fuerza importante y permanente en la historia de la acumulación de capital, mediante el imperialismo. Dado que, como en el caso de la oferta de fuerza de trabajo, el capitalismo siempre necesita de un fondo exterior de activos, para afrontar y superar las presiones de la sobre acumulación. Y si dichos activos, como la tierra <
Esto puede ser observado en el caso del conflicto entre la multinacional Gas Natural Fenosa, quien ha anunciado que interpondrá esta semana un reclamo ante el CIADI (tribunal de arbitraje dependiente del Banco Mundial) para que el Estado colombiano le compense por la intervención y posterior liquidación de la sociedad Electricaribe (propiedad en un 85% de Gas Natural y un 15% del Estado de Colombia). Solicitando la transnacional una indemnización que ronda los mil millones de euros.
Esto después de que el Gobierno de Santos alegara para la intervención de Electricaribe, a mediados del pasado mes de noviembre, dificultades financieras de la empresa y la necesidad de garantizar el suministro eléctrico a cerca de tres millones de colombianos de siete departamentos en la zona norte del país.
Siendo Unión Fenosa adquirida por Gas Natural, en un proceso que terminó en 2009 con la constitución del grupo Gas Natural Fenosa. Empresa pionera en la integración del gas y la electricidad, según la publicidad de su página Web, la empresa opera en más de una treintena de países con cerca de 23 millones de clientes. Alcanzando en 2016 dicha corporación beneficios netos de 1.347 millones de euros, un 10,3% menos que en 2015. No obstante, hasta antes de la fusión en 2009, Unión Fenosa fue una de las compañías con más denuncias por abusos en la distribución de electricidad y gas a la población de América Latina y el Caribe.
Para el caso colombiano, el documento «Empresas energéticas y vulneración de los derechos humanos«, elaborado por los investigadores Erika González y Pedro Ramiro a instancias de la Oficina Europarlamentaria de Podemos, permite rastrear algunos antecedentes del litigio entre la multinacional y el Estado colombiano. Detallando la forma en que, Unión Fenosa comenzó a penetrar en el sector eléctrico de Colombia en el año 2000, cuando adquirió las empresas Electrocosta y Electricaribe, que se fusionaron en 2008 con la segunda de las denominaciones; y se hizo también con Energía del Pacífico (EPSA), que generaba y comercializaba electricidad en el suroeste del país.
Así también, dicho informe destaca el recorrido de Gas Natural en Colombia, que inició unos años antes, en 1997, al adquirir una empresa con la misma denominación y se dedicaba a la distribución gasística en Bogotá, su área metropolitana y Bucaramanga. El informe de los dos investigadores del Observatorio de las Multinacionales de América Latina (OMAL) recuerda que en 2009 Unión Fenosa vendió EPSA a capitales colombianos.
Ocurriendo tales fusiones, no importando que se estuvieran denunciaban unos servicios de calidad lamentable y el precio de la luz se desbordara. De manera que, en lugares como Barranquilla, capital costera con 1,2 millones de habitantes, una persona con pocos recursos ha tenido que dedicar el 52% de sus ingresos a pagar la factura mensual de Electricaribe.
Garantizando la empresa el cobro de los suministros, mediante procedimientos como el racionamiento de la electricidad, los apagones y la sobrefacturación. Mientras que por otro lado, no realizaba las inversiones necesarias para mantener las redes ni para la extensión en los barrios empobrecidos. Motivos por los cuales se registraron continuos cambios de tensión y caídas del cableado, que a menudo derivaron en importantes daños materiales llegando al grado del fallecimiento de personas, a causa de electrocuciones7.
A lo anterior también se le sumaron leoninas prácticas recaudatorias, con base en los términos que se fraguó la relación entre Unión Fenosa y el gobierno de Colombia. Siendo que, desde que entró en la distribución eléctrica de la costa del Caribe -señala el informe de Pedro Ramiro y Erika González- Fenosa, «ejerció una fuerte presión para hacer más rentable su actividad». Recurriendo para ello a amenazas, por ejemplo en 2003 la empresa anunció «escoger los sitios y las condiciones que pudieran hacer su actividad más rentable y productiva», y renunciar al resto; a lo cual agrego una fuerte actividad como grupo de presión sustentada en la diplomacia española. Y mediante ambos mecanismos, Unión Fenosa logró que se aprobaran subsidios estatales -abonados directamente a su filial- para la población empobrecida, para inversiones públicas en infraestructura eléctrica, así como logró que las instituciones locales se hicieran cargo del servicio para las barriadas más pobres.
Más aun, para lograr disponer de activos como la tierra <
Ocurriendo de igual modo en el suroccidente colombiano, donde se implantó otra de las filiales de Unión Fenosa, EPSA. Donde han concurrido denuncias de amenazas y criminalización hacia las comunidades cercanas al embalse de Salvajina, que se oponen a EPSA. Además, el Sindicato de los Trabajadores de la Electricidad en Colombia (Sintraelecol) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) denunciaron en su día que Electricaribe aplicaba una política de devaluación de los costes laborales, así como promueve el debilitamiento de los sindicatos.
Prácticas todas ellas que tampoco le han sido ajenas a Gas Natural, distribuidora gasística en la capital del país, que hizo uso de los programas de Responsabilidad Social Corporativa para subcontratar a jóvenes en los barrios «conflictivos», lo cual le permitió ahorrarse costes en la cobertura de empleados, bajar los salarios y poner barreras a la organización sindical.
Más todavía, dichas prácticas también se vienen realizando en países como Guatemala, donde Iberdrola ha recibido quejas por los servicios eléctricos de sus empresas filiales, específicamente por la frecuencia los apagones, precios elevados, cobros indebidos y facturaciones incorrectas. En tanto que en Bolivia, a partir de que la multinacional española emprendiera una política expansionista, que se tradujo en la compra, en 1995, de las empresas Electropaz y Elfeo. Se han hecho denuncias por prácticas muy similares a las ocurridas en Guatemala. Además, tras la compra de las empresas filiales, de acuerdo con Pedro Ramiro y Erika González, «se despidió a personal y se subcontrató en las áreas de trabajo con mayor riesgo, como instalación de medidores o cortes de suministro».
Brasil, por su parte, también ha venido siendo participe de los proyectos de Iberdrola, mediante el consorcio empresarial que construye la macrorrepresa de Belo Monte, en el río Xingú, la segunda con mayor capacidad de Brasil y la tercera del mundo. Mientras que en México, las actividades de dicha corporación han afectado sobre todo a las poblaciones campesinas e indígenas de Oaxaca8.
Mientras que en contraparte, Iberdrola, tan sólo en 2016 obtuvo beneficios cercanos a los 2.705 millones de euros, un 11,7% superiores a los del año anterior. Y el presidente y consejero delegado de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, cobró -en metálico y en acciones- 9,35 millones de euros en 2016 y los miembros del consejo un total de 14,5 millones de euros.
Y para lograr los mismos beneficios, en Brasil, de acuerdo con el Sindicato dos Electicitários del Estado de Ceará, se ha denunciado que, Coelce, filial de Endesa, redujo la plantilla en 1.500 trabajadores y «provocó», para facilitar la precarización de las condiciones laborales, 40 accidentes laborales mortales. Mientras que de manera paralela, los beneficios de Endesa en 2016 ascendieron a 1.411 millones de euros, mejorando en un 30% los de 2015. Así como los ingresos de los directivos también fueron importantes: tres millones de euros (el presidente de la corporación, Borja Prado); 1,97 millones de euros (el consejero delegado, José Bogas) y 6,26 millones de euros repartidos entre los once vocales del consejo de administración.
Estos distintos ejemplos demuestran la manera en que de acuerdo con David Harvey, América Latina, a partir de la reestructuración neoliberal, afianzada desde los años 80 mediante un patrón de acumulación exportadora. Ha sido insertada internacionalmente como una proveedora de productos básicos. Sin embargo cabe acotar junto con Chris Harman (1942-2009), que si bien las «políticas neoliberales» han conllevado ventajas para la burguesía, estas no han sido suficientes para asegurar una alta tasa de beneficios y superar las contradicciones del capitalismo.
Debido a que según Harman, si bien las privatizaciones impuestas en los países empobrecidos por el FMI y el Banco Mundial, a cambio del aplazamiento de pagos de la deuda han supuesto un considerable beneficio para el capital norteamericano y europeo. Sin embargo, la «acumulación por desposesión» no es lo central en la generación de beneficios.
Sino que, por el contrario, de donde se obtienen los mayores beneficios para el capital, es de los flujos globales de inversión extranjera directa. Siendo que, dos tercios de ella han ido a parar hacia los países avanzados, y el mayor pedazo del resto ha tenido un único destino: China. De manera que, los países no-occidentales con superávits financieros (China, los estados petroleros del Golfo, etc.) han adquirido firmas occidentales porque saben dónde se encuentra el mayor lucro.
Y finalmente, si bien las privatizaciones han sido muy beneficiosa para algunos capitalistas. Se ha podido observar a partir de los casos anteriores que, éstas no han generar más valor por sí misma, esto sólo lo se ha podido conseguir mediante el aumento de la explotación de los trabajadores o de los campesinos. De suerte que la privatización, por el contrario, sólo supone el desvío de superávit de un capitalista a otro. Aunque sí beneficia a capitalistas particulares. Y por tales motivos, sus intereses materiales están muy conectados mediante la propagación de la ideología neoliberal, y siempre están dispuestos a atraer, sobornar e intimidar a políticos para llevar más lejos la privatización9.
Bibliografía
Bartra Roger, Boege Eckart, Calvo Pilar, Gutiérrez Jorge, Martínez Vázquez Víctor Raúl, Paré Luisa. Caciquismo y poder político en el México rural. Siglo XXI editores 4a edición, IIS UNAM, 1978.
Hemerografía
Rebelión. La mítica ruta 40 y la zona de Cuevas de las Manos amenazadas por la minería a cielo abierto. Por: Fundación Flora y Fauna. Ecoportal, 07-03-2017.
Rebelión. La bendita maldición del petróleo descubierto en Guyana. Por: Desmond Brown. IPS, 08-03-2017.
Rebelión. Otro pueblo de El Salvador rechaza un proyecto minero.Por: Aruna Dutt. IPS, 07-03-2017.
Rebelión. La deforestación de la Amazonía regresa con fuerza. Por: Hiroko Tabuchi, Claire Rigby y Jeremy White. New York Times, 07-03-2017.
Rebelión. Minería: ¿esperanza de México? Por: Gilberto López y Rivas. La Jornada, 25-02-2017.
Rebelión. Los multimillonarios beneficios de las corporaciones españolas conviven con un «negro» historial en América Latina. Los derechos humanos, un «intangible» en el negocio de la energía. Por: Enric Llopis, 22-03-2017.
La NACIÓN. El lago Titicaca, cada vez más contaminado – 07.03.2017.
www.lanacion.com.ar ‘ El Mundo ‘ Fotorreportaje
Grupo Milenio. UNAM: contaminación de Xochimilco es irreversible.
www.milenio.com/…/UNAM-contaminacion-Xochimilco-irreversible_0_554344584….
Lago de Texcoco: Consecuencias de impacto ambiental Gómez …
https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/tepexi/article/view/372/368
La Jornada: Lo que queda del lago
www.jornada.unam.mx/2015/02/09/politica/002n1pol
Cambio de Michoacán. Lago de Pátzcuaro, un atractivo en agonía.
www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-225197
Notas
1 Rebelión. La deforestación de la Amazonía regresa con fuerza. Por: Hiroko Tabuchi, Claire Rigby y Jeremy White. New York Times, 07-03-2017.
2 Rebelión. La mítica ruta 40 y la zona de Cuevas de las Manos amenazadas por la minería a cielo abierto. Por: Fundación Flora y Fauna. Ecoportal, 07-03-2017.
3 Rebelión. La bendita maldición del petróleo descubierto en Guyana. Por: Desmond Brown. IPS, 08-03-2017.
4 Rebelión. Otro pueblo de El Salvador rechaza un proyecto minero.Por: Aruna Dutt. IPS, 07-03-2017.
5 Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. […]
6 C169 – Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169)
Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (Entrada en vigor: 05 septiembre 1991). La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 junio 1989, en su septuagésima sexta reunión;
Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en la Recomendación sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957;
Recordando los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de los numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación; […]
7 Rebelión. Los multimillonarios beneficios de las corporaciones españolas conviven con un «negro» historial en América Latina. Los derechos humanos, un «intangible» en el negocio de la energía. Por: Enric Llopis, 22-03-2017.
8 Rebelión. Los multimillonarios beneficios de las corporaciones españolas conviven con un «negro» historial en América Latina. Los derechos humanos, un «intangible» en el negocio de la energía. Por: Enric Llopis, 22-03-2017.
9 Rebelión. Comprendiendo el neoliberalismo. Por: Chris Harman. 01-09-2014.
Ramón César González Ortiz es licenciado en Sociología y Maestro en Estudios Políticos y Sociales por la FCPyS de la UNAM. Actualmente es profesor adjunto en la misma FCPyS, de las materias: Sociología latinoamericana: temas contemporáneos y Sociología contemporánea.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.